En 1521, la gran Tenochtitlán cayó ante los conquistadores castellanos. El 13 de agosto de ese año, Cuauhtémoc, el último tlatoani de los mexicas, fue capturado en Tlatelolco, torturado, preso por cinco años y finanlente, ahorcado en algún lugar del sur del país; con este hecho inició la esclavitud para los pueblos originarios. La resistencia siguió. Tomó a los castellanos dominar a los mayas y purepechas casi un siglo; los gobiernos virreynales nunca pudieron someter a los yaquis, a los huicholes y a otros pueblos en el Norte. Tres siglos después, en Guadalajara, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud.
La guerra de exterminio, las epidemias y los malos tratos, mermaron la población indígena, por lo cual los conquistadores importaron esclavos africanos para mano de obra. Nuestra tercera raíz. En 1590, en Veracruz, se produjo la primera rebelión de esclavos negros, dirigida por Yanga que culminó en la fundación del pueblo libre de San Lorenzo de los Negros, hoy llamado Yanga en su honor. El papel de la comunidad afrodescendiente fue fundamental en la lucha por la independencia, no sólo en la figura de José María Morelos y Pavón, de Vicente Guerrero, ambos de descendencia africana o de los batallones de Hermenegildo Galeana; su presencia está en todo el proceso de la formación del Estado mexicano.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido históricamente relegados del desarrollo y el progreso. El pasado 5 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un paquete de 18 reformas constitucionales que incluía una iniciativa crucial: el reconocimiento de los derechos públicos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México. Esta propuesta, destinada a modificar el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), marca un hito en la historia del reconocimiento y la protección de las culturas originarias de nuestro país.
La iniciativa presidencial busca otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, reconociéndolos como sujetos de derecho público. Este paso va más allá de considerarlos simplemente como entidades de interés público, elevándolos al estatus que merecen como portadores de una riqueza cultural invaluable.
Es fundamental entender quiénes son considerados pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes según esta propuesta. Se incluyen aquellas colectividades con una continuidad histórica desde la época precolombina, que conservan, desarrollan y transmiten sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Asimismo, se reconocen a las comunidades afrodescendientes como descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano, que han mantenido formas propias de organización social, económica, política y cultural.
Una de las piedras angulares de esta reforma es el establecimiento de derechos fundamentales para los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Entre ellos, destaca el derecho a ser consultados sobre medidas administrativas o legislativas que los afecten significativamente, así como a recibir beneficios en los que terceros obtengan lucro por actos administrativos a su favor. Además, se consagra el derecho a una vida libre de discriminación y violencia, especialmente la violencia de género.
Es esencial destacar que el reconocimiento de estos derechos se enmarca dentro de la unidad nacional, como lo establece el artículo 2º constitucional. Esto asegura que la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes no ponga en riesgo la integridad del Estado mexicano.
El respaldo financiero a estas comunidades ha sido significativo durante este sexenio. Los recursos presupuestarios destinados a programas de mejora de la producción, infraestructura, derechos indígenas, educación y bienestar integral han experimentado un incremento sustancial, pasando de 80 mil 845 millones de pesos en 2018 a 141 mil 809 millones de pesos en 2023, representando un aumento del 75.5% en tan solo 5 años.
A pesar de estos avances, no podemos ignorar la persistente situación de pobreza y marginación que enfrentan muchos pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México. El acceso limitado a servicios básicos, la falta de atención médica adecuada y las condiciones socioeconómicas precarias son desafíos urgentes que requieren atención continua.
Sin embargo, las políticas públicas implementadas durante este gobierno han comenzado a revertir estas tendencias. La reducción de los índices de pobreza y la mejora en el bienestar económico de estas comunidades son señales alentadoras del impacto positivo de las medidas adoptadas.
La reforma constitucional propuesta no solo reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho público, sino que también fortalece el reconocimiento de sus sistemas normativos y promueve la preservación y difusión de sus lenguas y culturas. Además, se aboga por una mayor inclusión de la medicina tradicional en el sistema de salud, reconociendo su importancia y relevancia para estas comunidades.
En resumen, la iniciativa del Presidente López Obrador para reconocer los derechos públicos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes marca un paso significativo hacia la construcción de un México más inclusivo y diverso. Es un compromiso con la justicia social y la equidad, y representa un avance hacia la construcción de una sociedad donde todas las culturas y comunidades sean valoradas y respetadas en su plenitud. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
