Siempre me he preguntado por qué Chiapas, un estado hermoso, con un pueblo trabajador, innumerables recursos naturales, historia y tradiciones, es uno de los estados más pobres del país y es gobernado por políticos mediocres y corruptos del PRI, PAN, PRD y ahora, Morena. Rutilio Escandón no es la excepción. Las chiapanecas y los chiapanecos no se merecen esos gobiernos.
Desde hace años, las comunidades chiapanecas fronterizas con Guatemala viven una crisis humanitaria que las ha obligado a un éxodo hacia nuestro vecino del sur. Los grupos criminales les cobran derechos de piso, prácticamente por respirar; matan a sus hombres, violan a las mujeres y niñas o simplemente se las llevan; queman sus casas, destruyen sus siembras matan su ganado. Cuando termine su gobierno, Andrés Manuel López Obrador debería mudarse a esa región de Chiapas, no a la comodidad de su finca en Palenque. Ojalá Rutilio dejara de esconderte en el presidente y asumiera su papel como gobernador por una vez en tu sexenio.
La región fronteriza de Chiapas con Guatemala se encuentra sumida en un conflicto armado entre grupos crimnales desde aproximadamente 2021, según el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil, en el que se detalló que este conflicto tiene su raíz en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada por el control de diversos aspectos, incluyendo mercancías, servicios, personas y productos legales e ilegales.
El control ejercido por grupos de la delincuencia organizada y la disputa del territorio por estos con métodos de guerra implica graves violaciones de los derechos humanos de la población de la zona, así como a defensores o periodistas que ven menguada su labor. Además, según la investigación, la zona se ha convertido en una región silenciada, en la que los pobladores han optado por huir para ponerse a salvo. Entre junio de 2021 y diciembre de 2023, se pudo contabilizar 7 mil 500 personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades a causa de la violencia física y psicológica que impera en la región.
En octubre de 2020, alrededor de 6 mil beneficiarios del programa Sembrando Vida abandonaron sus cultivos en los municipios de Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Siltepec, Mazapa de Madero, Bellavista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Honduras de la Sierra a causa de la violencia. Este desplazamiento masivo es una prueba contundente de la incapacidad del gobierno estatal y federal para proteger a sus ciudadanos y garantizarles una vida digna y segura.
Mientras tanto, en el escenario internacional, el mundo sigue su curso con eventos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos de París 2024, la detención del Mayo Zambada y la discusión de la reforma judicial en México. Sin embargo, estos acontecimientos no deben hacernos olvidar los problemas que se viven en la frontera de Chiapas. La atención mediática y gubernamental parece desviarse hacia temas de mayor visibilidad, dejando en el olvido, como siempre, a las comunidades chiapanecas que sufren diariamente el embate de la violencia y el desplazamiento forzado.
Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez tienen la posibilidad, y la obligación, de resolver la crisis humanitaria que se vive en el sur de Chiapas y dar seguridad a las familias que han sido desplazadas a Guatemala. Es imperativo que el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, tome medidas concretas y efectivas para proteger a estas comunidades vulnerables y garantizarles un entorno seguro y estable. La negligencia y la corrupción no pueden seguir siendo las respuestas a las necesidades urgentes de los ciudadanos.
De ahora en adelante, la expresión “Salir de Guatemala para entrar a guatepeor” tiene otro sentido. Gracias al gobierno guatemalteco, sus autoridades y su población por recibir a nuestros compatriotas en estos momentos de apremio. La solidaridad mostrada por Guatemala contrasta fuertemente con la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de su propia población. Esta situación debería ser una vergüenza para las autoridades mexicanas, que han fallado en su deber de proteger a los ciudadanos chiapanecos.
Para abordar la crisis humanitaria en Chiapas y frenar el éxodo hacia Guatemala, se necesita una solución integral que abarque diversos aspectos. En primer lugar, es esencial reforzar la seguridad en la región fronteriza mediante la presencia de fuerzas de seguridad capacitadas y comprometidas con la protección de los derechos humanos. Además, es crucial desmantelar las redes de delincuencia organizada que operan en la zona y poner fin a la impunidad que permite su existencia.
Asimismo, es fundamental fortalecer la economía local mediante programas de desarrollo sostenible que promuevan el empleo y la generación de ingresos en las comunidades afectadas. Esto incluye la reactivación de proyectos agrícolas como Sembrando Vida, garantizando la seguridad de los beneficiarios y brindándoles apoyo técnico y financiero para que puedan cultivar sus tierras de manera segura y productiva.
La inversión en educación y salud también es clave para mejorar las condiciones de vida en Chiapas. Es necesario construir y equipar escuelas y centros de salud en las comunidades más vulnerables, asegurando el acceso a una educación de calidad y a servicios médicos adecuados. De esta manera, se puede romper el ciclo de pobreza y violencia que afecta a la región y ofrecer a las nuevas generaciones una oportunidad real de desarrollo y bienestar.
Es igualmente importante implementar políticas de integración y protección de los derechos humanos para los desplazados que han huido a Guatemala. Esto implica trabajar en conjunto con el gobierno guatemalteco y organizaciones internacionales para asegurar que los refugiados mexicanos reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas en un entorno seguro y digno. Además, es vital promover el respeto y la convivencia pacífica entre las comunidades desplazadas y las locales, fomentando la solidaridad y la cooperación mutua.
El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad en la protección de sus ciudadanos y garantizar que nunca más se repitan situaciones de violencia y desplazamiento forzado como las vividas en Chiapas. Esto requiere un compromiso firme y sostenido por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno, así como una participación activa de la sociedad civil y la comunidad internacional en la vigilancia y promoción de los derechos humanos en la región.
Chiapas, con su belleza natural y su rica cultura, no merece ser un escenario de violencia y desesperanza. Los chiapanecos, trabajadores y valientes, merecen vivir en paz y prosperidad. La crisis humanitaria que ha obligado a cientos de personas a huir hacia Guatemala es un recordatorio doloroso de la urgencia de actuar y de la necesidad de un cambio profundo en las políticas y prácticas gubernamentales. Es hora de que las autoridades mexicanas tomen medidas para proteger a sus ciudadanos y garantizar un futuro digno. Solo así, Chiapas podrá dejar atrás su historia de abandono y convertirse en el lugar de esperanza y oportunidades que siempre ha debido ser. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
