La reciente decisión de la Cámara de Diputados de recortar a casi la mitad el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar las elecciones de jueces, ministros y magistrados en junio de 2025 ha desatado una serie de interrogantes sobre la viabilidad, legitimidad y calidad de este proceso electoral inédito en la historia de México. Esta reducción presupuestal se suma la negativa a conceder la prórroga de tres meses que el organismo electoral solicitó para preparar adecuadamente una elección sin precedentes. Estas decisiones políticas amenazan con comprometer no solo la logística del proceso, sino también la confianza ciudadana en su desarrollo y sus resultados.
Antes de expresar alguna opinión ante la decisión del congreso de negar la prórroga solicitada por el INE y disminuir el presupuesto para este proceso electoral, conviene precisar que un servidor como muchos otros ciudadanos y observadores de la vida pública, queremos que esta elección salga bien, pero para que esto ocurra es necesario que se generen las condiciones materiales y temporales indispensables.
Organizar elecciones es una empresa compleja que requiere cuatro elementos esenciales: voluntad política, recursos económicos, tiempo y, como factor incontrolable, el azar. Cuando cualquiera de estos elementos es limitado, los riesgos de fracaso aumentan exponencialmente. En este caso, tanto el tiempo como los recursos han sido drásticamente restringidos, dejando al INE ante un desafío monumental que podría tener implicaciones graves para la democracia mexicana.
La negativa de los legisladores a conceder tres meses adicionales al INE revela una falta de sensibilidad hacia la complejidad operativa de este proceso. No se trata de un ejercicio electoral ordinario; es la primera vez que México se enfrenta a una elección judicial de tal magnitud. En contextos democráticos comparables, procesos de esta naturaleza implican campañas extensas de información pública, reclutamiento y capacitación exhaustiva de personal electoral, así como ensayos generales para minimizar errores.
La prórroga solicitada no era un capricho burocrático, sino una medida preventiva ante los múltiples desafíos que enfrenta el INE: desde la logística del día de la elección hasta la supervisión de miles de funcionarios de casilla. La negativa deja poco margen para maniobras operativas, elevando el riesgo de que el proceso electoral sea percibido como deficiente o incluso ilegítimo.
El INE solicitó en números redondos 13 mil millones de pesos para organizar esta elección, una cifra que incluía previsiones razonables ante la falta de antecedentes en un proceso de esta magnitud. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó solo la mitad de ese presupuesto. La reducción implica recortes inevitables en áreas clave: menos capacitación, menor infraestructura electoral y una limitada difusión en medios de comunicación.
Esto obligará al INE a considerar alternativas menos efectivas, como la votación en centros específicos, un modelo que ya ha mostrado resultados preocupantes. En consultas anteriores realizadas bajo este esquema, la participación ciudadana fue del 7% en 2021 y del 17% en 2022, muy lejos del umbral mínimo del 33.3% ahora requerido para que la elección sea considerada legítima desde una perspectiva política, si no legal.
Es fundamental distinguir entre la legalidad y la legitimidad. Aunque el marco legal permita que la elección se lleve a cabo con recursos limitados, la participación ciudadana es la que le otorgará legitimidad. Una baja participación podría desencadenar cuestionamientos internos y externos, erosionando la credibilidad del sistema judicial elegido democráticamente.
Si el INE no logra garantizar una elección eficiente debido a estos recortes, el discurso oficial podría desviar la responsabilidad, culpando a la institución en lugar de reconocer los obstáculos impuestos por el propio poder legislativo. Dejar al árbitro electoral sin las herramientas necesarias para hacer su trabajo no es solo irresponsable, sino también políticamente peligroso.
La historia política mexicana está llena de lecciones sobre lo que ocurre cuando las elecciones son vistas como ejercicios simulados. El descontento social, la desconfianza institucional y la inestabilidad política son riesgos reales cuando los ciudadanos perciben que su voto no cuenta o que el proceso es una mera formalidad.
Quienes toman estas decisiones deben entender que sus acciones hoy tendrán consecuencias profundas en el futuro inmediato. La transparencia, la justicia y la gobernabilidad dependen de elecciones organizadas con seriedad, recursos y tiempo suficiente.
En última instancia, recortar presupuesto y tiempo al INE equivale a jugar con fuego en un país donde la historia ha demostrado que la legitimidad democrática no se improvisa ni se decreta: se construye con instituciones sólidas y procesos transparentes. El reloj está en marcha y, en junio de 2025, México enfrentará un examen crucial para su democracia. El éxito o el fracaso de esta elección judicial será el resultado directo de las decisiones que se están tomando hoy. ¿Están los responsables preparados para asumir esa responsabilidad histórica? Espero que sí. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
