La noche del 1 de julio de 2012, el ambiente en la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador del PRD, cada partido de la coalición tenía la suya, era completamente distinto al de seis años atrás. No había la tensión eléctrica de 2006 ni la expectativa de una elección que podía decidirse por unos cuantos votos. Esta vez, conforme avanzaban las horas, quedaba claro que Enrique Peña Nieto sería declarado ganador. Sin embargo, había un dato político que no era menor: López Obrador había quedado en segundo lugar y había desplazado a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, partido que gobernaba México desde hacía doce años. La izquierda seguía viva.
El resultado demostraba algo que muchos adversarios de López Obrador se habían negado a reconocer: después del conflicto poselectoral de 2006, del plantón de Reforma, de seis años de desgaste político y de una campaña permanente en su contra, seguía siendo el principal dirigente opositor del país. Había recorrido nuevamente México, visitado municipios, plazas, pueblos y ciudades, y construido una estructura política alrededor de su liderazgo. Podían cuestionarse sus métodos, su discurso y sus decisiones, pero difícilmente podía negarse su capacidad para hacer campaña, organizar simpatizantes y convertir una candidatura aparentemente derrotada de antemano en una fuerza electoral competitiva.
Las cifras oficiales fueron contundentes. Enrique Peña Nieto obtuvo 38.21 por ciento de los votos; Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, alcanzó 31.59 por ciento; mientras Josefina Vázquez Mota obtuvo 25.41 por ciento. La diferencia entre Peña Nieto y López Obrador fue suficientemente amplia para evitar una reedición matemática del conflicto de 2006, aunque no para impedir las acusaciones políticas sobre las condiciones en las cuales se había desarrollado la competencia. Más de quince millones de mexicanos habían votado nuevamente por López Obrador. No era un candidato acabado. Mucho menos un dirigente políticamente muerto.
La elección significó también el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República después de doce años de gobiernos panistas. El PRI había perdido el poder en el año 2000 ante Vicente Fox y durante más de una década trabajó para reconstruir sus redes territoriales, preservar gubernaturas, mantener estructuras corporativas y esperar el desgaste del PAN. En 2012 encontró las condiciones para volver. No regresó exactamente el viejo PRI de los presidentes todopoderosos del siglo XX. Regresó una nueva generación de priístas formada principalmente alrededor del priísmo del Estado de México, el llamado Grupo Atlacomulco.
Enrique Peña Nieto representaba perfectamente aquella generación. Joven, disciplinado en su imagen, cuidadosamente administrado por sus asesores y convertido durante años en una figura nacional desde la gubernatura del Estado de México, fue presentado como el rostro de un PRI renovado. Pero detrás del empaque moderno permanecían muchas de las prácticas tradicionales del partido. El priísmo había aprendido que ya no podía controlar toda la vida pública como durante el régimen de partido hegemónico; ahora debía competir electoralmente, utilizar los medios, construir alianzas, contratar especialistas en comunicación y adaptarse a una democracia dominada crecientemente por la televisión y la mercadotecnia.
La victoria de Peña Nieto, por supuesto, estuvo lejos de ser inmaculada. La izquierda denunció compra y coacción del voto, utilización de tarjetas y monederos electrónicos, triangulación de recursos y una enorme inequidad en la exposición mediática. El PRI recurrió a su maquinaria territorial y corporativa, mientras sus adversarios señalaron que alrededor de la campaña funcionaba una combinación de antiguas prácticas electorales y modernas técnicas de mercadotecnia. Las denuncias fueron llevadas ante las autoridades electorales. Jurídicamente no consiguieron anular la elección; políticamente alimentaron la percepción de que la restauración priísta había utilizado prácticamente todos los recursos disponibles para recuperar Los Pinos.
La campaña de Peña Nieto había sido diseñada como si se tratara del lanzamiento de un producto comercial. No era un líder construido mediante las viejas reglas de la meritocracia priísta, aquella carrera que llevaba a un político desde una dirección administrativa hasta una subsecretaría, una diputación, una gubernatura y finalmente la candidatura presidencial. Peña Nieto pertenecía a otra época. Su principal fortaleza era la imagen. El mensaje estaba calculado, las apariciones controladas y los escenarios cuidadosamente escogidos. Los medios de comunicación, particularmente la televisión (Televisa) desempeñaron un papel central en la construcción de un candidato presentado como joven, eficiente y moderno.
Su matrimonio con Angélica Rivera terminó por completar aquella narrativa. La actriz, una de las figuras más conocidas de las telenovelas mexicanas de aquellos años, convirtió la vida privada del candidato en parte del espectáculo político. Política, televisión y revistas del corazón terminaron mezclándose. Peña Nieto parecía por momentos protagonista de una telenovela presidencial: joven, atractivo, acompañado por una celebridad y rodeado por una producción mediática impecable. Todo parecía diseñado para transmitir la idea de renovación. El problema fue que debajo de aquel escenario permanecía un partido cargando muchas de las prácticas que habían provocado su derrota doce años antes.
Entonces ocurrió algo que no estaba contemplado en el guion. El 11 de mayo, durante una visita a la Universidad Iberoamericana, Peña Nieto enfrentó una protesta estudiantil que rompió la imagen de una campaña perfectamente controlada. Después vino la descalificación de los jóvenes de clase media alta y, como respuesta, 131 estudiantes difundieron un video identificándose y defendiendo la autenticidad de su protesta. De ahí surgió #YoSoy132, probablemente el movimiento más significativo de aquella elección. Las redes sociales irrumpieron con fuerza frente a la televisión y una nueva generación cuestionó abiertamente la relación entre poder político, medios de comunicación y construcción de candidaturas.
#YoSoy132 no logró impedir el triunfo de Peña Nieto, pero dejó huella. La campaña presidencial de 2012 fue quizá la última gran elección mexicana dominada por la televisión abierta y, simultáneamente, la primera donde las redes sociales mostraron claramente su capacidad para alterar la conversación pública. Los estudiantes cuestionaron la concentración mediática y exigieron democratizar los medios. En realidad, estaban anunciando una transformación mucho más profunda. Se terminaba lentamente el tiempo en que unas cuantas empresas podían establecer prácticamente solas la agenda nacional. La política comenzaba a desplazarse hacia un territorio digital más fragmentado, horizontal, caótico y difícil de controlar.
López Obrador también había cambiado. El candidato de 2012 no era exactamente el mismo de 2006. Después de haber sido presentado durante años por sus adversarios como un político conflictivo y peligroso, intentó modificar su imagen. Surgió entonces aquello que algunos llamaron la “República amorosa”, un esfuerzo por reconciliar su discurso con sectores que seis años antes lo habían rechazado. Buscó acercamientos con empresarios, clases medias y sectores intelectuales. El objetivo era desmontar la campaña que lo había caracterizado como un riesgo para México. El resultado mostró que había recuperado terreno, aunque no el suficiente para conquistar la Presidencia.
Los debates presidenciales mostraron también las características de aquella competencia. Peña Nieto intentaba administrar su ventaja; López Obrador necesitaba remontar; Josefina Vázquez Mota buscaba recuperar una campaña panista que nunca terminó de despegar, y Gabriel Quadri aprovechaba los espacios para posicionar al Partido Nueva Alianza. El PAN pagaba doce años de gobierno, primero con Vicente Fox y después con Felipe Calderón. La alternancia que en 2000 había generado enormes expectativas llegaba a 2012 considerablemente desgastada. Josefina hizo historia como primera mujer postulada a la Presidencia por uno de los grandes partidos nacionales, pero su candidatura nunca consiguió superar las contradicciones internas del panismo y el lastre que representaba Felipe Calderón.
El segundo lugar de López Obrador tenía, por ello, una importancia mayor de la que inicialmente podía advertirse. El PAN había sido enviado a la tercera posición y la izquierda se convertía nuevamente en la principal oposición electoral. López Obrador había sobrevivido a seis años de ataques, descalificaciones y aislamiento institucional. Su movimiento tenía millones de votos, organización territorial y una identidad política cada vez más diferenciada de las dirigencias partidistas que formalmente sostenían su candidatura. Ahí estaba la contradicción que terminaría explotando: el candidato era mucho más fuerte que el partido que constituía el núcleo histórico de la izquierda electoral mexicana, el Partido de la Revolución Democrática.
Desde 2006 había comenzado un proceso silencioso de separación. López Obrador mantenía una relación cada vez más complicada con los grupos dirigentes del PRD, particularmente con Nueva Izquierda, corriente conocida popularmente como Los Chuchos. Las diferencias no eran solamente personales ni producto de la lucha por candidaturas. Eran estratégicas. Mientras López Obrador sostenía una línea de confrontación política contra lo que denominaba “la mafia del poder”, sectores importantes del PRD buscaban convertirse en una izquierda institucional dispuesta a negociar acuerdos con PRI y PAN. Ambas rutas podían convivir mientras existiera una elección presidencial en común; después de 2012, esa convivencia resultaría prácticamente imposible.
Morena ya existía entonces, aunque todavía no como partido político. El Movimiento Regeneración Nacional se había desarrollado a partir de las redes construidas por López Obrador durante sus recorridos por el país y de la estructura que sobrevivió al conflicto de 2006. Esa fue una de las grandes diferencias respecto de otros liderazgos presidenciales derrotados. López Obrador no se retiró después de perder una elección. Tampoco esperó seis años para volver a aparecer. Convirtió la campaña permanente en método político. Recorrió prácticamente todos los municipios del país, organizó comités y mantuvo contacto con una base social que no dependía exclusivamente de las estructuras formales del PRD.
Por eso 2012 debe entenderse como una elección bisagra. Fue simultáneamente la segunda derrota presidencial de López Obrador y el punto de partida de su independencia definitiva. Después de la elección, la pregunta ya no era solamente qué había ocurrido con los votos o si las irregularidades denunciadas podían modificar jurídicamente el resultado. La pregunta estratégica era otra: ¿tenía sentido mantener un movimiento político nacional subordinado a un partido cuya dirigencia había tomado una dirección diferente? López Obrador respondió gradualmente que no. Su conclusión fue que necesitaba una organización propia, con estructura territorial, militancia, principios, órganos de dirección y capacidad para competir electoralmente.
La coalición de izquierda impugnó los resultados y presentó denuncias sobre compra y coacción del voto, gastos y diversas irregularidades. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó las pretensiones de invalidez y el 30 de agosto confirmó la elección. A diferencia de 2006, la distancia electoral hacía mucho más difícil construir una estrategia de resistencia semejante. López Obrador desconoció políticamente la legitimidad de las prácticas que habían acompañado el triunfo priísta, pero comprendió que la siguiente batalla tendría que darse en otro terreno. Ya no bastaba protestar contra el sistema. Había que construir una fuerza capaz de derrotarlo electoralmente.
Pocos días después comenzaría el rompimiento definitivo. López Obrador anunció su separación de los partidos que habían respaldado su candidatura y llamó a transformar Morena en partido político. La decisión fue trascendental. El PRD había sido fundado en 1989 alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y diversas organizaciones provenientes de la izquierda socialista y de la Corriente Democrática del PRI. Durante más de dos décadas había sido el principal instrumento electoral de la izquierda mexicana. López Obrador había presidido ese partido y gobernado la Ciudad de México bajo sus siglas. Romper con él significaba abandonar una parte sustancial de su propia historia política.
El acontecimiento que terminó por hacer irreconciliables ambas rutas fue el Pacto por México. Apenas iniciado el gobierno de Peña Nieto, las dirigencias del PRI, PAN y PRD suscribieron un acuerdo para impulsar una amplia agenda de reformas. Desde la perspectiva de sus promotores, se trataba de construir gobernabilidad y superar la parálisis legislativa. Desde la perspectiva de López Obrador, significaba confirmar aquello que había denunciado durante años: que las cúpulas de los tres principales partidos podían ponerse de acuerdo cuando estaban en juego decisiones fundamentales del régimen. El PRD cruzaba así una frontera política que el obradorismo consideraba inaceptable.
El Pacto por México produjo reformas importantes en educación, telecomunicaciones, competencia económica, materia fiscal y energía, entre otras. Sin embargo, también tuvo un costo político enorme para el PRD. Su participación desdibujó su condición opositora precisamente cuando López Obrador construía una alternativa por fuera. El problema para el partido amarillo fue que mientras su dirigencia apostaba por demostrar responsabilidad institucional mediante acuerdos con Peña Nieto, una parte considerable de sus simpatizantes interpretó esos acuerdos como subordinación. Morena encontró ahí un argumento poderoso: la izquierda necesitaba independencia política frente al PRI y el PAN, no convertirse en acompañante de sus reformas.
La reforma energética profundizó la ruptura. Para el obradorismo, la apertura del sector energético al capital privado constituía una línea histórica que la izquierda no debía cruzar. La defensa del petróleo había formado parte del discurso nacionalista de López Obrador durante años. La reforma constitucional impulsada durante el gobierno de Peña Nieto permitió presentar al nuevo movimiento como defensor de una tradición nacional-popular frente a un bloque político que, pese a sus diferencias partidistas, coincidía en las grandes transformaciones económicas. La expresión “mafia del poder”, excesivamente simplificadora para explicar toda la complejidad mexicana, resultaba electoralmente eficaz porque construía una frontera sencilla entre el movimiento y sus adversarios.
Después llegaron los escándalos de corrupción. La imagen cuidadosamente fabricada de Peña Nieto comenzó a deteriorarse con rapidez. La llamada Casa Blanca se convirtió en símbolo de la relación entre poder político, contratistas y privilegios. Otros integrantes del gobierno enfrentaron cuestionamientos similares. Al mismo tiempo, varios gobernadores priístas fueron señalados por corrupción, enriquecimiento y abuso de poder. Aquella generación presentada en 2012 como el “nuevo PRI” terminó reproduciendo muchos de los vicios del viejo priísmo. La modernidad estaba en la mercadotecnia; las prácticas de poder seguían teniendo demasiado parecido con aquellas que los mexicanos conocían desde décadas atrás.
Pero ningún acontecimiento golpeó tanto al gobierno de Peña Nieto y al sistema político como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La tragedia ocurrió en Guerrero, gobernado entonces por un político llegado al poder bajo las siglas del PRD. El caso exhibió las redes entre autoridades municipales, criminalidad, instituciones de seguridad y estructuras políticas. Para el PRD fue devastador. El partido que había nacido denunciando la violencia del régimen y reivindicando luchas democráticas aparecía atrapado en uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea mexicana. Morena aprovechó políticamente ese derrumbe, pero el problema del PRD era fundamentalmente propio.
La creación de Morena como partido político modificó para siempre el sistema de partidos. En 2014 obtuvo su registro y apenas un año después participó por primera vez en una elección federal. Muchos pensaron que sería otra organización pequeña de izquierda, condenada a disputar con el PRD una fracción del mismo electorado. Fue un error de cálculo. Morena no nació solamente como partido; nació alrededor de un liderazgo nacional construido durante más de una década, con una narrativa definida, una base electoral identificable y miles de cuadros provenientes del PRD, de otras izquierdas, de organizaciones sociales e incluso, posteriormente, de fuerzas políticas distintas.
Aquí aparece una paradoja fundamental. La derrota de 2012 terminó siendo una condición para la victoria de 2018. Si López Obrador hubiera permanecido dentro del PRD, probablemente habría tenido que seguir negociando candidaturas, estrategias y alianzas con corrientes internas que no compartían su proyecto. Al separarse construyó un instrumento político a su medida. Esto tuvo ventajas evidentes: disciplina, identidad, claridad de liderazgo y capacidad de movilización. También generó problemas que posteriormente acompañarían a Morena: excesiva dependencia del liderazgo personal, incorporación acelerada de políticos provenientes de otras fuerzas y tensiones permanentes entre movimiento social y estructura partidista.
El PRD, mientras tanto, inició un proceso de debilitamiento que no supo detener. Su problema no fue simplemente que López Obrador se llevara militantes y votos. La crisis era más profunda. Había perdido claridad sobre su identidad. Para una parte del electorado, si el PRD podía pactar con el PRI y el PAN las principales reformas del gobierno, entonces dejaba de existir una razón poderosa para considerarlo una alternativa. Cuando posteriormente buscó diferenciarse de Peña Nieto, Morena ya ocupaba buena parte del espacio opositor. El partido que durante décadas había representado a la izquierda mexicana comenzó a ser desplazado por una organización nacida de sus propias entrañas.
Conviene no caer, sin embargo, en una lectura demasiado cómoda de la historia. Morena no fue inevitable y el triunfo de López Obrador en 2018 tampoco estaba escrito desde 2012. Entre ambos acontecimientos existieron seis años de organización, conflictos, errores gubernamentales, crisis de los partidos tradicionales, violencia, corrupción y cambios profundos en la sociedad mexicana. La historia política suele reconstruirse desde el resultado y entonces todo parece conducir necesariamente hacia el vencedor. No fue así. En 2012, Morena era todavía una apuesta incierta y López Obrador cargaba dos derrotas presidenciales. Muchos daban por terminada su carrera. Se equivocaron.
El gran mérito político de López Obrador fue comprender que una derrota electoral no necesariamente significa una derrota histórica. En lugar de retirarse o aceptar un papel secundario, decidió construir una nueva organización. Su capacidad para mantener cohesionada una base social durante doce años fue excepcional dentro de la política mexicana contemporánea. Puede cuestionarse la concentración del movimiento alrededor de su figura, su discurso polarizador o muchas de sus decisiones posteriores, pero resulta imposible explicar la transformación del sistema político mexicano sin reconocer esa perseverancia. Entre 2006 y 2018, López Obrador convirtió dos derrotas presidenciales en capital organizativo para una tercera campaña.
También debe reconocerse que los adversarios de López Obrador contribuyeron decisivamente a fortalecerlo. El PRI regresó prometiendo eficacia y terminó atrapado en escándalos de corrupción, violencia y descrédito. El PAN nunca consiguió reconstruir plenamente la esperanza que había despertado con la alternancia del año 2000. El PRD perdió identidad y terminó acercándose precisamente a las fuerzas contra las cuales había construido buena parte de su historia. Morena encontró un terreno extraordinariamente fértil: millones de ciudadanos decepcionados con los tres partidos que habían dominado la competencia política durante las décadas anteriores. La crisis del tripartidismo fue el combustible del nuevo movimiento.
Las elecciones de 2012 fueron, por ello, mucho más que el regreso del PRI a Los Pinos. Fueron el principio del final de un sistema partidista y el nacimiento político de otro. Peña Nieto ganó la Presidencia, pero López Obrador comenzó a construir la fuerza que seis años después desplazaría al PRI y al PAN y prácticamente absorbería al electorado histórico del PRD. Esa es una de las ironías de aquella elección: el vencedor inmediato terminaría encabezando un gobierno que aceleró el crecimiento de su principal adversario, mientras el derrotado utilizó la elección para liberarse de una estructura partidista que se había convertido en un límite para sus aspiraciones.
Visto desde la distancia, el 1 de julio de 2012 fue una estación intermedia de una transformación política mucho más larga. Comenzó con la crisis del régimen priísta, continuó con la alternancia panista del año 2000, pasó por el conflicto electoral de 2006 y desembocó en la reorganización de la izquierda después de 2012. La fundación de Morena no puede explicarse solamente por la voluntad de López Obrador. Fue producto de una crisis de representación, del desgaste del PRD, del desencanto con PAN y PRI y de la existencia de una base social que buscaba una alternativa diferente a los partidos tradicionales.
Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre de 2012 convencido de que encabezaría una nueva etapa del priísmo. Durante sus primeros meses, el Pacto por México incluso generó la impresión de un gobierno capaz de construir grandes acuerdos y transformar instituciones. Seis años después entregaría el poder con el PRI profundamente debilitado y López Obrador ganaría la Presidencia con una votación histórica. La fotografía de 2012 había cambiado por completo. El candidato construido por la televisión desapareció del centro de la política nacional; el dirigente al que muchos consideraban acabado después de dos derrotas se convirtió en Presidente de México.
Por eso considero que la verdadera importancia histórica de las elecciones de 2012 no se encuentra solamente en quién ganó aquella noche, sino en lo que comenzó al día siguiente. El triunfo correspondió a Enrique Peña Nieto, pero la consecuencia política de largo plazo fue la ruptura de López Obrador con el PRD y la construcción de Morena. El PRI recuperó la Presidencia después de doce años; el obradorismo, en cambio, comenzó a construir un partido que modificaría la correlación de fuerzas del país. Uno ganó una elección. El otro comenzó una reorganización política cuyos efectos continúan hasta nuestros días.
La política tiene esas ironías. Las victorias pueden contener las semillas de futuras derrotas y los fracasos pueden convertirse en puntos de partida. En 2012, Peña Nieto parecía representar el futuro y López Obrador, para muchos de sus críticos, pertenecía al pasado. Seis años después ocurrió exactamente lo contrario. Aquella noche electoral no cerró el ciclo iniciado en 2006; abrió uno nuevo. El camino hacia 2018 pasó necesariamente por la derrota de 2012, por el rompimiento con el PRD, por el Pacto por México, Ayotzinapa, los escándalos de corrupción y la construcción paciente de Morena. Esa historia explica buena parte del México político de nuestros días.
