Un golpe de Estado es un ejercicio de fuerza para apoderarse de un gobierno vigente y legítimo. De manera predominante se ha utilizado esta expresión en referencia a una acción de las Fuerzas Armadas en contra de un gobierno surgido de la voluntad popular mediante el voto.
Este fenómeno fue muy frecuente en América Latina, sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Por supuesto abundaron estas situaciones en otros continentes como lo fue la asonada franquista en España o los cuartelazos en los países africanos y en el Sudeste Asiático.
Los nombres de Francisco I. Madero, Patrice Lumumba, Marcelo Caetano, Manuel Azaña, Juan Domingo Perón, Jacobo Ärbenz, Arturo Illía, Salvador Allende, entre otros, constituyen los referentes más conocidos de esta modalidad de violencia e ilegalidad política. Incluso se ha llegado a pensar que el asesinato de John F. Kennedy fue un golpe de Estado, cuyo origen estaría en el complejo industrial-militar de Estados Unidos.
Sin embargo, los golpes de Estado, que se identifican con los tanques, aviones y demás armas pesadas atacando a las sedes de gobierno o en los asesinatos de gobernantes, tienen otras modalidades y una de ellas es el golpe técnico de Estado.
Este evento consiste, también con sus respectivas variantes, en que una fuerza política, económica o religiosa neutralice a alguno de los poderes en un gobierno. Un Poder está en condiciones de desaparecer a otro o neutralizarlo para que no pueda hacer uso de sus atribuciones respectivas. El Poder Ejecutivo puede desaparecer ilegalmente al Poder Legislativo y establecer de hecho un esquema dictatorial de gobierno.
También puede darse el caso de que el Poder Judicial paralice al Poder Ejecutivo o al Legislativo sin motivos ni razones constitucionales que lo permitan. Esta posibilidad, que va más allá de las hipótesis, existe y se ha presentado en varios puntos de la geografía latinoamericana. El golpe de Estado técnico se caracteriza por su aparente “no violencia directa”. Sencillamente, se trata de golpear terminalmente al orden estatal.
Este es el escenario del que debemos cuidarnos en nuestro país. Por eso mismo, necesitamos hacer reformas a los poderes de la Unión y de manera especial al Poder Judicial, para evitar situaciones en las que los Poderes Ejecutivo y Legislativo puedan ser paralizados o, en casos extremos, ser desaparecidos.
Necesitamos un marco constitucional en el que los integrantes de los poderes deban seguir los intereses y los derechos de los ciudadanos, lo cual se alcanzará si los grandes grupos sociales participan de manera directa en la designación de ministros, magistrados y jueces en el caso del Poder Judicial. Es necesario cerrarle el paso a los aprendices de brujo.
La medida precautoria debe construirse desde una participación ciudadana masiva en el proceso electoral que ya se ha iniciado en nuestro país. Se necesita blindar a las instituciones con una participación de los electores que no deje ninguna duda ni ningún espacio constitucional vulnerable para el futuro próximo. Por eso mismo, es válida la convocatoria a votar abrumadoramente por un esquema político resistente a los riesgos de un exceso por parte de alguno de los poderes.
Sobre todo, ahora, que han aparecido o se han fortalecido nuevas fuerzas favorables al viejo orden. Para que la democracia sea fuerte, necesitamos añadirle más democracia y que ésta llegue a todas las instancias de los poderes constitucionales de la Nación. El futuro de la democracia mexicana debe construirse con más democracia y más cultura democrática.
