En México, la desaparición forzada no es un fenómeno aislado ni una cifra fría en los reportes oficiales. Es una herida abierta que atraviesa a miles de familias y que, lejos de cerrarse, se profundiza con el paso de los años. A marzo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 123,808 personas en esta situación.
El dolor que deja la ausencia de un ser querido no es lo único que enfrentan las familias, especialmente las madres buscadoras, quienes se han convertido en el rostro de una lucha que las autoridades han preferido ignorar. Ellas no solo enfrentan el tormento de no saber dónde están sus hijos, sino que también deben librar una batalla desigual contra la burocracia, la indiferencia institucional y, lo más alarmante, la violencia de los grupos criminales.
Las desapariciones forzadas en México tienen una raíz estructural. No se trata de hechos aislados, sino de una crisis sistemática que involucra no solo a grupos criminales, sino también a elementos de seguridad del Estado. La historia nos ha mostrado que la desaparición no es un nuevo mecanismo de terror. Desde la guerra sucia de los años setenta, cuando el Ejército desaparecía a opositores políticos, hasta la crisis de seguridad de la década de los 2000, este delito ha sido una constante.
Sin embargo, lo que hoy resulta más indignante es la impunidad. Según el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, más del 98% de los casos de desaparición forzada quedan sin justicia. Las familias deben enfrentarse a un sistema que, en lugar de buscar a sus seres queridos, les pone trabas. ¿Cuántas veces han sido ignoradas en las fiscalías? ¿Cuántas veces han tenido que mendigar que se realicen peritajes en fosas clandestinas que ellas mismas encontraron?
Ante la inoperancia del Estado, han sido las madres quienes han asumido la tarea de buscar a sus hijos. Armadas con picos, palas y una valentía indescriptible, recorren lotes baldíos, bosques, desiertos y ríos en busca de restos humanos. En su incansable búsqueda, desafían no solo al tiempo, sino a la violencia de los grupos criminales, que constantemente las amenazan para que dejen de buscar.
En los estados más afectados, como Jalisco, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México, los colectivos de madres buscadoras han logrado lo que ni el gobierno ni las fiscalías han querido hacer: encontrar fosas clandestinas, rescatar cuerpos y presionar para la identificación de restos.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención y comprar equipos tecnológicos para facilitar la localización de personas desaparecidas. Sin embargo, este tipo de medidas han sido anunciadas en administraciones anteriores sin que se traduzcan en resultados concretos.
La desaparición forzada en México es también un reflejo de la complicidad entre el crimen organizado y las instituciones de seguridad. No es casualidad que muchas de las víctimas hayan sido vistas por última vez en retenes militares o estaciones de policía, como les ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa. La relación entre autoridades y grupos criminales ha permitido que este delito se mantenga con total impunidad.
Las cifras hablan por sí solas: las desapariciones no han disminuido. Si bien en el sexenio de Enrique Peña Nieto el número de casos alcanzó cifras alarmantes, la situación no mejoró en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en los primeros meses del gobierno de Sheinbaum, la crisis continúa.
El paquete de iniciativas de reforma en esta materia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que el jueves llegó al Congreso de la Unión, tendría como objetivo enfrentar esta situación y revertir la tendencia.
Especialistas de la UNAM como Karina Mariela Ansolabehere y Cristina Hernández Engrandes destacaron la dimensión de género en la crisis de desapariciones. El hecho de que sean principalmente las madres quienes encabezan las búsquedas no es casualidad: la desaparición ha fragmentado a familias enteras, dejando a mujeres en la desesperada tarea de buscar justicia.
Los colectivos de madres buscadoras han crecido en todo el país. Algunos hablan de cien grupos, pero otros gastos señala que existen al menos 200 grupos de madres buscadoras a lo largo y ancho del territorio mexicano. Son ellas quienes han construido redes de apoyo, han presionado a las autoridades y han hecho visible una crisis que el Estado prefiere ocultar. No buscan venganza, solo quieren respuestas. Pero en un país donde la justicia se mide con base en los intereses políticos, la búsqueda de la verdad sigue siendo una lucha cuesta arriba.
El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda es un paso necesario, pero insuficiente. Es urgente que el gobierno federal y los gobiernos estatales garanticen seguridad a las madres buscadoras, que se destinen recursos suficientes para la identificación de cuerpos y que se castigue a los responsables de este crimen. No basta con decretos: se necesita voluntad política y acción inmediata.
Mientras las madres tengan que seguir escarbando la tierra con sus propias manos, la crisis de desapariciones seguirá siendo un recordatorio de que el Estado mexicano ha fallado. Y mientras el gobierno siga respondiendo con indiferencia y omisión, la lucha de las madres buscadoras seguirá siendo la única luz en un país donde la justicia parece inalcanzable en este terrible delito. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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