El pasado 9 de marzo sucedió un derrumbe en una demolición en curso en el predio ubicado en San Antonio Abad 124, dicho suceso dejó un lamentable saldo de 3 trabajadores fallecidos, en la indagatoria pública del caso se descubrió que no cumplía con requisitos tan básicos como el plan de protección civil, no existían condiciones mínimas de seguridad para su desarrollo, la facultad de verificar que ello no fuera así es de la Alcaldía Cuauhtémoc.
La alcaldesa Rojo de la Vega ha malabareado el tema intentando quitarse la responsabilidad que establece la Ley Orgánica de las Alcaldías (si no me creen revisen el artículo 32) y ha buscado delegar esa responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de México, dicho intento ha terminado por ser desestimado públicamente pues no solamente la ley es clara sino que por su parte declaró haber rechazado el permiso para la demolición, siendo el Gobierno de la Ciudad de México quien eximió al dueño del inmueble de todos los trámites, lo anterior es falso porque no es posible exentar de Plan de Protección Civil a una obra con esas características además de que se ha hecho público que la negativa del permiso por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc sucedió hasta el 10 de marzo, un día después del derrumbe que dejó en tragedia a tres familias.
La titular de la Alcaldía Cuauhtémoc y su equipo se han notado preocupados por el impacto mediático que la situación está teniendo en su “popularidad”, al parecer están identificando que esto le toca sensiblemente en su punto de flotación: la anti corrupción y la eficiencia de su gobierno. En redes sociales he realizado algunas publicaciones criticando su gestión e informando sobre este y otros temas, estructuras pagadas y granjas de bots acuden en turba para atacar las publicaciones, plagando y spameando con insultos y más insultos, al parecer con este caso descubren que la ineficiencia, el gobierno sin rumbo y el desgaste por la ausencia en el territorio ya le desestabilizan los números de sus redes sociales.
Y es que el supuesta “lucha anticorrupción” ha sido el pilar discursivo que ha enarbolado Rojo de la Vega en Cuauhtémoc, con este caso nuevamente deja de hacer sentido pues demuestra que no tiene control ni claridad de las diligencias que hacen o no los servidores públicos encargados de este tipo de tareas de verificación, los cuales muy seguramente sí llegaron a la demolición en cuestión (identificarla era muy sencillo) pero no verificaron conforme a norma sino que recurrieron a las viejas prácticas corruptas que la titular juró que iba a desterrar.
No puede mantener ese discurso sin tener respuestas contundentes a las siguientes preguntas: ¿cómo es que una “simple” verificación no la tiene plenamente clara? ¿no era combatir la corrupción una prioridad? ¿por qué negaron el permiso respectivo hasta un día después del derrumbe? ¿quiénes son las o los servidores públicos encargados de este tipo de temas y por qué no están sancionados, separados de su cargo o algo por el estilo?
Esto pasa cuando se gobierna desde la ilusión de las redes sociales, sin tocar, ver, sentir y conocer en territorio la realidad de la demarcación, esta situación nos permite ver a un gobierno vacío, con mucha parafernalia y simulación en redes sociales pero sin proyecto real, sin orden administrativo ni operativo, sin claridad de las necesidades de las colonia de la Cuauhtémoc.
