Por fin apareció un poco de sensatez, o al menos algo parecido al sentido común, en el diseño de la reforma judicial. Después de meses de discursos triunfalistas, de descalificaciones a quienes advertían los riesgos técnicos y políticos de la elección judicial, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido enviar una iniciativa de reforma constitucional y legal para diferir la segunda etapa de la elección judicial del 2027 al 2028, además de corregir diversos aspectos operativos del modelo aprobado apenas en 2024.
La decisión merece ser analizada con serenidad, pero también con memoria. Porque si bien el ajuste representa un acto de responsabilidad institucional, también implica el reconocimiento implícito de que la reforma original nació apresurada, mal diseñada y profundamente influenciada por la lógica política antes que por una verdadera ingeniería constitucional.
Durante más de dos años, desde el gobierno se sostuvo que lo ideal era empatar la elección federal y local de 2027 con la segunda fase de la elección judicial. Se repitió que el Instituto Nacional Electoral tenía capacidad suficiente para organizar ambos procesos simultáneamente, que el electorado podría comprender sin problemas boletas gigantescas y complejas, y que los costos serían manejables. Quienes cuestionaban este discuso eran acusados de conservadores, enemigos de la democracia o defensores de los privilegios del Poder Judicial. Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose.
Juristas, consejeros electorales, especialistas en administración pública y operadores políticos advirtieron desde el inicio la incompatibilidad técnica entre una elección intermedia tradicional y un proceso extraordinario para elegir jueces, magistrados y ministros. El volumen de candidaturas, la complejidad de las boletas, la capacitación de funcionarios de casilla, la fiscalización, la comunicación política y los tiempos de cómputo hacían prácticamente inviable organizar ambos ejercicios en la misma jornada sin poner en riesgo la legitimidad de todo el sistema electoral mexicano. Finalmente entraron en razón.
Y eso, aunque implique tragarse un sapo político. Gobernar también significa corregir. El problema es que la corrección llega al cuarto para las doce y bajo presión.
La nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, parece haber entendido algo elemental: una reforma constitucional no puede sostenerse únicamente con consignas ideológicas. Necesita viabilidad operativa. Necesita coherencia jurídica. Necesita certidumbre política. Y sobre todo necesita legitimidad social.
La propuesta anunciada por la presidenta no desmonta la reforma judicial; la intenta salvar de sí misma.
El primer cambio es, sin duda, el más importante: mover la elección judicial pendiente al domingo 4 de junio de 2028. La medida evita que coincidan los procesos ordinarios de renovación legislativa y gubernamental con la gigantesca elección judicial que todavía falta por celebrarse. No es un asunto menor. En 2028 deberán elegirse cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y, además, miles de cargos judiciales locales en 25 estados de la República. Tan solo leer la cifra produce vértigo administrativo.
La pregunta inevitable es por qué tuvieron que pasar tantos meses para aceptar algo tan evidente. La respuesta probablemente se encuentre en la naturaleza política de la reforma judicial. El proyecto original no nació de un diagnóstico técnico sobre las deficiencias del sistema de justicia mexicano; nació como parte de una confrontación política entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una parte del Poder Judicial.
En ese contexto, la elección popular de jueces se convirtió más en una bandera política que en una política pública.
Resulta relevante que ahora el gobierno intente introducir criterios de racionalidad administrativa. La creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los comités de los tres Poderes apunta precisamente en esa dirección. La dispersión de criterios era uno de los mayores riesgos del modelo original. Cada Poder podía terminar evaluando perfiles bajo parámetros distintos, generando inequidades, litigios y sospechas de manipulación.
La nueva propuesta busca que exista un mínimo de uniformidad en los procesos de evaluación, incluyendo exámenes de conocimiento y mecanismos homogéneos de selección. Es una decisión correcta. La legitimidad de la elección judicial no dependerá solamente del voto ciudadano, sino también de la calidad técnica y ética de quienes aparezcan en las boletas. Y ahí aparece otro reconocimiento implícito: no cualquier persona puede ser juez.
Durante meses se promovió la idea de que la legitimidad democrática bastaba para impartir justicia. Pero juzgar no es ganar un concurso de popularidad. Un juez requiere conocimientos técnicos, experiencia procesal, independencia intelectual y capacidad argumentativa. La justicia constitucional no puede reducirse a una campaña de slogans ni a una competencia de propaganda territorial.
Por ello también es relevante la reducción del número de candidaturas por Poder. La propuesta de limitar a dos candidaturas por cargo y especialidad mediante insaculación pública intenta resolver uno de los mayores problemas del modelo original: boletas inmanejables y virtualmente incomprensibles para la ciudadanía.
Porque conviene decirlo con claridad: la primera elección judicial demostró que buena parte del electorado no entendía qué estaba votando.
Las campañas judiciales fueron prácticamente invisibles, el conocimiento ciudadano sobre las candidaturas fue mínimo y los niveles de complejidad técnica del proceso terminaron favoreciendo estructuras corporativas, grupos políticos y operadores territoriales. En otras palabras, el riesgo de captura política del Poder Judicial no desapareció; simplemente cambió de forma.
La simplificación de las boletas también parece responder a esa realidad. Que cada elector vote por un juez y un magistrado por especialidad reduce parcialmente el caos electoral que se perfilaba para 2027. No lo elimina completamente, pero al menos lo vuelve administrable.
Sin embargo, detrás de estas correcciones subsiste una pregunta: ¿realmente el modelo de elección popular garantiza una mejor justicia?
Por eso llama la atención que la reforma correctiva incluya elementos que, paradójicamente, se parecen más a un sistema profesional de carrera judicial que a un modelo puramente electoral. La capacitación permanente obligatoria, coordinada por el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, es precisamente un reconocimiento de que la formación técnica sí importa. Otra vez la realidad imponiéndose sobre el discurso.
También resulta significativa la intención de homologar reglas en los poderes judiciales locales. La primera redacción de la reforma dejaba demasiados vacíos y permitía interpretaciones divergentes entre entidades federativas. Ahora se pretende unificar metodologías, procedimientos, plazos y criterios de evaluación.
Eso puede contribuir a reducir la fragmentación institucional, aunque también incrementará el grado de centralización política sobre los procesos judiciales locales. El equilibrio entre homologación y autonomía estatal será uno de los debates más relevantes en los próximos meses.
La reforma constitucional y la reforma legal deberán aprobarse y publicarse a más tardar del 3 de junio. Eso obligará a diputados y senadores a trabajar bajo presión, acelerando negociaciones, dictámenes y votaciones.
En el fondo, lo que estamos observando es la transición de una reforma impulsada por la emoción política a una reforma condicionada por la realidad institucional. El entusiasmo refundacional chocó contra la complejidad del Estado mexicano. Y quizá esa sea la principal lección de este episodio.
Las instituciones no se transforman únicamente con voluntad política. Requieren diseño técnico, planeación administrativa y capacidad de ejecución. La reforma judicial todavía enfrenta enormes interrogantes sobre independencia, legitimidad, profesionalización y equilibrio entre poderes. Pero al menos esta corrección parcial revela que dentro del gobierno alguien entendió finalmente que la improvisación constitucional tiene límites.
La presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo jurídico tuvieron que reconocer que la realidad no se doblega mediante conferencias mañaneras ni consignas partidistas. A veces gobernar implica aceptar errores, corregir el rumbo y asumir el costo político de haberse equivocado. Esta reforma a la reforma judicial es, en buena medida, la confesión silenciosa de que las advertencias tenían razón.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce
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