La historia política de México está llena de personajes oscuros que representan etapas enteras del deterioro institucional del Estado. Algunos encarnan el autoritarismo; otros, la corrupción electoral; unos más, la represión política. Pero existe un nombre que sintetiza la descomposición policial, la impunidad absoluta y la utilización del aparato de seguridad pública como instrumento de enriquecimiento criminal durante el régimen priista: Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como “El Negro” Durazo.
Hablar de Durazo no es únicamente recordar a un policía corrupto. Sería minimizar el fenómeno. Durazo fue la expresión máxima de un modelo político donde la lealtad personal al presidente estaba por encima de la ley, donde los cuerpos de seguridad funcionaban como brazos de control político y donde la delincuencia organizada comenzaba a fusionarse peligrosamente con las estructuras del Estado mexicano. Su trayectoria es fundamental para entender la crisis de seguridad, inteligencia y corrupción que México arrastró durante décadas y cuyos efectos todavía persisten.
Arturo Durazo llegó a la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal en 1976, al inicio del sexenio de José López Portillo. No arribó por méritos profesionales ni por una carrera policial destacada. Llegó por amistad. Era amigo de infancia del presidente. Ese solo hecho explica buena parte de la tragedia posterior. El mensaje político era devastador: la seguridad pública de la capital del país no se entregaba al mejor perfil técnico, sino al círculo íntimo del poder presidencial.
La policía capitalina, que ya arrastraba prácticas corruptas históricas, se convirtió bajo Durazo en una auténtica empresa criminal con respaldo institucional. La corrupción dejó de ser una desviación individual para transformarse en una estructura sistemática de recaudación ilegal.
Durazo instauró un mecanismo de extorsión dentro de la corporación. Desde el agente de tránsito hasta los altos mandos debían entregar cuotas periódicas para conservar plazas, patrullas, armas o ascensos. El policía honesto quedó condenado a la marginación o a la expulsión. La corrupción dejó de ser opcional: se convirtió en requisito de supervivencia institucional.
Aquella lógica tuvo consecuencias devastadoras. La policía dejó de servir al ciudadano para convertirse en un aparato dedicado a recaudar dinero ilícito. La extorsión cotidiana contra comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos comunes se normalizó. La famosa “mordida” dejó de ser un acto aislado y se integró a una estructura burocrática perfectamente organizada.
Pero el saqueo no terminaba ahí. Durazo creó una gigantesca red de “aviadores”. Más de tres mil plazas policiales inexistentes eran cobradas ilegalmente y desviadas hacia sus cuentas personales. Era dinero público destinado a la seguridad de la ciudadanía que terminaba financiando el lujo obsceno de un funcionario policial.
Mientras las patrullas carecían de equipamiento y miles de policías trabajaban en condiciones precarias, Durazo construía palacios.
El más emblemático fue “El Partenón”, en Zihuatanejo, Guerrero. Aquella mansión grecorromana se convirtió en símbolo nacional de la corrupción. Tenía discoteca, helipuerto, caballerizas, albercas y réplicas de esculturas clásicas. Era el monumento perfecto a la impunidad del poder político mexicano.
También edificó la llamada Mansión del Ajusco, una fortaleza extravagante con zoológico privado y pista de aterrizaje. Aquellas propiedades no podían explicarse con el salario de un servidor público. Sin embargo, durante años nadie lo investigó seriamente. La razón era simple: Durazo no actuaba solo; era protegido por el sistema político.
El problema más grave no fue únicamente el enriquecimiento ilícito. Lo verdaderamente peligroso fue la degradación de la seguridad nacional.
Durante los años setenta y principios de los ochenta, México atravesaba una etapa compleja marcada por guerrillas, conflictos sociales, narcotráfico creciente y tensiones derivadas de la Guerra Fría. En ese contexto, los cuerpos de seguridad requerían profesionalización, inteligencia estratégica y capacidad institucional. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.
Durazo convirtió a la policía en una maquinaria de terror y corrupción.
Uno de los episodios más oscuros fue la creación de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la temida DIPD. Bajo el discurso de combatir la criminalidad, aquel grupo operó como un cuerpo parapolicial dedicado a torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
La línea entre policía y escuadrón de exterminio desapareció. La DIPD representó una de las expresiones más violentas del autoritarismo mexicano. Muchos de sus métodos recordaban las prácticas de las dictaduras sudamericanas de la época: interrogatorios bajo tortura, fabricación de culpables, persecución política y eliminación física de sospechosos.
El caso del Río Tula, en 1982, sintetizó la brutalidad de aquella corporación. Los cadáveres torturados encontrados en Hidalgo exhibieron públicamente el grado de barbarie al que había llegado la policía capitalina. La ciudadanía comenzó a percibir que el principal peligro ya no era únicamente la delincuencia, sino las propias autoridades encargadas de combatirla.
Ese fenómeno tiene enormes implicaciones desde la perspectiva de la seguridad nacional.
Cuando los cuerpos policiales se transforman en organizaciones criminales, el Estado pierde capacidad real de inteligencia. La información deja de utilizarse para proteger a la nación y comienza a emplearse para proteger intereses particulares, eliminar enemigos o facilitar negocios ilícitos.
La corrupción destruye la inteligencia porque contamina toda la cadena institucional.
Los informes dejan de ser confiables. Las investigaciones se manipulan. Los operativos se filtran. Los criminales compran protección. La policía se vuelve vulnerable a la infiltración del narcotráfico. Exactamente eso ocurrió durante el periodo de Durazo.
Diversas investigaciones y testimonios lo vincularon con redes de contrabando y narcotráfico. Bajo su administración, agentes policiales y aduanales brindaban protección institucional al tráfico ilegal. Aquello representó uno de los primeros grandes momentos de convergencia entre crimen organizado y estructuras policiales mexicanas.
Las consecuencias históricas fueron enormes.
Durante aquellos años comenzó a consolidarse una cultura de impunidad que posteriormente facilitaría la expansión de los grandes cárteles de la droga. El narcotráfico comprendió que corromper autoridades resultaba más rentable que confrontarlas. Muchos de los mecanismos de infiltración criminal que después veríamos multiplicarse en corporaciones municipales, estatales y federales tuvieron antecedentes claros en la época de Durazo.
Por ello resulta equivocado observarlo únicamente como una anécdota folclórica del viejo PRI. No fue un exceso pintoresco ni un simple funcionario extravagante. Fue el laboratorio de un modelo de corrupción policial que posteriormente contaminaría buena parte del aparato de seguridad mexicano.
La caída de Durazo también retrata el funcionamiento político del régimen.
Mientras José López Portillo permaneció en la presidencia, nadie se atrevió a tocarlo. Pero terminado el sexenio y llegada la administración de Miguel de la Madrid con su discurso de “renovación moral”, Durazo perdió protección política y huyó del país.
Aquella fuga confirmó otra realidad del viejo sistema mexicano: la justicia dependía menos de los delitos cometidos y más de la protección presidencial disponible.
Durazo escapó intentando evadir responsabilidades. Finalmente fue localizado por el FBI en Puerto Rico y extraditado a México en 1986. La imagen del poderoso jefe policiaco convertido en prófugo internacional representó un duro golpe simbólico para el régimen político mexicano.
Sin embargo, incluso su procesamiento judicial dejó enormes dudas.
Fue condenado por acopio de armas, contrabando y extorsión, pero muchos de los crímenes más graves asociados a su administración jamás fueron plenamente esclarecidos. Las desapariciones, las ejecuciones y las redes de protección criminal quedaron parcialmente enterradas bajo el peso de la impunidad institucional.
Apenas pasó ocho años en prisión antes de recuperar su libertad gracias a beneficios legales y problemas de salud. Murió en el año 2000 en Acapulco. Muchos de sus antiguos subordinados siguieron operando durante años dentro de estructuras policiales y de seguridad.
Esa es quizá una de las grandes tragedias mexicanas: el sistema castiga parcialmente a ciertos personajes, pero rara vez desmonta las redes profundas que hicieron posible la corrupción.
Las lecciones para el México contemporáneo son evidentes.
Primero: la seguridad pública jamás puede depender de amistades personales ni de cuotas políticas. Cuando el criterio de lealtad sustituye al mérito profesional, las instituciones se degradan rápidamente. La improvisación y el amiguismo siguen siendo amenazas permanentes para el Estado mexicano.
Segundo: la corrupción policial no es solamente un problema administrativo; es un asunto de seguridad nacional. Un cuerpo policiaco corrupto debilita la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado, proteger a la ciudadanía y generar inteligencia estratégica confiable.
Tercero: las corporaciones policiales sin controles civiles, transparencia y supervisión terminan convirtiéndose en espacios propicios para violaciones graves a los derechos humanos. La historia de Durazo demuestra cómo el discurso del combate al crimen puede utilizarse para justificar tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Cuarto: la impunidad política es el combustible principal de la corrupción. Mientras existan funcionarios protegidos por cercanía con el poder, las instituciones seguirán siendo vulnerables.
México debe entender que la seguridad no se construye únicamente con más armas, más patrullas o más operativos. Se construye con instituciones profesionales, honestas y sujetas a controles democráticos.
La historia de Arturo Durazo Moreno también obliga a reflexionar sobre la memoria nacional. Durante años, sectores de la cultura popular lo transformaron en personaje casi caricaturesco: el policía extravagante, el constructor del Partenón, el hombre de los excesos tropicales. Pero detrás de aquella imagen existieron víctimas reales: desaparecidos, torturados, policías obligados a corromperse, ciudadanos extorsionados y una nación que perdió confianza en sus instituciones. La corrupción policial no es un espectáculo; es una tragedia colectiva.
Y quizá esa sea la mayor herencia maldita de Durazo: haber contribuido a instalar en millones de mexicanos la idea de que la policía no protege, sino amenaza; no sirve a la ciudadanía, sino al poder político y económico.
Reconstruir esa confianza ha tomado décadas y sigue siendo uno de los mayores desafíos nacionales.
Por eso estudiar el caso Durazo no representa un ejercicio nostálgico sobre los excesos del pasado. Es una advertencia. Cada vez que la política invade las instituciones de seguridad; cada vez que un mando policial acumula poder sin supervisión; cada vez que la corrupción se normaliza dentro de las corporaciones; cada vez que el crimen organizado compra protección institucional, el fantasma de Arturo Durazo vuelve a recorrer México.
Y ese fantasma sigue recordándonos que un Estado corrupto puede convertirse en el principal enemigo de su propia sociedad.
