La Ciudad de México siempre ha sido laboratorio de políticas públicas. Algunas vanguardistas, otras francamente innecesarias, y unas más diseñadas con tal grado de improvisación que terminan confundiendo más de lo que esclarecen. El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) —impulsado por la (AGATAN)— pertenece, al menos por ahora, a la tercera categoría.
Desde que se anunció, el RUAC ha estado envuelto en un halo de ambigüedad normativa y de escasa claridad operativa. ¿Es obligatorio? ¿Cuál es su utilidad real? ¿Qué beneficio tiene registrar a tu perro, gato o hurón, más allá de obtener una credencial con una foto simpática y un código QR que, en teoría, permite rastrear a tu mascota? Las autoridades capitalinas aseguran que el registro vence el próximo 30 de junio, pero no queda claro si se trata de una fecha fatal, una sugerencia o una amenaza velada con multa incluida.
¿Obligatorio, voluntario o coercitivo? Según la titular de la AGATAN, Ana Villagrán Villasana, el RUAC sí es obligatorio, pero sólo en el contexto de la Ciudad de México. Eso sí, añade que “nadie puede multarte en la vía pública por no tener el registro”. Sólo un juez o el ministerio público podrían solicitarlo posterior a un proceso legal formal. En resumen, es obligatorio… pero nadie te puede obligar, salvo que te metan en un juicio. El resultado: confusión.
Esto no es un problema menor. La función pública exige claridad, legalidad y certeza jurídica. Cada vez que Villagrán toma un micrófono para explicar el RUAC, parece más activista que funcionaria pública. Su entusiasmo, legítimo quizá, por los derechos animales, se interpone con el rigor que requiere una política pública que puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre los 2,375 y 3,394 pesos. Una cantidad nada menor para la mayoría de los habitantes de la capital.
¿Para qué sirve realmente el RUAC? El registro, de acuerdo con su propaganda institucional, busca facilitar la identificación de las mascotas en caso de extravío, apoyar programas de vacunación, esterilización y rescate. En teoría, también genera un carnet con un folio único que permite a las autoridades “tener un censo de animales domésticos”.
Sin embargo, en los hechos, no hay evidencia clara de que se haya establecido un sistema efectivo para activar protocolos de búsqueda inmediata, ni de que las veterinarias públicas estén articuladas con esta base de datos. Mucho menos se han generado campañas educativas, protocolos comunitarios o incentivos para los tutores responsables. A menos que alguien crea que la credencial digital de tu gato servirá para que los vigilantes de un parque lo dejen entrar con correa.
El punto más delicado —y menos publicitado— es el uso del RUAC como base para aplicar multas a quienes no registren a sus mascotas. Aunque Villagrán insiste en que nadie puede ser sancionado sin un proceso judicial, el reglamento ya contempla sanciones de hasta 30 UMAs. Eso equivale, en números actuales, a más de tres mil pesos. El escenario ideal, nos dicen, es que sólo se aplique en casos de maltrato animal o abandono. Pero la ley es clara: una vez que hay una obligación, hay sanción.
Esto abre una puerta peligrosa: la discrecionalidad. La falta de claridad puede permitir que en operativos o conflictos vecinales, autoridades sin capacitación adecuada recurran al RUAC como instrumento punitivo más que preventivo. La experiencia ciudadana con temas como el Hoy No Circula, la verificación vehicular o las fotomultas demuestra que cuando hay posibilidad de multar, hay tentación de recaudar.
El RUAC sería más comprensible si fuera parte de una política integral de protección animal. Pero no lo es. En la CDMX, el cuidado de la fauna doméstica sigue siendo un ejercicio disperso. Se multiplican las publicaciones en redes sociales sobre maltrato animal, pero se desconoce el destino de los animales rescatados. Los albergues están saturados, las campañas de esterilización son esporádicas, y los recursos públicos en la materia son marginales.
Mientras tanto, nadie parece estar hablando de los verdaderos desafíos de convivencia animal en la ciudad: plagas de ratas en zonas populares, la proliferación no regulada de ardillas, tlacuaches o cacomixtles en barrios y parques, o la presencia creciente de aves rapaces como águilas urbanas que representan tanto un orgullo como un reto de manejo ambiental. La protección animal no puede reducirse al cuidado de los lomitos influencers.
El principal defecto del RUAC es que parece más un trámite que una solución, más un pretexto para multar que una estrategia de bienestar animal. En una ciudad con graves problemas de movilidad, violencia, falta de agua y contaminación, imponer una nueva carga administrativa y económica a los ciudadanos sin garantizar un servicio equivalente parece oportunista.
Detrás de los buenos deseos de Villagrán y del gobierno capitalino, se esconde un patrón preocupante: la institucionalización de medidas simbólicas que buscan proyectar una imagen progresista sin transformar las condiciones estructurales. Registrar a tu perrito con código QR no mejora su alimentación, no evita su abandono ni previene el maltrato. Y si no hay una campaña permanente, pública y pedagógica de concientización, el RUAC será letra muerta o, peor, una excusa para recaudar más.
La Ciudad de México necesita una política de bienestar animal que articule el trabajo de albergues, veterinarias públicas, organizaciones civiles, universidades, guardianes comunitarios y servidores públicos. No se trata de inventar registros, sino de conectar a quienes ya trabajan desde hace años en la protección de los animales con recursos, información, herramientas y respaldo legal.
También es necesario incluir en la conversación a las y los ciudadanos que conviven diariamente con especies no domesticadas. ¿Qué hacer con los animales silvestres urbanos Como ardillas, cacomixtles y lagartijas? ¿Qué hacer con las plagas de ratas? ¿Cómo evitar su caza, su comercialización o su muerte por atropellamiento? ¿Cómo establecer corredores ecológicos, refugios seguros y sistemas de monitoreo para especies que están empezando a formar parte del ecosistema urbano?
El RUAC tiene un objetivo loable, pero está mal ejecutado. Su implementación no es clara, su utilidad es limitada y su potencial sancionador es excesivo. Es deseable que haya un registro, pero es más urgente construir una cultura de tenencia responsable, una red de protección real y una política pública que vea a los animales no como propiedad del Estado, sino como parte del entramado urbano que debemos cuidar colectivamente.
Si el gobierno de la ciudad quiere tomarse en serio el tema del bienestar animal, debe dejar de improvisar con campañas confusas y empezar a gobernar con criterios de planeación, diálogo y transparencia. Y la jefa de gobierno, Clara Brugada, debe entender que el entusiasmo no basta: hace falta visión, equipo y voluntad política.
La ciudadanía no necesita una credencial para demostrar amor por sus animales; necesita un gobierno que no le mienta, que no lo multe arbitrariamente y que, por una vez, le dé certeza. De eso se trata la buena política. También en temas de cuatro patas. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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