El país vecino del norte ha intensificado el uso de la fuerza militar durante los dos periodos presidenciales de Donald Trump. En su segundo mandato, Estados Unidos ha realizado ataques en al menos siete países —Somalia, Irak, Yemen, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela—, además de mantener operaciones militares contra presuntas embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. En el caso venezolano, la intervención llegó hasta la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026.
A esta política habría que sumar las acciones militares de algunos de sus principales aliados, Israel, Turquía y Arabia Saudita, países que han participado en conflictos e intervenciones armadas en Medio Oriente. Todo ello es parte un escenario internacional en el que Washington continúa recurriendo a la presión económica, política y militar como instrumentos para defender sus intereses estratégicos.
La estrategia de Trump no es novedosa. Forma parte de una larga tradición de la política exterior estadounidense caracterizada por intervenciones, operaciones militares, presiones económicas y acciones destinadas a preservar su influencia global. La diferencia es que Trump ha recuperado esa lógica con un discurso abiertamente nacionalista e imperialista: aliados y adversarios son evaluados en función de lo que pueden aportar o de las amenazas que representan para los intereses estadounidenses.
En América Latina, esa política de presión no necesariamente adopta la forma de una intervención militar directa, también se expresa mediante instrumentos económicos, diplomáticos, mediáticos y políticos. En distintos momentos, Washington ha buscado influir en los procesos políticos de la región, mientras grupos conservadores locales han encontrado en esa presión externa una herramienta para disputar el poder de sus propios países. Los casos de Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Brasil forman parte de una historia latinoamericana mucho más amplia de tensiones entre proyectos nacionales y el imperialismos de Washington.
Hoy, dos de las principales economías de América Latina mantienen gobiernos que no necesariamente coinciden con todas las prioridades de la Casa Blanca: Brasil, encabezado por Lula da Silva, y México, gobernado por Claudia Sheinbaum. En ambos casos, la relación con Estados Unidos combina una enorme interdependencia económica con profundas diferencias políticas.
Es en este contexto donde debe entenderse la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es legítimo preguntarse si esta decisión constituye únicamente una medida migratoria o si también tiene una dimensión política. López Beltrán ha denunciado que la decisión tiene motivaciones políticas y la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente este tipo de acciones cuando no se presentan pruebas que sustenten las acusaciones. Estados Unidos ha justificado sus decisiones de cancelación de visas en razones de seguridad y ha mantenido convenientemente bajo reserva los expedientes individuales.
La presión sobre el entorno de López Obrador adquiere así una dimensión política evidente. No porque la cancelación de una visa demuestre por sí misma una operación de intervención, sino porque ocurre en un momento de creciente tensión entre Washington y el movimiento político que gobierna México. La medida se usa para desgastar políticamente a morena, colocar malintencionadamente bajo sospecha a figuras cercanas al expresidente y alimentar una narrativa que vincule al movimiento de la Cuarta Transformación con acusaciones de corrupción o complicidad con el crimen organizado.
La derecha mexicana, mientras tanto, sigue la línea del discurso de Washington, sus sectores más radicales parecen apostar cada vez más por la confrontación y por la amplificación de cualquier señal proveniente de la Casa Blanca que pueda ser utilizada para desacreditar al gobierno mexicano.
Claudia Sheinbaum ha evitado hábilmente que las diferencias con Trump desemboquen en una ruptura. Ha enfrentado las amenazas arancelarias, ha mantenido los canales de negociación y ha defendido la soberanía mexicana sin romper la cooperación indispensable entre ambos países. La relación económica es demasiado profunda para convertir cada desacuerdo en una crisis: millones de empleos, cadenas productivas, comercio, migración y seguridad dependen de que México y Estados Unidos mantengan abiertos los canales de diálogo.
La disputa no es realmente por una visa. Es por la autonomía política de México.
Washington tiene enormes instrumentos de presión: comercio, aranceles, cooperación en seguridad, migración, inteligencia y acceso al sistema financiero. México tiene algo que no debe subestimarse: su peso económico, su posición geopolítica y una relación de interdependencia fundamental para ambas partes. Por eso, la defensa de la soberanía no significa romper con Estados Unidos, sino negociar de igual a igual y evitar que las diferencias políticas se conviertan en mecanismos de subordinación. Si la cancelación de una visa pretende ser un mensaje de presión, la respuesta mexicana debe ser clara: cooperación sí, subordinación no. Y si Washington pretende influir en el rumbo político de México, la mejor defensa no será la confrontación retórica, sino un gobierno capaz de mantener la unidad interna, fortalecer sus instituciones y demostrar que las decisiones sobre el futuro de México se toman en México.
