El Poder Judicial en México ha sido un pilar fundamental en la consolidación del Estado de Derecho, pero en años recientes ha mostrado signos preocupantes de excesos que han dañado su legitimidad y afectado su capacidad para impartir justicia de manera efectiva. Las resoluciones judiciales, el nepotismo, la corrupción, y la injerencia política han sembrado dudas sobre la integridad de este poder, revelando una crisis de confianza que debe ser atendida para restaurar la justicia en el país.
Uno de los problemas más alarmantes es la situación de las personas privadas de la libertad sin sentencia. Según cifras recientes de la Presidencia de la República y del propio Poder Judicial, de las 21 mil personas encarceladas en centros federales, 6 mil 97 no han recibido sentencia, lo que representa casi un tercio de la población penitenciaria. Este retraso en la impartición de justicia no solo viola el derecho fundamental de estas personas a un juicio justo y rápido, sino que también refleja la ineficiencia del sistema judicial en su conjunto. La falta de resolución oportuna genera un ambiente de impunidad, donde quienes deberían recibir sentencias enfrentan largas esperas en prisión preventiva, mientras que quienes deberían ser liberados permanecen injustamente encarcelados.
El uso excesivo de amparos y suspensiones también ha contribuido a la percepción de que el Poder Judicial actúa en contra del interés público. Se ha documentado cómo el Poder Judicial ha bloqueado la aplicación de leyes clave para el desarrollo del país, como la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Guardia Nacional. En muchos casos, estas suspensiones han paralizado proyectos esenciales para el bienestar de la sociedad, frenando obras de infraestructura y políticas de bienestar que podrían beneficiar a millones de mexicanos. Las 717 suspensiones en torno a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, y las 161 sobre la Ley de la Industria Eléctrica, ilustran cómo la actuación judicial, más que salvaguardar derechos, ha obstaculizado el progreso social y económico.
Aunado a ello, la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales ha suscitado graves preocupaciones. En diciembre de 2023, se documentó una cena privada entre la ministra Norma Piña, el dirigente del PRI Alejandro Moreno, y otros actores clave de la política electoral, lo que puso en tela de juicio la imparcialidad de las resoluciones judiciales en procesos clave. Asimismo, en 2024, un juez de distrito ordenó al Tribunal Electoral designar magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, acción que fue rechazada por el Tribunal Electoral, calificándola como excesiva y violatoria del artículo 99 constitucional. Estos casos no solo reflejan la injerencia indebida del Poder Judicial en el ámbito electoral, sino que también dejan al descubierto una falta de separación entre poderes que debilita la democracia.
Por otro lado, la selección de jueces en el país ha sido otro tema en el que los excesos del Poder Judicial son evidentes. La corrupción ha permeado incluso en el proceso de selección, donde se ha denunciado la venta de exámenes de oposición por la exorbitante suma de 186,000 pesos. Esta práctica socava la meritocracia y perpetúa una cultura de influyentismo que beneficia solo a quienes tienen conexiones o poder económico. En lugar de garantizar la imparcialidad y la justicia, estos concursos de oposición están viciados, lo que debilita el corazón mismo del sistema judicial.
El nepotismo, por su parte, es uno de los vicios más visibles y menos combatidos dentro del Poder Judicial. Según revelaciones del Consejo de la Judicatura Federal, casi la mitad del personal, es decir el 49%, tiene al menos un familiar trabajando en la misma institución. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial, lo que representa un serio conflicto de interés. Este tipo de prácticas no solo promueve la concentración del poder, sino que perpetúa un sistema cerrado en el que los nombramientos y las promociones están basados más en relaciones familiares que en el mérito y la capacidad. Esto genera desconfianza en la población y socava la legitimidad de las decisiones judiciales.
La justicia, que debería ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espacio de privilegios, con altos sueldos y beneficios para jueces y magistrados que no corresponden con su desempeño o con la situación de miles de ciudadanos que buscan justicia sin encontrarla. El paro judicial, originado por el descontento con la extinción de los fideicomisos, ha dejado audiencias sin celebrar y órdenes de aprehensión y cateo sin ejecutar, afectando gravemente el curso de la justicia. Esta actitud corporativista del Poder Judicial contrasta con la realidad de miles de personas que sufren la lentitud del sistema.
Ante este panorama, es urgente una reforma integral del Poder Judicial que no solo ataque los síntomas de este mal, sino que modifique las estructuras que permiten estos abusos. La transparencia en la selección de jueces y magistrados, la eliminación del nepotismo, la reducción de los salarios excesivos y la rendición de cuentas en el uso de recursos son pasos indispensables para restaurar la confianza en el sistema. Además, se deben establecer mecanismos más eficaces de control interno y externo que garanticen que el Poder Judicial cumpla con su misión de impartir justicia de manera pronta, expedita y equitativa.
El Poder Judicial no puede seguir siendo una isla de privilegios y excesos. México necesita un sistema judicial que verdaderamente esté al servicio de su gente, uno que no solo respete las leyes, sino que también las aplique de manera justa y sin favoritismos. La justicia debe ser el motor de la transformación social, no un obstáculo más en el camino hacia un país más justo y equitativo. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
