El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ese día, parado en una esquina del vestíbulo de la Cámara de Diputados, vi el desfile del regreso triunfal de los priístas. Antes de la llegada del nuevo presidente desfilaron quienes integrarían la nueva élite política: Luis Videgaray, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Mariana Benites, miembros destacados del grupo Atlacomulco. Priístas que llegaban al poder acompañada por los experimentados, Jesús Murillo Karam Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, además de una camada de jóvenes gobernadores. Era la restauración del PRI convertida en ceremonia.
Eran jóvenes, estaban perfectamente vestidos, caminaban seguros y sonreían de oreja a oreja. El PRI regresaba a la Presidencia de la República después de doce años de gobiernos panistas y lo hacía, por la vía democrática. Había ganado las elecciones con un candidato que combinó las técnicas más modernas de mercadotecnia con algunas de las prácticas más antiguas del priismo. Junto a mí se encontraba Eduardo “El Chino” Espinoza, quien observaba el espectáculo con los ojos abiertos como platos. Después de algunos minutos me dijo una frase que todavía recuerdo: “Estos regresaron para quedarse por lo menos veinte años”. Parecía una predicción razonable.
¿Quién hubiera pensado aquella mañana que seis años después aquellos mismos jóvenes priistas entregarían, también mediante el voto ciudadano, la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador? Ese día nadie podía imaginar que el PRI pasaría en un sexenio de la restauración a la debacle. Mucho menos que durante esos mismos seis años surgiría Morena, obtendría su registro como partido, desplazaría al PRD, ganaría gobiernos estatales, conquistaría el Congreso y llevaría a López Obrador a Palacio Nacional con más de 30 millones de votos. La historia política tiene esas ironías. En ocasiones, quienes parecen destinados a gobernar durante décadas apenas alcanzan a administrar su propia caída.
El inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue espectacular, como espectacular había sido su campaña presidencial. Mucha imagen, mucha televisión, muchas portadas y demasiada confianza. México parecía haber entrado repentinamente a la modernidad. Peña Nieto era presentado como el rostro de una nueva generación que supuestamente había aprendido de los errores del viejo PRI. Dentro de esa estrategia apareció el Pacto por México, presentado como una especie de Pacto de la Moncloa a la mexicana. Gobierno y oposición dejarían atrás sus diferencias para construir las reformas que, según sus promotores, habían sido postergadas durante décadas. La clase política escuchó el canto de las sirenas.
El Pacto por México fue firmado el 2 de diciembre de 2012, apenas un día después de la toma de posesión presidencial, en el Castillo de Chapultepec. Lo suscribieron Enrique Peña Nieto; Cristina Díaz, presidenta interina del PRI; Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, y Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Posteriormente se incorporaría el Partido Verde. La fotografía era poderosa: las principales fuerzas políticas nacionales sentadas alrededor de una misma mesa. Después de años de confrontación parecía abrirse una etapa de acuerdos. El problema no era dialogar. En una democracia siempre es necesario hacerlo. El problema era saber qué se negociaba, quién lo negociaba y a cambio de qué.
El documento contenía 95 compromisos agrupados alrededor de cinco grandes acuerdos: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y gobernabilidad democrática. También planteaba tres grandes ejes: fortalecimiento del Estado mexicano, democratización de la economía y de la política, y participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas. Sobre el papel era difícil estar en desacuerdo con muchos de sus propósitos. ¿Quién podía oponerse a mejorar la educación, aumentar la competencia económica, combatir la corrupción, fortalecer los derechos ciudadanos o modernizar las instituciones políticas?
El Pacto tuvo además una virtud política que debe reconocerse incluso desde una lectura crítica: permitió construir acuerdos que parecían imposibles durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante doce años, el PAN había ocupado la Presidencia sin conseguir las mayorías necesarias para transformar buena parte del entramado institucional. Peña Nieto entendió rápidamente que el regreso del PRI a Los Pinos no era suficiente. Necesitaba construir legitimidad y capacidad legislativa. El Pacto fue la herramienta. No se trataba únicamente de negociar iniciativas; se buscaba crear una mayoría política más amplia que la mayoría electoral que había llevado al PRI nuevamente al gobierno.
Así llegaron las llamadas reformas estructurales. La educativa fue uno de los primeros grandes productos legislativos del acuerdo. Después vinieron las reformas en telecomunicaciones, competencia económica, materia fiscal, política-electoral, transparencia y finalmente la energética. Algunas eran necesarias; otras fueron profundamente polémicas. No todas pueden colocarse en el mismo saco ni juzgarse con idénticos criterios. La reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, buscó incrementar la competencia en un sector caracterizado por una enorme concentración. La reforma político-electoral transformó al IFE en Instituto Nacional Electoral y permitió la reelección consecutiva de legisladores y autoridades municipales.
En materia de justicia también se produjeron modificaciones importantes. Se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales y se modificó el marco jurídico del amparo. En transparencia se fortaleció constitucionalmente al órgano garante y posteriormente se avanzó hacia el Sistema Nacional Anticorrupción. El problema del Pacto por México no fue que absolutamente todo lo que produjo fuera negativo. Esa sería una simplificación. Su problema fundamental estuvo en el método político y en la orientación de algunas de sus reformas centrales. Las decisiones trascendentales dejaron de discutirse primero frente a la sociedad y comenzaron a negociarse entre dirigentes partidistas, funcionarios y legisladores que después trasladaban los acuerdos al Congreso.
El Congreso corría el riesgo de convertirse en oficialía de partes de una mesa externa. Primero negociaban las dirigencias y después votaban diputados y senadores. La deliberación parlamentaria quedaba condicionada por compromisos previamente establecidos. Formalmente las reformas se discutían en las cámaras; políticamente buena parte de su contenido había sido acordado antes. Ahí radicaba una de las contradicciones del Pacto. Se decía que buscaba fortalecer la democracia, pero su funcionamiento descansaba en una negociación cupular. Pretendía ampliar la participación ciudadana, pero las decisiones más importantes eran tomadas por grupos relativamente pequeños. El Pacto fue eficaz, pero la eficacia no siempre significa democracia.
Para el PRD la contradicción era todavía mayor. Desde su fundación en 1989, el partido había construido su identidad alrededor de la oposición al PRI y de la denuncia de un sistema político que consideraba autoritario. Miles de sus militantes habían participado en movilizaciones, elecciones y luchas sociales contra los gobiernos priistas. Muchos habían sufrido persecución y violencia política. Apenas unos meses después de la elección de 2012, la dirigencia perredista aparecía firmando un acuerdo político con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para sus dirigentes era responsabilidad democrática; para una parte considerable de su militancia significaba abandonar las banderas que habían dado sentido al partido.
Aquí es donde aparece Andrés Manuel López Obrador. Su ruptura con el PRD no comenzó el día de la firma del Pacto por México. Sería incorrecto reducir una separación de esa magnitud a un solo acontecimiento. El distanciamiento venía de tiempo atrás. Existían diferencias sobre la estrategia electoral, la relación con los gobiernos panistas y priistas, las alianzas partidistas y, sobre todo, acerca de qué debía representar la izquierda mexicana. La derrota presidencial de 2012 aceleró esas contradicciones. López Obrador llegó a la conclusión de que el PRD que había conocido y dirigido ya no podía ser el instrumento político de su proyecto.
La firma del Pacto fue la gota que derramó el vaso. Para López Obrador representaba la confirmación de algo que venía denunciando: las dirigencias de los principales partidos habían terminado formando parte de una misma clase política. PRI, PAN y PRD podían competir ferozmente durante las campañas, pero finalmente coincidían en las decisiones fundamentales del modelo económico. Por eso lo llamó “Pacto contra México”. Podría discutirse la exageración de la expresión, pero políticamente fue extraordinariamente eficaz. Mientras los dirigentes partidistas hablaban de reformas estructurales, López Obrador construía un relato mucho más sencillo: las élites se habían puesto de acuerdo y era necesario construir una alternativa.
El debate de fondo era el modelo económico. Desde la perspectiva de López Obrador, el Pacto representaba la continuación y profundización de las políticas aplicadas desde los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Particularmente la reforma energética encendió todas las alarmas. Para el obradorismo, permitir una mayor participación privada en la explotación de los recursos energéticos significaba tocar uno de los símbolos fundamentales del nacionalismo revolucionario mexicano: la expropiación petrolera de 1938. En ese punto la ruptura dejó de ser simplemente partidista. Se convirtió en una diferencia ideológica sobre el papel del Estado, el mercado y la soberanía nacional.
El PRD también terminó rompiendo con el Pacto. El 28 de noviembre de 2013 anunció su salida ante las diferencias sobre la reforma energética. Para entonces, sin embargo, el daño político estaba hecho. El partido había participado durante casi un año en el mecanismo y había acompañado algunas de las principales reformas del gobierno peñista. Su posterior oposición a la apertura energética no fue suficiente para reconstruir la confianza de una parte de su base social. En política, llegar tarde también tiene consecuencias. El PRD quiso diferenciarse cuando el costo de haberse sentado en la mesa ya había sido cobrado entre numerosos sectores de la izquierda.
Debe recordarse que el Pacto también atravesó momentos de crisis antes de la ruptura definitiva. En mayo de 2013 fue necesario incorporar un adéndum para tratar de impedir el uso electoral de programas sociales, después de denuncias relacionadas con procesos electorales estatales. Aquello demostraba los límites de la confianza entre los firmantes. Mientras en la Ciudad de México las dirigencias nacionales aparecían juntas hablando de modernización democrática, en los estados continuaban las viejas disputas, las acusaciones de utilización electoral del aparato público y las prácticas políticas de siempre. Una cosa era el México de los acuerdos cupulares y otra muy diferente el México real.
Enrique Peña Nieto vivía entonces su mejor momento. Los medios internacionales hablaban del “Mexican Moment”. Desde el extranjero se observaba con entusiasmo la velocidad con la que el nuevo gobierno conseguía aprobar reformas que habían permanecido congeladas durante años. El joven presidente parecía haber encontrado la fórmula que sus antecesores no pudieron descubrir. El PRI había regresado renovado, decía la narrativa dominante. México finalmente estaba dispuesto a cambiar. La fotografía era impecable. El problema es que detrás de las fotografías seguían acumulándose los viejos problemas: corrupción, desigualdad, violencia, impunidad y una creciente distancia entre las instituciones políticas y la ciudadanía.
La reforma energética fue la joya de la corona del peñismo y, al mismo tiempo, una de las decisiones que terminaron fortaleciendo políticamente a López Obrador. El gobierno prometió inversiones, crecimiento, competencia y mejores condiciones para los consumidores. Sus adversarios denunciaron la privatización de los recursos nacionales. Más allá de los matices jurídicos, la batalla política quedó perfectamente definida. De un lado estaba el bloque reformista encabezado por Peña Nieto; del otro, un movimiento que reivindicaba el nacionalismo energético. López Obrador entendió que aquella discusión podía convertirse en uno de los cimientos ideológicos del partido que estaba construyendo. El Pacto le proporcionó un adversario perfectamente identificable.
Morena había nacido previamente como movimiento político y social, pero la ruptura con el PRD permitió convertirlo en algo diferente. López Obrador necesitaba una organización propia, sin depender de las corrientes internas perredistas, de sus negociaciones interminables ni de los equilibrios entre tribus. La experiencia de 2006 y 2012 le había demostrado los límites de competir con una estructura partidista que no controlaba completamente. Morena inició entonces el camino para convertirse en partido político nacional. Muchos pensaron que sería una organización testimonial, construida alrededor de una sola personalidad. Se equivocaron. En pocos años transformaría completamente el sistema de partidos.
La decisión implicaba enormes riesgos. Dividir a la izquierda podía significar condenarla a derrotas sucesivas. El PRD tenía estructura, gobiernos, legisladores, prerrogativas y presencia nacional. Morena comenzaba prácticamente desde cero como partido. Sin embargo, López Obrador poseía algo más importante: liderazgo, narrativa y una base social organizada durante años de recorridos por el país. Mientras el PRD conservaba buena parte del aparato, Morena se quedó con una porción creciente de la identidad política de la izquierda. Uno tenía oficinas; el otro tenía causa. Uno administraba posiciones; el otro construía expectativas. En política, las estructuras importan, pero sin identidad terminan convirtiéndose en edificios vacíos.
La elección intermedia de 2015 fue la primera gran demostración. Morena consiguió entrar a la Cámara de Diputados y obtuvo resultados especialmente importantes en la Ciudad de México, antiguo bastión perredista. El mensaje era inequívoco: ya existían dos izquierdas compitiendo por el mismo electorado. Una representaba la institucionalización de la transición democrática; la otra prometía una transformación más profunda del régimen. A partir de entonces comenzó un desplazamiento acelerado. Dirigentes, legisladores, militantes y electores migraron del PRD hacia Morena. No fue simplemente una transferencia de cuadros. Fue un cambio en el centro de gravedad de la izquierda mexicana.
El PRD cometió además el error de interpretar la ruptura como un conflicto personal con López Obrador. Había, por supuesto, una enorme dimensión personal y una disputa por liderazgos. Pero debajo existía un problema político mucho más profundo. Una parte de sus electores consideraba que el partido se había integrado demasiado al sistema que originalmente pretendía transformar. Las corrientes internas se convirtieron en maquinarias para distribuir candidaturas, cargos y presupuestos. Las discusiones ideológicas fueron sustituidas gradualmente por negociaciones internas. El partido que había surgido de las luchas democráticas de 1988 terminó atrapado en una burocracia partidista que perdió contacto con amplios sectores de su base histórica.
La historia fue todavía más cruel. En 2017, rumbo a la elección presidencial de 2018, el PRD decidió aliarse electoralmente con el PAN, su antiguo adversario ideológico. Después de haber firmado el Pacto por México con el PRI y el PAN, ahora competía por la Presidencia aliado con Acción Nacional. Para sus dirigentes podía existir una explicación estratégica: construir un frente amplio contra el PRI y contra López Obrador. Para muchos electores de izquierda, sin embargo, aquello confirmó que las diferencias ideológicas habían dejado de importar. Si el PRD podía pactar con el PRI para gobernar y después con el PAN para competir, ¿qué representaba exactamente?
Mientras tanto, el gobierno de Peña Nieto comenzó a derrumbarse. Ayotzinapa marcó un punto de inflexión político y moral. Después llegaron los escándalos de corrupción, la Casa Blanca, los cuestionamientos a gobernadores priistas y la percepción creciente de impunidad. El “Mexican Moment” desapareció con una velocidad impresionante. La administración que había comenzado ofreciendo modernidad terminó convertida en símbolo de muchas de las prácticas que prometió superar. Las reformas estructurales dejaron de ser suficientes para sostener la legitimidad presidencial. El problema de Peña Nieto no fue únicamente comunicar mal sus logros, como algunos dijeron. Fue que la realidad terminó destruyendo la narrativa publicitaria de su gobierno.
El Pacto por México tuvo, por tanto, una paradoja histórica. Fue probablemente el momento de mayor capacidad política del gobierno de Peña Nieto y, simultáneamente, contribuyó a crear las condiciones para su derrota histórica. Permitió aprobar reformas que parecían imposibles, pero también borró las fronteras entre las principales fuerzas del sistema. PRI, PAN y PRD quedaron asociados, justa o injustamente, a un mismo proyecto político y económico. López Obrador quedó fuera de ese consenso y convirtió su exclusión en ventaja. Frente al acuerdo de las élites construyó la idea de una ruptura popular. Frente a las reformas estructurales planteó la transformación del régimen.
Las elecciones de 2018 fueron el desenlace. López Obrador obtuvo una victoria contundente y Morena se convirtió en la principal fuerza política del país. El PRI, que seis años antes regresaba sonriente por los pasillos de San Lázaro, sufrió la peor derrota presidencial de su historia hasta entonces. El PAN tampoco pudo detener la ola obradorista. El PRD quedó reducido a una expresión mínima comparada con la fuerza que había tenido. Aquella fotografía del Castillo de Chapultepec adquirió retrospectivamente otro significado. Los tres grandes partidos que pretendieron definir juntos el rumbo del país terminaron enfrentando, pocos años después, una rebelión electoral encabezada precisamente por quien rechazó participar en aquel consenso.
Morena hizo exactamente lo contrario de lo que pronosticaban sus críticos. No desapareció después de una elección. Creció. No quedó limitado a López Obrador. Construyó estructura territorial. No se convirtió en partido testimonial. Llegó al gobierno. El movimiento fundado después de la ruptura con el PRD terminó ocupando el espacio político que durante décadas perteneció al partido del sol azteca. La paradoja resulta inevitable: mientras el PRD participaba en el gran acuerdo nacional para demostrar responsabilidad institucional, estaba contribuyendo involuntariamente a crear las condiciones para que una nueva fuerza política le arrebatara su razón de existir.
El desenlace del PRD fue todavía más dramático. Después de perder militantes, electores, gobiernos y representación legislativa durante años, terminó perdiendo su registro como partido político nacional tras las elecciones de 2024. Un partido que había gobernado la Ciudad de México durante varios periodos, que postuló candidatos presidenciales competitivos y que fue una de las tres principales fuerzas políticas del país desapareció del escenario nacional. No murió exclusivamente por el Pacto por México. Sería demasiado sencillo afirmarlo. Murió por una acumulación de errores, divisiones, pérdida de identidad, burocratización, malas decisiones electorales y desconexión con su base social. Pero el Pacto fue un momento decisivo en ese proceso.
También sería injusto atribuir todos los males del gobierno de Peña Nieto al Pacto por México. Algunos de sus productos legislativos permanecen y otros fueron modificados o revertidos posteriormente. Algunas reformas tuvieron aspectos positivos; otras no alcanzaron sus objetivos; unas más fueron desmontadas por el gobierno de López Obrador. Lo verdaderamente importante es entender su significado político. Fue el último gran intento de gobernar México mediante el consenso de las élites partidistas surgidas durante la transición democrática. PRI, PAN y PRD pensaron que podían construir desde arriba una agenda común. No percibieron que, abajo, una parte importante de la sociedad estaba dejando de confiar en todos ellos.
La consecuencia más profunda del Pacto no está, entonces, exclusivamente en las reformas constitucionales aprobadas. Está en la transformación del sistema político. El acuerdo aceleró la convergencia de los partidos tradicionales y permitió que López Obrador construyera una frontera política extraordinariamente sencilla: ellos y nosotros. La llamada “mafia del poder” dejó de ser únicamente una expresión retórica para convertirse en una herramienta de identificación política. Del otro lado estaban quienes habían firmado o respaldado las reformas; de éste, quienes proponían revertir el modelo. Esa polarización simplificó debates complejos, ciertamente, pero resultó electoralmente poderosísima.
Visto a la distancia, aquel 1 de diciembre de 2012 parece pertenecer a otra época. Recuerdo a los jóvenes priistas caminando por San Lázaro con la seguridad de quienes sentían que el futuro les pertenecía. Recuerdo las sonrisas, los trajes impecables y la sensación de restauración. “Estos regresaron para quedarse por lo menos veinte años”, me dijo El Chino Espinoza. No ocurrió.
El Chino Espinoza, guerrillero en Nicaragua, activista con Cásar Chávez, integrante del Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo, fundador y dirigente del PRD, participó en la lucha en contra del autoritarismo priísta, vio como el PRI salió de la Presidencia y juntos contemplamos su regreso al poder. Apenas seis años después, Enrique Peña Nieto entregaba la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Los vencedores de 2012 se habían convertido en los derrotados de 2018. Y el hombre derrotado en 2012 era ahora presidente de México. El Chino se nos adelantó en el camino en el 2023.
La política tiene una regla que sus protagonistas suelen olvidar cuando llegan al poder: nada es para siempre. El Pacto por México nació como demostración de fortaleza y terminó siendo recordado también como uno de los acontecimientos que aceleraron la recomposición del sistema político. Peña Nieto consiguió las reformas que buscaba, pero López Obrador consiguió algo políticamente más importante: un adversario, una causa y el espacio para construir un nuevo partido. El PRD quiso demostrar que podía ser una izquierda moderna y responsable; terminó perdiendo su identidad. El PRI creyó haber regresado para quedarse; seis años después abandonó la Presidencia.
El Pacto por México fue, en ese sentido, principio y final. Fue el principio del sexenio reformista de Enrique Peña Nieto, el punto culminante de la política de acuerdos de la transición y la demostración de que las principales fuerzas partidistas podían ponerse de acuerdo. Pero también fue el principio del fin del PRD como referente nacional de la izquierda, un acelerador del rompimiento definitivo de López Obrador con su antiguo partido y una pieza fundamental para entender el ascenso de Morena. Los firmantes querían cambiar a México mediante 95 compromisos. Lo cambiaron, aunque no exactamente de la manera que imaginaron.
Al final, la fotografía más importante del sexenio de Peña Nieto quizá no sea la firma del Pacto en el Castillo de Chapultepec, sino la del 1 de diciembre de 2018, cuando entregó la banda presidencial a López Obrador. Entre ambas imágenes transcurrieron apenas seis años, pero políticamente pasó una época completa. El PRI volvió y volvió a irse. El PRD pasó de protagonista a fuerza marginal hasta perder posteriormente su registro nacional. Morena pasó de movimiento a partido gobernante. Y Andrés Manuel López Obrador pasó de candidato derrotado a presidente de la República. La historia tiene sentido del humor, aunque a los políticos casi nunca les cause gracia.
