En 1923, en una casa de la calle de Bucareli, a unos pasos del Palacio de Cobián, el gobierno de Álvaro Obregón negoció con emisarios de Estados Unidos una serie de acuerdos que pasarían a la historia como los Tratados de Bucareli, oficialmente denominados Convenciones de Reclamaciones. Su propósito era claro: obtener el reconocimiento diplomático de Washington a un régimen emanado de la Revolución que aún enfrentaba resistencias internas y externas. Pero el precio de ese reconocimiento abrió una herida que tocaría el corazón del artículo 27 constitucional y marcaría el debate sobre soberanía, seguridad nacional e inteligencia de Estado.
México salía de una década de guerra civil. Las facciones revolucionarias habían derrotado al antiguo régimen, pero el nuevo orden aún carecía de legitimidad internacional. Estados Unidos, potencia hemisférica en ascenso tras la Primera Guerra Mundial, condicionó el reconocimiento a la resolución de reclamaciones por daños sufridos por sus ciudadanos durante la Revolución y a garantías en materia petrolera.
La Constitución de 1917, en su artículo 27, había consagrado la propiedad originaria de la nación sobre tierras y subsuelo. La cláusula era revolucionaria: afirmaba la soberanía energética y territorial frente a intereses extranjeros. Aplicarla implicaba afectar concesiones petroleras otorgadas antes de 1917, muchas de ellas en manos estadounidenses. Ahí se situó el núcleo del conflicto.
En su parte formal —publicada en el Diario Oficial y conocida por el Congreso estadounidense— los acuerdos establecieron comisiones para atender reclamaciones y comprometieron al gobierno mexicano a no aplicar retroactivamente el artículo 27 a concesiones petroleras previas a 1917. Asimismo, se reconoció la posibilidad de propiedad de tierras por ciudadanos estadounidenses bajo ciertos supuestos y se acordaron mecanismos de indemnización. Los estadounidenses podían tener un mucho mayor número de hectáreas y en caso de expropiación, se les pagaría de manera inmediata en precio oro.
Técnicamente, no fueron tratados ratificados por ambos Congresos, sino convenios para restablecer la confianza y normalizar relaciones. Pero en la práctica operaron como una cesión política estratégica: el reconocimiento de Washington llegó y con él, cierta estabilidad financiera.
El episodio se rodeó de sombras. Se habló de minutas secretas, de cinco días de conversaciones cuyo contenido no fue divulgado. De ahí surgió la sospecha de que México se habría comprometido a no desarrollar industria pesada, tecnología o armamento propio durante décadas. Varios hechos sostienen esta sospecha, por ejemplo, antes de 1923 el país fabricaba motores de combustión interna —la empresa Ramírez en Monterrey— y aviones Aztlán en la capital, y que tras Bucareli esa vocación se habría cancelado en favor de importaciones estadounidenses.
La historiografía dominante señala que no existe evidencia documental de cláusulas que prohibieran el desarrollo tecnológico. Los textos publicados no contienen tales restricciones. La llamada “leyenda negra” explica el rezago industrial como consecuencia directa de un pacto secreto; la realidad es más compleja: la debilidad financiera, la inestabilidad política y la dependencia estructural también pesaron.
Sin embargo, incluso si la prohibición explícita no existió, la lógica geopolítica sí operó: el reconocimiento vino acompañado de una integración asimétrica al mercado estadounidense. La dependencia tecnológica y militar se profundizó. La neutralización de ambiciones industriales no necesitó de una cláusula escrita; bastó la correlación de fuerzas.
La firma de Bucareli precipitó la ruptura con Adolfo de la Huerta, quien encabezó una rebelión contra Obregón. El asesinato del senador campechano Francisco Field Jurado —atribuido al líder obrero Luis N. Morones— enrareció aún más el ambiente. La razón de Estado tuvo un precio interno: consolidó al grupo sonorense pero profundizó divisiones.
El verdadero afectado de los Acuerdos de Bucareli fue el artículo 27. La no retroactividad pactada en 1923 no anuló el principio constitucional, pero lo moduló. La expropiación petrolera de 1938, bajo Lázaro Cárdenas, revirtió el equilibrio: la nación ejerció plenamente su soberanía sobre el subsuelo, desbordando el marco de Bucareli. La historia demostró que los acuerdos eran contingentes, no perpetuos.
Así, Bucareli no fue el final del artículo 27, sino un capítulo de su disputa. La Constitución sobrevivió; la política la administró.
Sin embargo, más allá de la polémica constitucional en torno al artículo 27, el episodio ofrece lecciones profundas en materia de seguridad nacional e inteligencia estratégica que siguen vigentes un siglo después.
1. El reconocimiento internacional como variable de seguridad. En 1923 México no sólo buscaba normalizar relaciones diplomáticas; buscaba garantizar su supervivencia como régimen. La negativa de Washington a reconocer al gobierno revolucionario implicaba riesgo de aislamiento financiero, bloqueo económico o incluso intervención indirecta.
Primera lección: la seguridad nacional no se limita a la defensa territorial. Incluye estabilidad diplomática, acceso a mercados y legitimidad internacional. Un Estado sin reconocimiento es un Estado vulnerable.
La inteligencia estratégica debió haber evaluado con precisión los escenarios: ¿cuál era la probabilidad de una intervención? ¿Qué tan sostenible era el aislamiento? ¿Qué margen real tenía México para resistir presiones petroleras? En ese sentido, Bucareli fue una operación de contención de riesgos.
2. Asimetría estructural y negociación estratégica. México negociaba con la potencia emergente del siglo XX. La asimetría era evidente: financiera, militar, tecnológica. Cuando un país con menor poder relativo entra en una negociación de alto impacto estratégico, la inteligencia debe cumplir tres funciones esenciales: Identificar líneas rojas irrenunciables. Determinar concesiones reversibles. Diseñar salidas a mediano plazo.
La no retroactividad del artículo 27 respecto a concesiones previas a 1917 puede leerse como una concesión táctica, no como renuncia definitiva al principio constitucional. La expropiación petrolera de 1938, bajo Lázaro Cárdenas, demuestra que el margen de maniobra se recuperó cuando las condiciones estratégicas fueron distintas.
Segunda lección: en entornos asimétricos, la inteligencia debe pensar en fases históricas, no en absolutos ideológicos.
3. Control del secreto y narrativa estratégica. Los Tratados de Bucareli alimentaron durante décadas teorías sobre cláusulas secretas que supuestamente prohibían a México desarrollar industria pesada, tecnología o armamento. Aunque no exista evidencia documental que confirme tales prohibiciones, el vacío informativo permitió que la sospecha se instalara en la memoria colectiva.
Tercera lección: el secreto sin estrategia comunicacional erosiona la cohesión interna. En seguridad nacional, la confidencialidad es indispensable. Pero la opacidad total genera desconfianza, fracturas políticas y vulnerabilidad psicológica. La rebelión de Adolfo de la Huerta y la polarización interna muestran que la inteligencia no sólo debe prever amenazas externas, sino administrar percepciones internas. El control narrativo también es un componente de la seguridad.
4. Autonomía tecnológica como pilar estratégico. Uno de los mitos asociados a Bucareli sostiene que México frenó su incipiente desarrollo industrial —motores de combustión interna, fabricación de aeronaves— tras los acuerdos. Aunque la historiografía no respalde una prohibición formal, es verdad que empresas mexicanas cerraron y el episodio revela una verdad estructural: la dependencia tecnológica limita la soberanía.
Cuarta lección: la seguridad nacional no es sólo militar; es industrial y científica. Un país que depende de otro para su energía, su tecnología o su equipamiento estratégico carece de autonomía decisional plena. En 1923 México necesitaba estabilidad; en 1938 pudo ejercer soberanía energética porque ya había construido capacidades políticas y administrativas.
La inteligencia estratégica debe evaluar no sólo amenazas inmediatas, sino brechas estructurales de largo plazo.
5. Economía, energía y soberanía. El núcleo del conflicto era el petróleo. El artículo 27 constitucional establecía la propiedad originaria de la nación sobre el subsuelo. Bucareli moduló su aplicación temporalmente.
Quinta lección: los recursos energéticos son asunto de seguridad nacional. Cuando un recurso estratégico está en disputa, la negociación deja de ser puramente económica y se convierte en geopolítica. La experiencia demuestra que la defensa de recursos estratégicos requiere: Marco jurídico sólido. Capacidad técnica nacional. Inteligencia económica. Unidad política interna. Sin cohesión doméstica, la posición negociadora se debilita.
6. Razón de Estado y límites constitucionales. Bucareli plantea un dilema clásico: ¿puede el Ejecutivo flexibilizar la aplicación de la Constitución en aras de la estabilidad?
Sexta lección: la razón de Estado exige inteligencia jurídica. La seguridad nacional no puede construirse al margen del orden constitucional sin generar costos políticos. La legitimidad es un activo estratégico. Si la población percibe traición, la cohesión interna se fractura, debilitando la posición externa. La inteligencia debe anticipar las consecuencias políticas internas de decisiones diplomáticas.
7. Inteligencia preventiva vs. reacción tardía. México negoció desde una posición defensiva. La Revolución había devastado la economía y el aparato productivo. La negociación fue reactiva frente a presiones estadounidenses.
Septima Lección. La inteligencia estratégica debe ser preventiva, no sólo reactiva. Un sistema sólido de análisis geopolítico hubiera identificado desde 1917 los escenarios probables de presión internacional por el artículo 27. La anticipación permite diseñar políticas industriales y diplomáticas que fortalezcan la posición nacional antes de la crisis.
8. Unidad nacional como escudo estratégico. La fractura con Adolfo de la Huerta evidenció que la política exterior sin consenso interno puede desencadenar inestabilidad.
Octava lección: la seguridad nacional requiere consenso mínimo en temas estratégicos.
Cuando las élites políticas compiten internamente mientras negocian externamente, el margen de maniobra se reduce. La inteligencia política debe mapear actores internos, riesgos de ruptura y escenarios de desestabilización.
9. Dependencia estructural y seguridad hemisférica. Bucareli ocurrió en un contexto de hegemonía estadounidense en el hemisferio. México debía navegar entre soberanía formal y realidades geopolíticas. Novena lección: comprender la arquitectura regional es clave.
La seguridad nacional implica entender cómo operan las potencias, cuáles son sus prioridades energéticas y cómo se insertan los países periféricos en esa lógica. La inteligencia no sólo observa amenazas militares; analiza cadenas de valor, flujos financieros y arquitectura normativa internacional.
10. Memoria histórica como herramienta estratégica. Finalmente, el episodio demuestra que los debates históricos influyen en la cultura estratégica de un país. Bucareli se convirtió en símbolo de subordinación para algunos y de pragmatismo para otros.
Décima lección: la memoria histórica impacta la toma de decisiones futuras. Un país que interpreta su historia como cadena de traiciones tenderá a adoptar posturas defensivas extremas. Uno que la entiende como aprendizaje estratégico puede construir políticas más sofisticadas.
¿Traición o pragmatismo? Llamar traición a Bucareli simplifica; llamarlo genialidad estratégica también. Fue un acto de realpolitik en un contexto adverso. Obregón priorizó la consolidación del régimen y la pacificación interna. A cambio, aceptó límites temporales a la aplicación plena del artículo 27. La historia posterior —1938, la afirmación energética, la construcción de un Estado desarrollista— muestra que México no quedó atado para siempre.
La lección contemporánea es clara: la soberanía no se declama, se construye con capacidad económica, tecnológica y de inteligencia. Bucareli recuerda que la seguridad nacional se juega tanto en la mesa de negociación como en la fábrica, en el laboratorio y en el texto constitucional.
Entre la razón de Estado y la fidelidad constitucional hay tensiones inevitables. La madurez política consiste en administrarlas sin perder el horizonte estratégico. En 1923, México optó por sobrevivir. El desafío permanente es que esa supervivencia no comprometa el proyecto de nación.
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