El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes al designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana ahora figuran en una lista que, en términos de política exterior estadounidense, podría justificar futuras acciones militares o de inteligencia en territorio mexicano. Más aún, la declaración del magnate y miembro del gobierno de Donald Trump, Alon Musk, quien sugirió en redes sociales el uso de drones contra estos grupos, deja entrever el tipo de medidas que podrían considerar los halcones de Washington.
Esta decisión de la Casa Blanca ha generado reacciones inmediatas. Canadá ha seguido el mismo camino, aunque limitando su designación a medidas dentro de su propio territorio. Sin embargo, la respuesta más contundente provino de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció el envío de dos iniciativas de reforma constitucional al Congreso de la Unión, reforzando la soberanía nacional y endureciendo las penas contra la injerencia extranjera en asuntos internos de México.
A lo largo de la historia reciente, la etiqueta de “terrorismo” ha sido utilizada por Estados Unidos como una justificación para intervenir militarmente en otros países. Desde Medio Oriente hasta América Latina, Washington ha empleado este discurso para legitimar bloqueos económicos, sanciones e incluso operaciones encubiertas. En este sentido, la decisión de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no es una simple clasificación administrativa, sino una estrategia geopolítica con múltiples implicaciones.
Una vez que un grupo es catalogado como terrorista, la legislación estadounidense permite el uso de recursos militares y operaciones especiales en su contra. Esto podría traducirse en misiones encubiertas de la CIA en suelo mexicano, ataques con drones en zonas controladas por el crimen organizado o la imposición de sanciones a empresas y bancos que, directa o indirectamente, se relacionen con estos grupos. Es, en pocas palabras, una carta abierta para una mayor intervención de Estados Unidos en México, algo que históricamente ha sido rechazado por el gobierno mexicano.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una respuesta que busca blindar jurídicamente a México de una posible intervención extranjera. Su propuesta de reforma al artículo 40 constitucional busca establecer de manera explícita la prohibición de cualquier injerencia extranjera en territorio mexicano. Con ello, se enviaría un mensaje claro a Washington: la lucha contra el narcotráfico es un asunto de cooperción no de intervención.
Por otro lado, la reforma al artículo 19 constitucional endurecería las penas contra cualquier extranjero que intervenga en procesos electorales, campañas o actividades de investigación dentro del país. Aunque esta medida parece ir dirigida a posibles operadores estadounidenses o agencias de inteligencia que busquen influir en el rumbo de México, también podría ser utilizada contra agentes encubiertos de la DEA que operan en el país sin coordinación plena con el gobierno mexicano.
Estas reformas representan un punto de quiebre en la relación bilateral. Mientras Estados Unidos endurece su postura contra el narcotráfico con la etiqueta de terrorismo, México refuerza su soberanía y cierra la puerta a cualquier intervención extranjera. Esto, sin duda, generará tensiones en el corto plazo, sobre todo en el marco de un gobierno de Donald Trump que ha mostrado una postura agresiva en temas de seguridad y migración.
Hay una pregunta que flota en el aire: ¿qué hará Donald Trump contra los cárteles del fentanilo en su propio territorio?
Mientras la DEA y el Departamento de Estado señalan a los cárteles mexicanos como los responsables de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, las organizaciones criminales dentro del propio país norteamericano operan con una impunidad que rara vez es cuestionada. No hay listados oficiales que mencionen a los grandes traficantes de drogas en Estados Unidos, ni operaciones espectaculares contra los distribuidores de opioides en las ciudades estadounidenses.
Los cárteles mexicanos pueden producir fentanilo, pero son las redes de distribución dentro de Estados Unidos las que permiten que la droga llegue a los consumidores. La crisis de los opioides no es solo un problema de oferta, sino de una demanda insaciable que no ha sido contenida por las autoridades estadounidenses.
Sin una estrategia binacional que ataque el problema en ambos lados de la frontera, cualquier medida unilateral está condenada al fracaso. Mientras el tráfico de drogas en México se persiga con la etiqueta de terrorismo y en Estados Unidos se ignore su complejidad o no se trate como un problema de salud pública, el desequilibrio en la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo evidente.
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas es más que un simple cambio de clasificación; es un golpe político con implicaciones que van desde sanciones económicas hasta la posibilidad de operaciones militares encubiertas en suelo mexicano. Ante este panorama, la respuesta de la presidenta Sheinbaum busca reforzar la soberanía nacional y evitar la injerencia extranjera en los asuntos internos de México.
No obstante, el dilema sigue siendo el mismo: sin una estrategia coordinada que ataque el problema del narcotráfico en ambos lados de la frontera, cualquier esfuerzo estará destinado al fracaso. México puede endurecer sus leyes y Estados Unidos puede catalogar a los cárteles como terroristas, pero si el flujo de drogas y armas sigue sin control, la crisis continuará. La pregunta, entonces, no es solo qué hará México ante la designación de los cárteles como terroristas, sino qué hará Donald Trump contra los cárteles del fentanilo que operan en su propio territorio.
El silencio de Washington en este tema es ensordecedor. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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