La aprobación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación por parte del Congreso de la Unión, tras las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcan un momento clave en la configuración del proceso electoral para elegir ministros, jueces y magistrados.
La celeridad con la que se aprobó esta primera parte del paquete de reformas antes de la publicación de la convocatoria general a la elección ha sido un tema de debate en la esfera pública. Si bien es cierto que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada necesaria para impulsar estas reformas, la rapidez con la que se desarrolló el proceso ha generado preocupaciones sobre las implicaciones de actuar sin una mayor deliberación.
El frenesí legislativo que acompaña la aprobación de reformas como estas es un fenómeno que ya hemos visto antes en México, pero las prisas nunca son buenas consejeras cuando se trata de cambios estructurales que afectan la gobernabilidad y la estabilidad del país. Las reformas electorales, particularmente aquellas que inciden en la elección de ministros, jueces y magistrados, deben ser tratadas con una especial sensibilidad, no solo por la naturaleza técnica del proceso, sino por las implicaciones políticas que conllevan.
Desde el inicio del debate del dictamen de la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue evidente la complejidad del proceso. La intervención del senador Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, anunciando la retirada de la propuesta que permitía a los poderes del Estado ejercer un derecho de veto sobre las listas de aspirantes, fue una decisión estratégica que reflejó una sintonía con la postura que la presidenta Sheinbaum había hecho pública en su conferencia matutina. Este movimiento muestra cómo el poder ejecutivo y la mayoría legislativa de Morena tienen reflejos para corregir excesos.
La eliminación de la facultad de veto responde, en parte, a la preocupación de que tal prerrogativa podría ser utilizada para bloquear candidatos que no favorezcan los intereses de los poderes en turno, generando una tensión entre los distintos órganos del Estado. Aunque la intención detrás de la propuesta parecía ser asegurar un mayor control en el proceso de selección, su eliminación fue una señal positiva para quienes temen una excesiva concentración de poder en manos del ejecutivo y las mayorías en el Congreso de la Unión.
Uno de los aspectos más relevantes de este debate es la necesidad de que las mayorías, en este caso Morena y sus aliados, actúen con mesura y escuchen a las minorías. En un sistema democrático, la voz de las minorías no solo es necesaria, sino que es fundamental para garantizar la estabilidad y gobernabilidad del país. Las prisas con las que las mayorías legislativas buscan aprobar reformas pueden dar la impresión de que se trata de un ejercicio puramente formal de poder, pero en el fondo, lo que está en juego es mucho más que una simple mayoría aritmética.
El poder no es un fin en sí mismo, y quienes lo ostentan tienen la obligación de actuar con responsabilidad y en beneficio del país en su conjunto. Si bien Morena y sus aliados tienen la legitimidad democrática para impulsar reformas, es fundamental que éstas se den en un contexto de diálogo y consenso, no solo con sus bases, sino también con la oposición y con los distintos sectores de la sociedad que pueden verse afectados por los cambios propuestos.
El proceso de elección de ministros, jueces y magistrados no es sencillo. Implica una serie de tareas y responsabilidades que recaen sobre distintos órganos del Estado. La discusión y aprobación de estas reformas han puesto en evidencia esta complejidad, y han mostrado que solo con responsabilidad y cuidado por parte de todas las partes involucradas se podrá llegar a un proceso electoral que sea transparente, justo y que refuerce la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La preocupación por la posible politización del proceso es legítima. La independencia judicial es un pilar fundamental del estado de derecho, y cualquier reforma que afecte la forma en que se eligen los responsables de impartir justicia debe ser tratada con extremo cuidado. Aunque el objetivo de las reformas es, en principio, mejorar la eficiencia y transparencia del proceso electoral, es necesario asegurar que no se comprometa la imparcialidad de las decisiones que surjan de este nuevo esquema.
El apuro por aprobar estas reformas antes de la publicación de la convocatoria general a la elección refleja una lógica política comprensible, pero arriesgada. Es natural que el gobierno de Sheinbaum quiera avanzar rápidamente en su agenda para consolidar su proyecto de transformación, pero debe tener cuidado de no sacrificar la calidad del proceso legislativo en aras de la velocidad. La historia nos ha enseñado que las reformas apresuradas pueden tener consecuencias no deseadas, y en un tema tan delicado como el de las elecciones judiciales, los errores pueden ser costosos.
Además, la falta de un consenso amplio en torno a las reformas puede generar resistencia en otros sectores de la sociedad, lo que a la larga podría debilitar la legitimidad del proceso. La gobernabilidad de un país no solo se basa en la capacidad de su gobierno para aprobar leyes, sino también en su habilidad para construir consensos y mantener la estabilidad política y social.
En última instancia, las reformas electorales deben ser vistas como una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas del país, no como una herramienta para obtener ventajas políticas a corto plazo. La estabilidad del país depende de que las reformas se lleven a cabo con responsabilidad, y eso incluye escuchar a las minorías y construir un proceso que sea incluyente y participativo.
Desde 1996 a la fecha, todas las reformas electorales, esta es una reforma electoral, se han hecho incoporando a la minorías, no por su representación en el congreso, sino por su significación social.
La presidenta Sheinbaum y su equipo han dado señales de estar dispuestos a hacer ajustes sobre la marcha, como lo demuestra la decisión de Ignacio Mier de retirar la propuesta de veto, pero deben ir más allá. La clave para que este proceso llegue a buen puerto está en el equilibrio entre la firmeza para llevar adelante una agenda de transformación y la disposición para escuchar a todas las voces, incluyendo aquellas que no coinciden con su visión. Solo así se podrá garantizar que las reformas electorales no solo sean legales, sino también legítimas y sostenibles a largo plazo. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
