La corrupción inmobiliaria es un problema que aqueja a todo el país, en especial a la Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Esta es una alteración del mercado inmobiliario a través de la colusión entre autoridades y desarrolladores y se expresa en múltiples formas: despojos a ejidatarios bajo presión; ventas sin permisos o sin condiciones físicas o legales; hasta la sobreexplotación urbana, cambios de uso de suelo y extorsiones para vender o comprar.
El resultado es una alteración en el mercado de bienes raíces en todo México, que ha generado, no solo vivienda irregular, sino también pobreza en el campo y un incremento injustificado en los costos, que en la última década se han duplicado y hasta triplicado, provocando que millones de mexicanos no cuenten con una vivienda propia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI, el 30% de mexicanos no tienen un patrimonio, principalmente porque rentan o viven con familiares ante la imposibilidad de pagar una hipoteca.
Por ello, presenté una iniciativa de ley que considera la creación del delito de corrupción inmobiliaria y la reforma de cuatro leyes secundarias: Código Penal Federal, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mi propuesta es clara, sancionar esta corrupción inmobiliaria con una pena de cinco a diez años de prisión, con la posibilidad de incrementarla a la mitad cuando se produzcan beneficios económicos o en especie al servidor público y/o parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad; así como también a particulares.
Esta propuesta es pertinente con el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum, y su iniciativa que busca la construcción de un millón de viviendas que hace unos meses aprobamos en la Cámara de Diputados.
Al respecto, la presidenta señaló: “el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita, ese es el objetivo, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo. No es construir viviendas por construir viviendas, esa es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación”.
Seguiremos legislando en favor de los mexicanos y mexicanas, y en especial por Querétaro. Con este nuevo tipo penal, el Estado tendrá mayores posibilidades de enfrentar los abusos del sector inmobiliario
