La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en 2014, constituye uno de los casos más indignantes y dolorosos de la historia reciente de México. Los hechos ocurrieron la noche del 26 de septiembre, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, como presidente de la República; José Luis Abarca, como presidente municipal de Iguala, y Ángel Aguirre, como gobernador de Guerrero.
Los estudiantes habían tomado autobuses con la intención de trasladarse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968. Esa noche fueron interceptados y atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, así como por integrantes del grupo del crimen organizado conocido como “Guerreros Unidos”.
El primer gran retroceso en la investigación del caso fue la llamada “verdad histórica”, una versión de los hechos que pretendió presentarse como definitiva por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el gobierno de Peña Nieto. Ante la incapacidad de las autoridades para esclarecer los hechos y frente a las sospechas de posibles actos de complicidad y encubrimiento, la sociedad civil, encabezada por las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, impulsó el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La investigación del GIEI desmontó aspectos fundamentales de la llamada “verdad histórica” y evitó que el caso quedara cerrado bajo una explicación que, con el paso del tiempo, perdió sustento. Los expertos documentaron, entre otras irregularidades, que elementos del Ejército tuvieron acceso a información relevante durante aquella noche y que era necesario investigar a fondo qué información conocieron, cuándo la conocieron y cómo actuaron frente a ella. Actualmente, ocho elementos del Ejército se encuentran sujetos a proceso por su probable responsabilidad en el caso.
Gracias a la persistente lucha de los familiares por alcanzar verdad y justicia, también se logró identificar los restos de tres de los 43 normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Los 40 restantes continúan desaparecidos, a casi 12 años de aquella trágica noche.
La investigación independiente también documentó que la supuesta “verdad histórica” fue sustentada, en parte, en testimonios obtenidos bajo condiciones irregulares y mediante actos de tortura; en la alteración de lugares relacionados con la investigación; en el ocultamiento de información y, en general, en la construcción de una narrativa oficial sin evidencia científica suficiente. Estas irregularidades tuvieron consecuencias judiciales y contribuyeron a que algunas personas detenidas por el caso fueran posteriormente liberadas.
Uno de los principales responsables de presentar esa versión a la sociedad mexicana fue Jesús Murillo Karam, quien actualmente enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. Un juez permitió que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria por razones de salud. Otro alto funcionario señalado por su participación en la investigación inicial es Tomás Zerón, quien encabezó la Agencia de Investigación Criminal durante la construcción de la llamada “verdad histórica”. México ha solicitado su extradición desde Israel, donde permanece fuera del alcance de la justicia mexicana.
El más reciente de los altos funcionarios detenidos en relación con esta investigación es Ángel Aguirre Rivero, hoy identificado como Ángel “N”, quien era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos. Se le acusa de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, particularmente por su presunta participación en el ocultamiento o destrucción de evidencia. De acuerdo con la acusación, el entonces gobernador habría participado en decisiones relacionadas con la destrucción de videos que podrían haber aportado información sobre los movimientos de policías municipales y miembros de “Guerreros Unidos” durante aquella noche.
Sin embargo, es importante señalar que el proceso contra Ángel “N” apenas comienza y que las acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales. Asimismo, permanece pendiente que las autoridades estadounidenses detengan y, en su caso, extraditen a integrantes de “Guerreros Unidos” que presuntamente se encuentran en territorio de Estados Unidos y que podrían aportar información relevante para esclarecer el destino de los estudiantes.
La detención de Ángel “N” puede representar un cambio importante en la investigación porque abre una nueva línea para determinar si existieron responsabilidades y decisiones de encubrimiento en los niveles más altos del gobierno de Guerrero de aquel momento. Ahora será indispensable conocer las pruebas que la Fiscalía presente ante los tribunales y, sobre todo, determinar si esta nueva línea de investigación permite obtener información concreta sobre el paradero de los estudiantes que continúan desaparecidos.
La pregunta fundamental sigue vigente:
¿Dónde están los 40 estudiantes de Ayotzinapa que aún no han sido localizados y quiénes son todos los responsables de su desaparición y del posterior encubrimiento? La respuesta no puede ser otra que verdad, justicia y memoria.
