La exigencia por enjuiciar a María Eugenia Campo, Gobernadora en funciones del Estado de Chihuahua, se incrementa día con día, su complicidad, negligencia u omisión (lo que sea que se descubra en la indagatoria) han sido aderezadas con una actitud cínica, burlona y provocadora, este caso fue desplazado mediáticamente durante un tiempo por las acusaciones en contra de Rocha Moya y 9 sinaloenses más pero garantizar castigo justo a quienes resulten responsables de permitir la operación en territorio nacional de agentes extranjeros no puede dejarse en el olvido.
Ariadna Montiel, Presidenta nacional de Morena, y la dirigencia nacional y estatal convocaron a manifestarse en Chihuahua para exigir justicia ante la violación flagrante de la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política, cientos de miles de simpatizantes, militantes y ciudadanos se dispusieron para reunirse de manera pacífica pero el Gobierno de Maru Campos hizo todo lo posible por impedirlo: cierres ilegales de casetas y bloqueos de carreteras con manifestaciones simuladas, obras falsas que destruyeron vialidades para impedir el paso, porros provocadores buscando ahuyentar a la gente, servidores públicos estatales operando las acciones de boicot y la respectiva manifestación montada con servidores públicos en el aeropuerto en contra de la dirigencia morenista.
La actitud de la gobernante del estado de Chihuahua demuestra varias cosas: es una digna representante del conservadurismo que le teme a la movilización social, pensó que era buena idea echar mano torpemente de todos sus recursos para tratar de impedir la manifestación en su contra ¿por qué? ha realizado las consultas respectivas con sus abogados y sabe perfectamente que hay argumentos jurídicos suficientes para que en un juicio no salga adelante. Al final de la manifestación, que de todas maneras sucedió, dejó a la población local molesta por las afectaciones que su boicot provocó y quedó exhibida por tratar de impedir la libre expresión.
Previo a la manifestación morenista del pasado fin de semana, el caso Rocha Moya ha seguido su curso, al momento de la escritura de esta columna dos de los 10 acusados se entregaron a la autoridad de EEUU y cuentas congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera pero no ha llegado una solicitud formal de extradición con las pruebas respectivas en contra de las personas imputadas, veremos qué curso toma el caso. Será interesante observar cómo van sucediendo las cosas con dos personas teóricamente involucradas en las acusaciones colaborando con los norteamericanos pero sin duda extraña que hasta el momento la respuesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio ante la acusación no ha recibido de vuelta absolutamente nada ¿será que aún no tienen pruebas para garantizar un triunfo ante un juez?
Menciono el caso Rocha Moya porque es necesario comentar que dicha acusación se interpretó por muchxs como una respuesta ante la exposición de la ilegal presencia de agentes de la CIA con la anuencia del gobierno de Maru Campos, seguramente tanto la gobernadora como la agencia estadounidense no recibieron con gusto la noticia y la reacción puedo haber sido una bomba mediática como la multicitada acusación en contra del gobernador y 9 sinaloenses más, si el tiempo sigue pasando y de las pruebas no se sabe nada, dicha interpretación cobrará más fuerza.
Ya la había realizado el PT y ahora se suma Morena a la solicitud formal de juicio político en contra de la gobernadora chihuahuense, argumentos jurídicos sobran para avanzar en ello, las implicaciones políticas y mediáticas se observarán con el tiempo pues solamente se tiene un antecedente de un gobernador enjuiciado, Carrillo Olea en Morelos, declarado culpable por el congreso local e inhabilitado por 14 años, ¿Maru Campos será el nuevo caso de una gobernadora sentada en el banquillo de los acusados?
