Esta semana se presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (NDCS 2026) de los Estados Unidos, la cual representa uno de los giros más significativos en la política exterior y de seguridad estadounidense. Se trata de un cambio doctrinal mayor: se pasa de una visión centrada en un problema de salud pública a un enfoque de seguridad nacional.
Esta redefinición permite acciones que anteriormente estaban reservadas a contextos de terrorismo, como la extraterritorialidad tanto jurídica como militar.
También permite la persecución de cualquier tipo de colaboración operativa o financiera y marca el tránsito de un esquema de colaboración hacia uno de presión.
Considera la participación de grupos religiosos, pero, sobre todo, implica un cambio de lenguaje hacia uno más beligerante, inspirado en la Doctrina Monroe, sin reconocer en ningún momento la responsabilidad estadounidense en el problema.
Esto determinará la relación entre México y Estados Unidos. Si bien no es un documento dedicado exclusivamente a nuestro país, sí constituye una hoja de ruta para la presión política.
La imputación a Rocha Moya representa la primera materialización de esta doctrina y fija un nuevo estándar; como lo han señalado en la Cámara de Representantes, esto es “solo el principio”.
Sería muy ingenuo suponer que la estrategia trata únicamente sobre justicia y salud pública. En realidad, se configura como una narrativa unilateral y un marco de legitimación que permite ampliar influencia, condicionar decisiones soberanas y depredar recursos.
Con ello, Washington abre la puerta a una lógica de intervención que recuerda viejas prácticas neocoloniales: primero se declara una amenaza, después se presenta a los países como incapaces de enfrentarla y, finalmente, se justifica la tutela política y el dominio sobre la riqueza ajena.
Es una dinámica de poder con la que se busca obtener ventajas en la negociación política del T-MEC, posicionarse frente a las elecciones de medio término en ambos países, además de influir en temas estratégicos como el litio y el petróleo, entre otros.
La discusión no radica en si el narcotráfico existe. Existe, daña comunidades, corrompe instituciones y destruye vidas; combatirlo es una obligación fundamental del Estado mexicano.
El punto central es quién otorga autoridad a un país vecino para imponernos una política o un destino. Esto coloca al Estado mexicano frente a una doble agenda: por un lado, la defensa de la soberanía frente a intervenciones extranjeras y, por otro, la necesidad de demostrar capacidades, seriedad, determinación y eficacia en el combate al crimen organizado. Pero, sobre todo, implica mantener un apego estricto a nuestros principios fundamentales. Como ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum: “La soberanía no se negocia; se colabora, se coordina, pero siempre en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía”.
