La propuesta de reforma constitucional referente a la austeridad republicana y al cumplimiento de la disposición constitucional para que ningún servidor público gane más que el presidente de la república representa un paso crucial en el camino hacia una gestión pública más transparente, justa y responsable en México. El envío por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados de un paquete de 18 reformas constitucionales y dos legales, con una de ellas centrada en la consolidación de la austeridad republicana, marca un hito significativo en el compromiso del gobierno actual con la transformación del sistema político y administrativo del país.
La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos para hacer cumplir el límite constitucional de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, establecido desde 2009, y además, busca instaurar el principio de austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano. Esta medida se erige como un baluarte contra la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, problemas que han aquejado al país durante décadas y que han minado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Para lograr estos objetivos, se proponen diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), entre las que destacan la reforma del artículo 127, así como de los artículos 94, 116, 122 y 134. Estas reformas buscan clarificar el contenido, la interpretación y la aplicación de las disposiciones constitucionales relacionadas con la austeridad republicana y las remuneraciones de los servidores públicos.
Una de las principales modificaciones propuestas es el ajuste de las remuneraciones de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, para que se adecúen al límite máximo permitido en el artículo 127 de la Constitución, el cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Esta medida busca eliminar las excepciones que permiten a ciertos funcionarios eludir este límite constitucional, contribuyendo así a la equidad y la justicia en la distribución de los recursos públicos.
Además, la propuesta incluye la especificación del monto máximo de la remuneración del Presidente de la República, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas que puedan ser utilizadas para eludir el cumplimiento de la normativa. Se establece que la remuneración integral del Presidente será determinada anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y estará sujeta a un límite equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Otro aspecto relevante de la propuesta es la obligación de identificar de manera clara los elementos fijos y variables de las remuneraciones de los servidores públicos, así como los montos correspondientes a cada concepto. Esto contribuirá a una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y facilitará la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Asimismo, se establece la prohibición de duplicidad de funciones en los entes públicos federales y locales, así como de gastos superfluos que no estén previstos en la ley. Esta medida busca evitar el despilfarro de recursos y garantizar una administración eficiente y responsable de los mismos.
La propuesta de reforma constitucional referente a la austeridad republicana representa un avance significativo en la consolidación de un sistema político y administrativo más justo, transparente y eficiente en México. Si se aprueba y se implementa de manera efectiva, esta reforma sentará las bases para una gestión pública basada en principios de equidad, responsabilidad y honestidad, y contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas. Es responsabilidad de los legisladores y de toda la sociedad mexicana respaldar esta iniciativa y trabajar juntos para hacerla realidad.
Contenido de la Iniciativa:
Ajuste en las Remuneraciones del Poder Judicial: La propuesta dispone el ajuste de las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial de la Federación, garantizando que se adecuen al límite máximo establecido para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Esto busca eliminar excepciones y garantizar equidad en los salarios.
Especificación del Límite para el Presidente: Se busca especificar claramente el monto máximo de la remuneración del Presidente de la República en el artículo 127, evitando interpretaciones ambiguas. La propuesta establece que la remuneración integral, en efectivo y especie, será determinada anualmente en el Presupuesto de Egresos y equivaldrá a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) registrada en 2023.
Transparencia en las Remuneraciones: La iniciativa propone que las remuneraciones y sus tabuladores sean transparentes, identificando claramente elementos fijos y variables. Este aspecto se aborda mediante la modificación de la fracción V del 127 constitucional, promoviendo la rendición de cuentas en todas las instancias públicas.
Ajuste Obligatorio de Remuneraciones Excedentes: La reforma establece que las remuneraciones superiores al límite presidencial deben ajustarse. Un artículo transitorio obliga a la Cámara de Diputados y las legislaturas estatales a realizar estos ajustes, sin excepciones que permitan superar el límite constitucional.
Incorporación del Principio de Austeridad Republicana: Se propone integrar el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional, asegurando que los recursos federales y locales se administren de acuerdo con este valor fundamental. Se espera que el Congreso emita una ley general en la materia en un plazo de 90 días naturales tras la aprobación de la reforma.
Prohibición de Duplicidad y Gastos Superfluos: La iniciativa busca prohibir la duplicidad de funciones en entes públicos, así como gastos considerados superfluos, como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro. Esto incluye la eliminación de beneficios no previstos en leyes, decretos o contratos colectivos.
La propuesta de reforma constitucional refleja el compromiso del Gobierno Mexicano con la austeridad republicana, equidad y eficiencia en el servicio público. Al abordar las brechas salariales, promover la transparencia y eliminar gastos innecesarios, se busca consolidar una administración pública más justa y enfocada en el bienestar de la sociedad. La aprobación de estas reformas marcará un hito en la construcción de un México más justo y eficiente. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
