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12 de noviembre de 2024

En defensa de la transparencia

Por: Onel Ortiz @onelortiz

La idea de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abre un debate de gran relevancia para México, no solo en el plano de la transparencia gubernamental, sino en términos de democracia y respeto a los derechos ciudadanos.

No se trata de defender una estructura ineficaz ni de perpetuar los excesos que han caracterizado a algunos órganos autónomos. Sin embargo, eliminar al INAI implicaría un retroceso para el país, uno que pondría en riesgo la tutela de derechos clave como el acceso a la información y la protección de los datos personales.

Es cierto que el INAI no puede mantenerse como hasta ahora, en un sistema donde se le percibe, y en ocasiones se le comprueba, como un organismo que ha incurrido en gastos superfluos y en prácticas burocráticas que no siempre benefician a la ciudadanía. Reformarlo, hacerlo austero, eficiente y enfocado en su misión, es esencial. No obstante, para avanzar hacia esta transformación, no se requiere su eliminación sino su fortalecimiento.

El acceso a la información es un derecho fundamental en cualquier democracia moderna, ya que permite a los ciudadanos conocer y cuestionar las acciones del gobierno. Sin un instituto independiente que garantice este acceso, se corre el riesgo de que la información pública se convierta en un bien limitado y, por tanto, sujeto a los intereses del poder en turno. En México, donde la corrupción ha sido históricamente un problema sistémico, la transparencia es una herramienta que empodera a la ciudadanía y pone freno a los abusos de los gobernantes. En este sentido, el INAI es uno de los pocos instrumentos que la sociedad mexicana tiene para exigir cuentas claras a los servidores públicos.

Eliminar al INAI significaría un retroceso a una época en la que el acceso a la información era limitado y dependía de la voluntad de la administración pública. Para un gobierno que se proclama de la transformación y el progreso, deshacerse de un instituto que lucha por la transparencia es contradictorio y, en última instancia, peligroso.

La administración de Sheinbaum y el Congreso deberían reflexionar sobre las implicaciones de esta decisión. En lugar de prescindir del INAI, deben evaluarlo a fondo y erradicar la corrupción y los privilegios que le restan legitimidad. Un instituto austero y útil para la sociedad es una meta posible, pero para lograrla es necesaria una reforma con visión, no una eliminación apresurada.

El INAI, al igual que otros órganos autónomos, fue creado para establecer contrapesos frente a los tres poderes tradicionales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La visión detrás de estos institutos responde a un desarrollo democrático que busca evitar la concentración de poder y promover la pluralidad, un avance que se inscribe en la historia de las democracias modernas.

Si bien el siglo XIX definió la separación de los poderes tradicionales, el siglo XX trajo consigo la creación de instituciones como el INAI, capaces de abarcar temas que rebasan el ámbito de un solo poder. De igual manera, el acceso a la información y la protección de datos personales son asuntos que afectan todos los niveles de gobierno y, por tanto, no pueden depender únicamente de la administración central. Quien tutele estos derechos debe ser una entidad independiente, sin intereses políticos que comprometan su función.

Los ciudadanos deben poder confiar en que su información personal será protegida y que tendrán acceso a datos que revelen la actuación del gobierno. Para ello, es imperativo que quienes se encuentren al frente de estos procesos no tengan ataduras políticas.

Es aquí donde el papel de Raquel Buenrostro cobra relevancia, ya que se le ha encomendado la tarea de combatir la corrupción. La transparencia, que forma parte de esta lucha, debe estar en manos de individuos sin lazos con el gobierno o con los partidos, con trayectoria ciudadana y un compromiso claro hacia el interés público.

Uno de los problemas que aqueja al INAI es el proceso de selección de sus integrantes, que hasta la fecha ha sido motivo de críticas por su falta de representatividad. Este proceso, como parte de la necesaria reforma, debe ser más democrático y contar con una mayor participación de la sociedad civil. La selección de perfiles competentes, alejados de intereses partidistas, es fundamental para garantizar que el instituto cumpla con su función sin interferencias externas. Esto no solo aumentaría la credibilidad del INAI, sino que también le devolvería a la ciudadanía la confianza en un organismo que debería estar al servicio de sus derechos y necesidades.

La administración de Sheinbaum, junto con el Congreso, debería asumir el compromiso de revisar a fondo al INAI, identificar las fallas en su estructura y corregirlas mediante una reforma integral. Las opciones para mejorar el instituto son múltiples y van desde el rediseño de su estructura hasta la revisión de sus procesos internos. Desaparecerlo sería un error que iría en contra de los ciudadanos, del ejercicio de un derecho fundamental y debilitaría uno de los pilares de la democracia mexicana.

Eliminar al INAI enviaría un mensaje  a la ciudadanía y al mundo sobre el retroceso de México en temas de transparencia y rendición de cuentas. Para un país que ha luchado por establecer y fortalecer sus instituciones, prescindir de un órgano que representa la independencia de los derechos de acceso a la información y protección de datos sería un golpe. Es fundamental que Claudia Sheinbaum y su gobierno reconozcan la importancia de este instituto y, en lugar de ceder a la tentación de concentrar poder, tomen la responsabilidad de reforzarlo y adaptarlo a las necesidades actuales.

México debe aspirar a instituciones fuertes, transparentes y eficaces que no respondan a intereses políticos, sino a los derechos de sus ciudadanos. En este sentido, el INAI puede y debe reformarse para convertirse en un verdadero garante de la transparencia y la protección de datos, un recurso vital para la sociedad y el desarrollo democrático del país. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

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