El pasado fin de semana, en medio de las fiestas patrias, entró en vigor una medida que ha generado gran controversia y malestar entre los usuarios: la prohibición de que vehículos de plataformas como Uber puedan recoger pasajeros en los aeropuertos del país. Esta disposición, que otorga exclusividad a los taxis autorizados para prestar servicio en estas zonas, desató largas filas y esperas interminables. Mientras los viajeros se veían atrapados en aeropuertos abarrotados, la indignación crecía y el debate sobre la conveniencia de esta medida resurgía con fuerza.
Este es solo un capítulo más en la ya larga confrontación entre los taxistas tradicionales y las plataformas digitales. En medio de este conflicto, los principales afectados no son ni los taxistas ni las compañías de plataformas, sino los usuarios, que quedan atrapados entre dos frentes en una batalla en la que las autoridades parecen incapaces de ofrecer una solución adecuada.
Los taxistas autorizados han defendido durante años su exclusividad en los aeropuertos argumentando que los altos costos de sus tarifas son producto de los permisos, concesiones y cuotas que deben pagar para operar en instalaciones federales. Según ellos, estas tarifas cubren no solo el derecho a recoger pasajeros en zonas estratégicas, sino también una serie de regulaciones y obligaciones legales que les imponen, por lo que su operación es significativamente más costosa que la de las plataformas.
Este argumento no es del todo infundado. La regulación a la que están sometidos los taxistas en aeropuertos es estricta y, ciertamente, les representa una carga financiera. Sin embargo, esto no justifica la existencia de tarifas desproporcionadamente altas que, en muchos casos, no están alineadas con la calidad del servicio ofrecido.
Los taxistas también aseguran que la entrada de plataformas digitales en los aeropuertos representa una competencia desleal, ya que estas empresas no pagan los mismos derechos que ellos. Señalan que, sin una regulación clara, las plataformas pueden reducir sus precios, lo que pone en desventaja a quienes cumplen con todas las normativas establecidas.
Por su parte, Uber y otras plataformas han defendido su derecho a operar en los aeropuertos bajo el argumento de que en las principales terminales aéreas del mundo, taxis tradicionales y plataformas coexisten de manera pacífica, ofreciendo opciones diversas para los usuarios. Argumentan que hay mercado para todos y que la prohibición en México es un paso atrás en la modernización del servicio de transporte.
Efectivamente, en ciudades como Madrid, Barcelona y París, los aeropuertos permiten que taxis autorizados y vehículos de plataformas digitales operen de manera simultánea. Esto ofrece a los viajeros la libertad de elegir el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades en términos de costo, comodidad y rapidez. En estas ciudades, la competencia no ha destruido a ninguna de las partes, sino que ha generado un ecosistema de transporte más eficiente y diversificado.
El gran ausente en esta discusión es, sin duda, el usuario. Pareciera que la guerra entre taxistas y plataformas se libra sin considerar las necesidades de quienes, al final del día, son los verdaderos clientes. Las largas esperas en los aeropuertos, los precios exorbitantes de los taxis tradicionales y la falta de alternativas no son más que síntomas de un sistema que ha priorizado los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.
En lugar de enfocarse en resolver el conflicto de fondo, las autoridades han optado por medidas prohibitivas que limitan la oferta de transporte y generan molestias innecesarias a los viajeros. Esta postura refleja una falta de visión integral y un enfoque burocrático que no responde a las dinámicas actuales de movilidad.
La solución a este problema no debería pasar por prohibir a Uber y otras plataformas en los aeropuertos, sino por regular de manera justa y eficiente tanto a taxistas como a plataformas. Un sistema en el que ambos servicios puedan coexistir es completamente viable, como lo demuestran otras ciudades del mundo.
El problema radica en las absurdas tarifas y cobros que se imponen a los taxistas autorizados, lo que termina por inflar los precios del servicio en los aeropuertos. Si el gobierno realmente busca mejorar la calidad del transporte en estas zonas, debería enfocarse en reducir estos costos y en fomentar una competencia equitativa entre taxis y plataformas. Esto no solo beneficiaría a los usuarios, que podrían acceder a un servicio de calidad a precios más razonables, sino también a los propios taxistas, quienes podrían seguir operando sin las cargas financieras excesivas que actualmente enfrentan.
Una solución inmediata y de sentido común sería que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades capitalinas, implementaran un sistema de transporte público gratuito o de bajo costo que conecte las terminales aéreas con puntos neurálgicos de la ciudad. Por lo menos, deberían establecer rutas hacia las estaciones cercanas del metro, lo que permitiría a los usuarios trasladarse de manera eficiente y económica, sin depender exclusivamente de taxis o plataformas.
Este tipo de medidas, que ya se han implementado en otros países, aliviarían la congestión en los aeropuertos y ofrecerían a los viajeros una alternativa de transporte accesible y confiable. Además, obligaría tanto a taxistas como a plataformas a mejorar sus servicios para atraer a los usuarios, lo que resultaría en un beneficio general para todos los involucrados.
El futuro del transporte en los aeropuertos mexicanos no debe estar marcado por prohibiciones ni conflictos, sino por la colaboración y la regulación justa. Las autoridades tienen la responsabilidad de actuar de manera inteligente e integral, tomando decisiones basadas en el bienestar de los usuarios y no en intereses particulares.
La prohibición de las plataformas digitales en los aeropuertos es una solución retrógrada que no responde a las necesidades de un mundo cada vez más conectado y digitalizado. Lo que se necesita es una regulación que fomente la competencia y que permita a los usuarios elegir la opción de transporte que mejor se adapte a sus necesidades. Solo así podremos avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente, accesible y justo para todos. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce
