Esta semana, los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, elaborado por Transparencia Internacional, sacudieron el debate público en México. El país retrocedió de 30 a 26 puntos en una escala de 100, donde 100 representa la menor percepción de corrupción. Este resultado se convirtió en un arma para los opositores de la Cuarta Transformación, quienes lo utilizaron para desacreditar el discurso gubernamental de combate a la corrupción. Al mismo tiempo, el gobierno y sus defensores desestimaron el informe, argumentando que la corrupción real es menor que la percibida y que se trata de un ataque mediático.
Sin embargo, más allá de las interpretaciones políticas extremas, es fundamental analizar qué mide este estudio, cómo se construye, qué implicaciones tiene y qué elementos estructurales explican la caída de México en el índice.
¿Qué mide el Índice de Percepción de la Corrupción? El IPC de Transparencia Internacional evalúa la percepción de corrupción en el sector público de 180 países. Se construye a partir de datos proporcionados por instituciones especializadas, organismos internacionales y expertos en gobernanza. La metodología se basa en encuestas y evaluaciones realizadas por expertos en corrupción y transparencia, quienes asignan puntuaciones con base en criterios estandarizados.
La corrupción, en términos generales, se entiende como el abuso del poder público para beneficio privado. Sin embargo, el índice no mide corrupción de manera directa ni casos específicos, sino cómo se percibe el fenómeno entre ciudadanos, empresarios y analistas. La percepción es clave porque afecta la confianza en las instituciones, la inversión extranjera y la estabilidad democrática.
Según el informe, el deterioro de México se debe a la debilidad del poder judicial, que ha permitido la impunidad en casos emblemáticos de corrupción. En este sentido, se mencionan dos grandes escándalos que marcaron la administración de Andrés Manuel López Obrador:
Odebrecht: Un caso de corrupción transnacional que involucró sobornos millonarios a funcionarios y que, a pesar de haber sido ampliamente documentado, no ha tenido consecuencias judiciales significativas en México.
Segalmex: Un escándalo de corrupción dentro del organismo gubernamental encargado de la seguridad alimentaria, donde se desviaron recursos millonarios sin que hasta el momento haya responsables en prisión.
La impunidad en estos casos, sumada a la falta de condenas y recuperación de bienes robados, impactó negativamente la percepción de corrupción en el país.
Otro factor que Transparencia Internacional destaca es la tendencia regional: en América Latina, los sistemas judiciales débiles y opacos restringen la aplicación efectiva de la justicia, lo que favorece la impunidad. En este sentido, México comparte problemas estructurales con otros países de la región, donde el poder judicial suele ser percibido como complaciente con el poder político y económico.
Estados Unidos, que también retrocedió cuatro puntos en el índice, es otro caso relevante. Su caída se atribuye a la falta de mecanismos de rendición de cuentas dentro de su propio poder judicial, reflejado en los escándalos éticos de la Corte Suprema. Este caso demuestra que la percepción de corrupción no es exclusiva de países en vías de desarrollo, sino que afecta incluso a naciones con democracias consolidadas cuando sus instituciones judiciales se ven debilitadas.
La comparación con Estados Unidos es relevante porque muestra que la corrupción no solo se mide por los actos ilícitos cometidos, sino por la capacidad de los sistemas judiciales para castigarlos de manera efectiva. La ausencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, tanto en México como en EE.UU., erosiona la confianza pública en la justicia.
Independientemente de este informe, sabemos que en México, la corrupción tiene un costo altísimo para la sociedad. Desde los sobornos cotidianos a agentes de tránsito hasta los grandes desvíos de recursos públicos, cada acto de corrupción afecta a los ciudadanos de manera directa e indirecta. Se traduce en menos infraestructura, servicios públicos deficientes y mayor desigualdad social.
Sin embargo, para los políticos, la corrupción sigue teniendo un costo relativamente bajo. Las investigaciones rara vez conducen a condenas firmes y, cuando los implicados enfrentan procesos judiciales, muchos logran evadir la cárcel gracias a recursos legales o complicidades dentro del sistema.
Uno de los aspectos más dañinos de este fenómeno es la percepción de impunidad, que refuerza la desconfianza ciudadana. Aunque el gobierno de López Obrador promovió la lucha contra la corrupción como un pilar su administración, la ausencia de castigos ejemplares debilita su credibilidad.
Otro factor que contribuye al deterioro de la percepción de corrupción en México es la utilización del tema como herramienta de confrontación política. El discurso oficial ha insistido en señalar a los gobiernos anteriores como los responsables históricos de la corrupción en el país. Si bien esto tiene sustento en hechos comprobados, el desgaste de este relato ha generado escepticismo entre la ciudadanía, especialmente cuando no se traducen en acciones judiciales concretas contra los responsables.
Por otro lado, los partidos de oposición han utilizado el índice para atacar al actual gobierno, aunque ellos mismos carecen de credibilidad en la materia. La polarización ha generado una dinámica en la que cada bando acusa al otro de corrupción, pero sin acciones contundentes para enfrentar el problema de manera estructural. Esto ha llevado a un descrédito generalizado de la política y sus actores, donde el mensaje predominante es que “todos son corruptos”, lo que fomenta el desencanto ciudadano.
Si México quiere mejorar su posición en el IPC en los próximos años, es fundamental fortalecer su sistema de justicia. Sin un poder judicial autónomo, transparente y eficiente, cualquier esfuerzo por combatir la corrupción será insuficiente. Para ello, se requiere:
Reformas judiciales profundas: Garantizar que los jueces sean independientes del poder político y económico. Esto después de la elección judicial de este año lo sabremos.
Investigaciones y sentencias efectivas: No basta con señalar la corrupción en discursos, es necesario que los casos emblemáticos se traduzcan en condenas firmes y recuperación de bienes.
Protección a denunciantes: Fomentar mecanismos que permitan a ciudadanos y funcionarios denunciar actos de corrupción sin represalias.
Menos opacidad en el gasto público: Mejorar los mecanismos de fiscalización y auditoría para evitar desvíos de recursos.
El combate a la corrupción no puede depender solo del discurso gubernamental o de la buena voluntad de los gobernantes. Se necesita un andamiaje institucional sólido que garantice que los delitos no queden impunes. De lo contrario, el próximo informe de Transparencia Internacional volverá a reflejar la misma historia: un país donde la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones, pero donde las acciones para combatirla son insuficientes. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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