El asunto de los impuestos a las remesas de los mexicanos migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos es un problema serio. Es serio en extremo, porque se trata de una de las fuentes de ingreso más importantes para nuestro país. Así lo indican, con toda claridad, los números que hablan de 64 mil 745 millones de dólares, una cantidad más de dos veces mayor que las divisas ingresadas por las ventas de petróleo, cuyo monto durante el año pasado fue del orden de los 28 mil 436 millones de dólares. Definitivamente, no es el mayor motivo de orgullo para los mexicanos, pero es una muestra de nuestras capacidades de trabajo cuando existen oportunidades más favorables.
El envío de remesas no es solamente asunto de los mexicanos, porque más del 2.5 por ciento del PIB latinoamericano tiene ese origen. Aunque, ciertamente, México es el mayor receptor de recursos que envían los -eso sí- casi heroicos paisanos más allá de la frontera norte. Seguramente no podemos decir cómo es un día en la vida del migrante porque las migraciones de los mexicanos son distintas, pero sí es posible generalizar en el sentido en que una jornada lejos de nuestro suelo siempre es difícil.
Por eso mismo, por el peso del tema, es necesario hacer reflexiones que contribuyan, así sea de manera modesta, a fortalecer la posición de México en el diferendo y que deriven en propuestas que sean reelaboradas y enriquecidas por los especialistas y los actores del asunto.
Una reflexión a considerar es en el sentido de que hay una legislación internacional, ampliamente compartida en el sentido de que no puede haber, en ninguna circunstancia, una doble tributación. Menos aún puede haberla en países que tienen un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, como es el caso de México, Canadá y Estados Unidos. En lo que se refiere a los trabajadores migrantes de nuestro país, ellos pagan sus impuestos a las autoridades fiscales establecidas en el lugar en el que trabajan. Por eso mismo, el establecimiento de un cargo a las remesas sería un segundo gravamen.
Otra reflexión es en el sentido de que estas decisiones unilaterales -que también son inadmisibles cuando hay un esquema internacional regularizado en materia de comercio- también tienen otra arista visible. Se trata de que no tiene correspondencia por parte de nuestro país. Es decir, en México no existe ningún gravamen a las remesas que hacen los empresarios de sus respectivas ganancias. Un empresario extranjero paga sus contribuciones fiscales en nuestro país y no es obligado a entregar recursos por el envío o la reinversión de sus ganancias. También se da, y no son pocos los casos, el envío de divisas por parte de trabajadores extranjeros -generalmente de cuello blanco- hacia sus países de origen.
Para los esfuerzos que vienen, es importante involucrar a los gobiernos de otros países, porque la mayoría de ellos se ha desentendido de sus ciudadanos migrantes y ha dejado la tarea al gobierno mexicano. No vale, en una circunstancia como la actual, “nadar de muertito”. La diplomacia mexicana tiene la palabra.
