
Por años he escuchado hablar de la Liga Comunista 23 de Septiembre no desde los archivos oficiales, ni desde los partes policiacos de la Dirección Federal de Seguridad, sino desde la voz de quienes la vivieron. Tengo entrañables amigos que formaron parte de aquella organización: Andrés Ayala, Jesús Zambrano, Trinidad Morales, Camilo Valenzuela y muchos otros cuyos nombres prefiero omitir. En comidas, viajes, sobremesas y conversaciones largas he reconstruido de manera fragmentaria una historia que el Estado mexicano intentó borrar y que ciertos sectores de la izquierda también prefirieron simplificar.
Porque la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre no es una película romántica sobre jóvenes heroicos levantados contra la tiranía, pero tampoco puede reducirse a la narrativa oficial que durante décadas los presentó únicamente como “terroristas”. La Liga fue un producto de su tiempo: de la Guerra Fría, del autoritarismo priista, de la radicalización juvenil y del cierre sistemático de los canales democráticos.
Entender a la Liga implica comprender al México de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Un país que crecía económicamente, pero que políticamente se encontraba petrificado. El régimen emanado de la Revolución Mexicana había derivado en un sistema corporativo y profundamente represivo. Las elecciones existían, pero la competencia real era mínima. La prensa estaba subordinada. Los sindicatos independientes eran aplastados. Los movimientos sociales eran infiltrados, reprimidos o desaparecidos.
La represión al movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, la persecución contra médicos residentes y estudiantes, la matanza del 2 de octubre de 1968 y el Halconazo del 10 de junio de 1971 convencieron a una generación de que la vía pacífica estaba cerrada. Para miles de jóvenes universitarios el mensaje fue brutal: el régimen no toleraría la disidencia democrática. En ese contexto surgió la idea de la lucha armada.
Además, el ambiente internacional alimentaba aquella percepción. La Revolución Cubana aún irradiaba prestigio simbólico. En Vietnam, Estados Unidos enfrentaba una humillante derrota. En América Latina aparecían movimientos guerrilleros desde Nicaragua hasta Uruguay. Existía la convicción ideológica de que las “condiciones objetivas y subjetivas” estaban dadas para la revolución socialista. Desde esa lógica nació la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Su nombre rendía homenaje al asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, ocurrido el 23 de septiembre de 1965, cuando el Grupo Popular Guerrillero encabezado por Arturo Gámiz intentó tomar armas para iniciar una insurrección rural. La operación fracasó militarmente, pero se convirtió en un mito fundacional para la izquierda armada mexicana.
El 15 de marzo de 1973, en Guadalajara, diversos grupos guerrilleros estudiantiles y urbanos decidieron unificarse bajo una sola estructura clandestina. Entre ellos había militantes provenientes de “Los Enfermos” de Sinaloa, del Movimiento de Acción Revolucionaria, de los Procesos y de otras organizaciones dispersas. Ignacio Salas Obregón, “Oseas”, se convirtió en uno de sus principales dirigentes e ideólogos.
A diferencia de las guerrillas rurales de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, la Liga apostó por la guerrilla urbana. Su estrategia incluía secuestros políticos, expropiaciones bancarias, propaganda armada, células clandestinas y operaciones relámpago. Pretendían construir una organización revolucionaria de carácter nacional capaz de detonar un levantamiento popular.
Visto medio siglo después, resulta evidente que la Liga sobrestimó enormemente sus capacidades y subestimó la fortaleza del Estado mexicano. Ahí reside una de las primeras lecciones desde la perspectiva de la seguridad nacional.
El Estado priista de los años setenta tenía enormes déficits democráticos, pero poseía una extraordinaria capacidad de control territorial, inteligencia política e infiltración. La Dirección Federal de Seguridad no era una policía improvisada. Era una estructura sofisticada para la época, entrenada en métodos contrainsurgentes en coordinación con agencias estadounidenses y latinoamericanas.
La DFS comprendió algo que la Liga nunca terminó de entender: una guerrilla urbana aislada socialmente difícilmente puede sobrevivir mucho tiempo frente a un aparato estatal con recursos prácticamente ilimitados. El punto de quiebre llegó muy pronto.
El 17 de septiembre de 1973 la Liga intentó secuestrar al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. El operativo terminó en un tiroteo caótico en el que murieron el empresario y varios militantes. Aquella acción fue desastrosa políticamente para la organización. Lejos de generar simpatía popular, produjo rechazo incluso entre sectores progresistas. La Liga quedó marcada ante amplios sectores sociales como una organización violenta e irresponsable.
Sin embargo, el gobierno también utilizó aquel episodio para justificar una escalada represiva sin precedentes. A partir de entonces se intensificaron las desapariciones forzadas, la tortura, la infiltración y las ejecuciones extrajudiciales. México ingresó silenciosamente en una guerra sucia.
Y digo silenciosamente porque el país nunca la reconoció oficialmente como tal. No hubo declaración de guerra interna, ni estados de excepción formales, ni transparencia institucional. La guerra se libró en sótanos, casas clandestinas, cuarteles militares y oficinas de inteligencia.
La DFS, y posteriormente la Brigada Blanca, construyeron una maquinaria represiva que operaba prácticamente sin controles legales. Intervenciones telefónicas, vigilancia, infiltración de universidades, seguimiento físico, desapariciones y centros clandestinos de detención formaban parte del repertorio cotidiano.
Desde el punto de vista de la inteligencia del Estado, la estrategia fue eficaz. Desde el punto de vista democrático y ético, fue profundamente criminal.
La Liga también cometió errores graves. A veces sus acciones derivaban en la muerte de civiles, policías de bajo rango o personas ajenas al conflicto. Su visión ideológica rígida le impedía comprender que la revolución socialista no era una aspiración compartida por la mayoría de la sociedad mexicana.
Ese aislamiento político se volvió fatal. En enero de 1974 lanzaron la operación “Asalto al Cielo” en Culiacán, intentando combinar acciones armadas con apoyo social campesino y estudiantil. El operativo fracasó. Poco después cayó Ignacio Salas Obregón. La captura de “Oseas” representó un golpe devastador para la estructura operativa y doctrinal de la organización. A partir de entonces comenzó una lenta descomposición.
La Liga se fragmentó en células cada vez más aisladas, paranoicas y vulnerables. La presión permanente de la DFS provocó infiltraciones, delaciones y crisis internas. La clandestinidad extrema terminó erosionando la confianza entre sus propios militantes.
La espectacular fuga del Penal de Oblatos, en Guadalajara, el 22 de enero de 1976, mostró que aún conservaban capacidad operativa. Sin embargo, para entonces el Estado ya había ganado la iniciativa estratégica.
Las organizaciones armadas suelen sobrevivir cuando logran tres cosas: respaldo social amplio, financiamiento sostenible y control territorial. La Liga nunca tuvo ninguna de las tres de manera consistente.
Por eso resulta tan interesante leer en 2025 el libro de Jesús Zambrano, La voluntad invicta. De la guerrilla al compromiso democrático. Me parece un ejercicio legítimo y necesario de recuperación de memoria. Particularmente los capítulos dedicados a la guerrilla revelan, quizá involuntariamente, la enorme dosis de idealismo e ingenuidad política que acompañó a aquella generación. Muchos de esos jóvenes creían sinceramente que estaban acelerando la historia.
No eran criminales comunes. Tampoco monstruos sedientos de sangre. Eran jóvenes radicalizados por la violencia estatal, influenciados por las revoluciones del siglo XX y convencidos de que la democracia mexicana era imposible por medios pacíficos. Pero también fueron víctimas de una lectura equivocada de la realidad nacional.
México no era Cuba ni Nicaragua. El régimen priista tenía mecanismos de cooptación política mucho más sofisticados. Además, una parte importante de la sociedad seguía apostando por transformaciones graduales y no por una guerra revolucionaria.
La gran paradoja es que muchos sobrevivientes de aquella experiencia terminaron incorporándose décadas después a la lucha político-electoral y a la transición democrática. Ahí reside quizá la contribución histórica más importante de esa generación. Entendieron que las armas no abrirían la democracia mexicana.
Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo y múltiples dirigentes provenientes de distintas corrientes de izquierda ayudaron posteriormente a construir la apertura política que desembocaría en las reformas electorales, la competencia partidista y la alternancia. La izquierda mexicana transitó de la clandestinidad a las urnas. Esa transformación constituye una lección central para el México contemporáneo.
Las sociedades que cancelan los canales democráticos incuban violencia política. Cuando un régimen niega sistemáticamente la representación, persigue la crítica y reprime la protesta, termina generando sectores que consideran legítima la vía armada.
Por eso la seguridad nacional no puede entenderse únicamente como capacidad militar o policiaca. La verdadera seguridad nacional descansa en la legitimidad democrática, la justicia social y la capacidad institucional para procesar pacíficamente los conflictos.
El Estado mexicano de los años setenta derrotó militarmente a la guerrilla, pero al costo de violar masivamente derechos humanos. Aquella victoria táctica produjo heridas históricas que siguen abiertas.
Hoy sabemos que existieron desapariciones forzadas, tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales. Durante décadas el Estado negó esos hechos. Apenas recientemente comenzó una recuperación parcial de la memoria histórica. Pero tampoco debemos romantizar la violencia revolucionaria. Ésa es otra lección importante.
En ciertos sectores de la izquierda mexicana todavía existe la tentación de idealizar a las guerrillas como si hubieran sido movimientos impecables. No lo fueron. Algunas de sus acciones resultaron profundamente equivocadas, contraproducentes e incluso moralmente cuestionables. La historia debe analizarse con honestidad.
La Liga Comunista 23 de Septiembre fue reflejo de una sociedad polarizada y de un régimen incapaz de procesar democráticamente el disenso. Fue consecuencia del autoritarismo, pero también de una visión revolucionaria que creyó posible sustituir a la sociedad real por una vanguardia armada. Desde la óptica contemporánea de la inteligencia y la seguridad nacional, existen lecciones fundamentales.
Primera: ningún sistema político debe cerrar los cauces democráticos de participación. La exclusión permanente radicaliza.
Segunda: las estrategias exclusivamente represivas pueden contener temporalmente un fenómeno, pero generan costos históricos y éticos enormes.
Tercera: la inteligencia del Estado debe operar bajo controles democráticos y legales. La DFS terminó convirtiéndose en una estructura opaca, infiltrada por intereses criminales y acostumbrada a actuar al margen de la ley.
No es casual que años después varios de sus cuadros aparecieran vinculados al narcotráfico y a redes de corrupción.
Cuarta: los movimientos armados aislados socialmente están condenados estratégicamente al fracaso.
Quinta: la memoria histórica resulta indispensable para evitar repetir errores.
México enfrenta hoy desafíos completamente distintos a los años setenta. El narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el terrorismo financiero y la disputa territorial criminal representan amenazas mucho más complejas que las antiguas guerrillas ideológicas.
Sin embargo, persiste un riesgo constante: utilizar la seguridad nacional como pretexto para debilitar derechos y libertades. La experiencia de la guerra sucia debería servir precisamente para impedirlo.
Porque cuando el Estado abandona los límites constitucionales en nombre de la seguridad termina debilitando la legitimidad democrática que pretende defender.
La desaparición de la Liga Comunista 23 de Septiembre entre 1981 y 1983 cerró un ciclo histórico. Sus últimos cuadros fueron detenidos, asesinados o absorbidos por otras formas de militancia política. La revolución socialista nunca llegó. El régimen priista sobrevivió todavía varias décadas. Pero algo cambió profundamente en México.
La presión social, la crítica intelectual, la movilización estudiantil y la posterior incorporación de sectores de izquierda a la lucha electoral contribuyeron gradualmente a erosionar el monopolio político del PRI.
Paradójicamente, muchos de quienes alguna vez pensaron en tomar el poder mediante las armas terminaron apostando por las urnas, los congresos y las reformas democráticas. Ahí reside la verdadera transición histórica.
La Liga Comunista 23 de Septiembre fue derrotada militarmente, pero su existencia obligó al sistema político mexicano a confrontar sus propios límites autoritarios. Fue un espejo incómodo de las contradicciones nacionales. Por eso su historia no debe narrarse desde la nostalgia acrítica ni desde la condena simplista. Debe estudiarse con serenidad, memoria y profundidad.
Porque en aquellos años oscuros convivieron la ingenuidad revolucionaria, la brutalidad estatal, el idealismo juvenil y la incapacidad del sistema para procesar pacíficamente la disidencia.
Y porque entender esa historia sigue siendo indispensable para defender la democracia mexicana contemporánea.
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