Hace unos días, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Seguridad e Inteligencia, un instrumento jurídico que, según sus promotores, busca profesionalizar las labores de inteligencia del Estado mexicano, modernizar sus capacidades operativas y fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la aprobación de esta ley ha encendido una profunda polémica entre juristas, defensores de derechos humanos, académicos y la oposición política, quienes advierten que el texto legal abre la puerta a la instauración de un Estado espía.
Desde mi punto de vista, esta ley es, al mismo tiempo, ingenua y profundamente alejada de la realidad. Ingenua, porque supone que los grupos delictivos se regirán por las nuevas disposiciones normativas; y alejada de la realidad, porque en su redacción ambigua y en su falta de controles efectivos, debilita las garantías individuales y amplía las facultades de vigilancia sin contrapesos democráticos. No responde a las verdaderas necesidades de inteligencia del Estado mexicano, sino que se queda en el terreno de las buenas intenciones mal estructuradas y peor ejecutadas.
¿Qué es inteligencia? ¿Qué es espionaje? Antes de entrar al fondo, vale la pena establecer una distinción fundamental. Las labores de inteligencia son actividades sistemáticas de recopilación, análisis, procesamiento y difusión de información para la toma de decisiones estratégicas, orientadas a proteger la seguridad nacional, combatir amenazas internas o externas, y anticipar riesgos. Son propias del actuar del Estado y, cuando se hacen con apego a la legalidad, se convierten en herramientas fundamentales para la gobernabilidad.
Por otro lado, el espionaje es la obtención clandestina e ilegal de información confidencial, ya sea mediante vigilancia, infiltración, hackeo o manipulación, sin consentimiento del poseedor de dicha información. Cuando un Estado utiliza estos métodos sin control judicial ni garantías constitucionales, lo que está haciendo no es inteligencia: es espionaje doméstico, un atentado contra la privacidad y los derechos de la ciudadanía.
México necesita, con urgencia, un verdadero sistema de inteligencia. No simulaciones, no reformas cosméticas para “modernizar” estructuras obsoletas, sino un rediseño institucional que garantice la producción de inteligencia estratégica con respeto a los derechos humanos, eficacia operativa, transparencia en los procesos y control parlamentario.
Desde hace décadas, el Estado mexicano opera en la oscuridad. La falta de inteligencia de calidad ha tenido consecuencias trágicas. Con una verdadera agencia de inteligencia civil, probablemente se habrían podido prevenir y esclarecer los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no sería un rompecabezas inconcluso. Con inteligencia se habría evitado la existencia del rancho Izaguirre en Jalisco. Y con inteligencia se habría podido impedir los asesinatos de Ximena Guzmán y de José Muñoz.
Hoy en día, el crimen organizado no sólo tiene recursos ilimitados, sino que ha desarrollado capacidades de contrainteligencia que compiten —y en algunos casos superan— a las del Estado. El Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha desplegado tácticas propias del espionaje electrónico, interceptación de comunicaciones, infiltración de agentes y vigilancia sobre autoridades, incluso del FBI. ¿Y qué respuesta da el Estado mexicano? Una ley que le da poder a las instituciones, pero no les da capacidad ni control, y que, por si fuera poco, debilita las libertades ciudadanas.
La nueva ley no contempla los pilares fundamentales de una estructura de inteligencia moderna:
No hay control judicial previo. Las actividades de intervención de comunicaciones, seguimiento digital o vigilancia remota pueden realizarse sin autorización judicial clara ni criterios de proporcionalidad y necesidad.
No existe un control parlamentario independiente. En países democráticos, como Alemania, España o incluso Estados Unidos, los órganos legislativos tienen comités especializados que supervisan las actividades de inteligencia. En México, el Congreso aprueba la ley, pero no se le faculta para vigilar su aplicación.
No se establece una autoridad civil autónoma. La conducción de la inteligencia sigue bajo el mando de las Fuerzas Armadas, lo que perpetúa el enfoque militarizado de la seguridad nacional.
No hay garantías efectivas de respeto a los derechos humanos. La ley menciona en el papel ciertos límites, pero en la práctica no fija mecanismos para su cumplimiento. El ciudadano queda indefenso frente al Estado.
Uno de los discursos más peligrosos de nuestra época es aquel que sostiene que “más seguridad es más libertad”. Esta falacia ha sido usada por regímenes autoritarios a lo largo de la historia. El problema no es que el Estado desarrolle inteligencia. El problema es que lo haga sin transparencia, sin controles, sin contrapesos, sin ética.
En el fondo, la nueva ley no responde a una estrategia de seguridad integral, sino al deseo del Estado de cumplir con un discurso de transformación. Se normaliza la intervención de comunicaciones, el rastreo de ubicaciones, la creación de perfiles digitales, el monitoreo de redes sociales y el acceso a bases de datos biométricos. El ciudadano ya no es visto como un sujeto de derechos, sino como un objeto de sospecha permanente.
¿Qué inteligencia necesita México? México necesita una inteligencia de Estado, no una inteligencia de gobierno. Necesita cuerpos civiles, profesionales, con capacidad tecnológica, formación analítica y un marco jurídico claro. Requiere inteligencia que sirva para anticipar escenarios de violencia, desarticular redes criminales, prevenir ataques, proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, identificar rutas de tráfico de armas, personas y drogas.
Una inteligencia eficaz puede, por ejemplo, impedir masacres, ubicar células delictivas antes de que actúen, seguir el flujo del dinero ilícito, proteger infraestructura crítica, entender fenómenos sociales complejos. Pero nada de eso se logrará si la inteligencia se convierte en sinónimo de espionaje político, de persecución a opositores, de vigilancia indiscriminada o de control ideológico.
La Ley de Seguridad e Inteligencia aprobada por el Congreso parece diseñada más para simular que para transformar. No ofrece soluciones reales a los problemas de inseguridad y violencia; tampoco robustece las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales que actúan con impunidad y sofisticación. Es una ley de escritorio, alejada de la calle, del terreno, de la urgencia nacional.
La Ley de Seguridad e Inteligencia es el retrato de un país que aún no comprende la diferencia entre prevenir y vigilar, entre anticiparse al delito y castigar el pensamiento. México necesita una reforma profunda de su sistema de inteligencia, pero no a costa de las libertades fundamentales.
El reto no es espiar mejor, sino pensar mejor. No es vigilar más, sino entender más. No se trata de ver al ciudadano como un enemigo potencial, sino de construir un Estado que proteja a su pueblo sin pisotear sus derechos. Porque en el fondo, la verdadera inteligencia no es la que escucha llamadas: es la que sabe cuándo y cómo actuar para preservar la vida y la democracia. Y esa inteligencia, hoy por hoy, sigue pendiente en el Estado mexicano. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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