El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado a la Cámara de Diputados, para iniciar el proceso legislativo, un paquete de reformas a nuestra Constitución de la República, con la clara intención de fortalecer el marco legal para los cambios que nuestro país requiere con urgencia y seguir con paso firme el combate a la desigualdad, la corrupción y la injusticia.
Los cambios en el plano constitucional serán una garantía de que en el proceso reivindicativo de la Nación no habrá retrocesos de ninguna clase. El mensaje es simple: los cambios y dirección en sentido progresivo no van a detenerse y se seguirán construyendo en el marco de la Constitución vigente las garantías de bienestar y justicia. La Carta Magna va a transformarse por la voluntad popular a la cual debe responder el Poder Legislativo.
La historia de México en los años posteriores a la Revolución de 1910 fue de abandono, parcial o total de los principios revolucionarios en materia social. Atrás quedó, a partir de los años 40, el impulso justiciero del gran movimiento social al que nos referimos.
Se terminó, en los años del avilacamachismo, la reforma agraria y los proyectos de apoyo a los campesinos para que mejoraran sus condiciones de vida. Más aún, los programas para el mejoramiento social de los obreros. El nuevo esfuerzo del gobierno se reorientó hacia algunos sectores de la clase media y a la protección de los intereses de los empresarios. El efecto distribuidor de la Revolución desapareció prácticamente para todos y en toda la geografía nacional.
En los años 70 hubo algún esfuerzo por compartir los frutos del desarrollo. Incluso se habló del “desarrollo compartido”, pero ese esquema solamente duró una década puesto que, a partir de 1980, comenzó, otra vez, la marcha atrás en materia social.
Hacia 1982-83, el desarrollo compartido languideció y entramos al desarrollo estabilizador que basaba su “estabilidad” en una política proteccionista, de regresión fiscal, de bajos salarios y de regulaciones definitivamente monetaristas.
De manera brusca, entramos al modelo liberal en sus nuevas presentaciones. Mientras el desarrollo estabilizador practicaba una suerte de protección a la producción nacional, en el neoliberalismo se mantuvieron los bajos salarios, la política fiscal regresiva y el monetarismo; se abrieron las puertas sin mayores regulaciones al capital extranjero. Sobre todo, en lo que respecta en materia de transferencia de ganancias.
El esquema fue exitoso en la acumulación de dividendos, pero fracasó indiscutiblemente en la intención de que el capital concentrado pasaría a ser un insumo empresarial para las inversiones productivas. Por el contrario, el dinero en pocas manos evolucionó a capitales especulativos o, con mucha frecuencia, se fue hacia el consumo suntuario al que eran muy adictos nuestros viejos y nuevos ricos.
Esa concentración del ingreso por efectos de la economía liberal es la madre de todas las desigualdades que laceraron y siguen siendo un asunto grave en nuestro país. Al grado de que hoy constituimos una de las sociedades en donde están los ricos más ricos y, a su lado, los pobres más pobres.
Por esa razón, son importantes las iniciativas para reducir las desigualdades. Los pensionados o jubilados son uno de los sectores sociales que más sufrieron por esa política del liberalismo. En ese orden, es decisivo tomar las acciones que ayuden a recuperar el poder adquisitivo, que es la base en las condiciones de vida, de los trabajadores mexicanos ya retirados.
Esa reforma constitucional —la relativa a las jubilaciones— constituye una de las grandes aportaciones sociales del presidente López Obrador. La medida social no es solamente de justicias elementales, sino que es un factor para reanimar el consumo entre la población mexicana. Un relanzamiento que urge si se quieren evitar daños mayores en el plano social, económico y político. Las reformas constitucionales van en ese mismo sentido y podremos seguir ocupándonos en analizarlas en el futuro. Por lo pronto, baste decir que una acción de beneficio para los mexicanos pensionados o jubilados es un avance para todos y el respaldo de Claudia Sheinbaum garantiza un futuro mejor en todas las latitudes de la República.
