Después del plantón de Reforma fui invitado por una universidad francesa a participar en un curso de verano sobre política latinoamericana. Mi amigo Rubén Torres estudiaba entonces un doctorado ahí y propuso mi nombre como uno de los ponentes. Curiosamente, el tema que más interesaba en Francia no era el conflicto poselectoral mexicano, sino el movimiento zapatista, todavía observado desde Europa como una de las expresiones políticas más originales surgidas en América Latina. A mi regreso a México me reincorporé a otra etapa de la resistencia civil, ahora como asesor parlamentario del PRD en el Senado. Había terminado el plantón, pero comenzaba algo mucho más largo: la resistencia.
El movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador entraba en territorio desconocido. Había perdido oficialmente una elección presidencial por apenas unas décimas, denunciaba fraude electoral, desconocía políticamente a Felipe Calderón y, al mismo tiempo, tenía que evitar convertirse exclusivamente en un movimiento de protesta. Ése fue quizá el desafío entre 2006 y 2012: sobrevivir. Sobrevivir políticamente, conservar una base social movilizada, recorrer nuevamente el país, construir organización territorial, mantener una propuesta alternativa y llegar competitivo a la siguiente elección presidencial. Visto desde la perspectiva actual, aquellos seis años fueron el periodo de resistencia más difícil y probablemente más importante en la construcción del obradorismo.
Recuerdo el 1 de diciembre de 2006. La Cámara de Diputados se había convertido en un búnker. Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, y Javier González Garza, El Guëro González, coordinador de los diputados, habían diseñado una estrategia de resistencia para impedir o, por lo menos, dificultar la toma de posesión de Felipe Calderón. López Obrador les había dicho categórico: “Ustedes ya saben lo que deben hacer.“ En San Lázaro había elementos de Estado Mayor, resguardo parlamentario y un enorme dispositivo alrededor del recinto. Los Asesores pasamos la noche en las oficinas del PRD. Diputados y senadores se distribuyeron en distintas áreas del grupo parlamentario. Nadie sabía exactamente cómo terminaría aquella jornada que reflejaba la profundidad de la crisis política.
A la mañana siguinete, un grupo de militares bloqueó la salida del salón donde nos encontrábamos. No hubo golpes ni agresiones, eso debe decirse, pero durante la ceremonia no pudimos abandonar el lugar. En el salón de sesiones, legisladores del PRD, PT y MC intentaban ocupar posiciones, mientras diputados panistas defendían la tribuna. Calderón finalmente ingresó por una ruta lateral del recinto, “tras bandera”, en medio de una ceremonia extraordinariamente breve y bajo una tensión pocas veces observada en una transmisión del poder. La escena condensaba el momento político: México tenía nuevo presidente, pero estaba profundamente deslegitimado.
Felipe Calderón asumió la Presidencia bajo la sombra de una elección extremadamente cerrada. El resultado oficial de 2006 le otorgó una ventaja de aproximadamente 0.56 puntos porcentuales sobre López Obrador. Para las instituciones electorales el proceso quedó jurídicamente concluido; para millones de mexicanos, particularmente quienes habíamos participado en el movimiento poselectoral, permaneció la convicción de que la Presidencia nos había sido arrebatada. Aquí está una precisión: la ruptura entre López Obrador y Calderón proviene fundamentalmente de la elección de 2006. Esa disputa marcaría su relación política durante los siguientes veinte años.
Antes de aquella ruptura, la relación entre ambos había sido muy distinta. López Obrador y Calderón pertenecían a generaciones políticas relativamente cercanas y habían encabezado, en diferentes momentos, a sus respectivos partidos. Hubo interlocución entre dirigentes del PRD y del PAN durante los años noventa, cuando ambas organizaciones se asumían como fuerzas opositoras frente al predominio priista. Las relaciones personales y políticas podían ser cordiales a pesar de las diferencias ideológicas. Precisamente por eso resulta importante entender que la confrontación posterior no fue producto de una enemistad ancestral. Fue consecuencia de la disputa por el poder presidencial, del conflicto poselectoral y de dos interpretaciones absolutamente incompatibles sobre lo ocurrido en 2006.
Calderón necesitaba construir legitimidad política rápidamente. Apenas diez días después de asumir el gobierno puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, considerado el inicio de la estrategia de militarización intensiva del combate al narcotráfico. El gobierno pretendía demostrar autoridad frente a organizaciones criminales que habían adquirido enorme capacidad territorial y de fuego. El problema fue que una estrategia concebida para recuperar el control del Estado terminó acompañada por una escalada exponencial de violencia, fragmentación de organizaciones criminales, crecimiento de homicidios y denuncias por violaciones a los derechos humanos. La llamada guerra contra el narcotráfico se convirtió en el principal signo del sexenio.
No creo que pueda entenderse aquella estrategia exclusivamente como una operación para legitimar a Calderón. El crecimiento del crimen organizado constituía un problema real que el Estado tenía obligación de enfrentar. Pero también resulta imposible separar las decisiones de seguridad del contexto político en que fueron adoptadas. Un presidente cuestionado necesitaba proyectar autoridad. Los uniformes militares, los operativos conjuntos y el despliegue territorial enviaban precisamente esa imagen. El problema fundamental no fue enfrentar al narcotráfico; era indispensable hacerlo. El problema fue emprender una ofensiva sin construir previamente policías locales confiables, capacidades suficientes de inteligencia, ministerios públicos eficientes y mecanismos sólidos para investigar las estructuras financieras del crimen.
El resultado más paradójico y devastador de aquella política apareció años después. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante prácticamente todo el gobierno de Calderón y uno de los principales responsables de instrumentar la estrategia contra el narcotráfico, fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con su colaboración con el Cártel de Sinaloa. En octubre de 2024 recibió una sentencia de 460 meses, más de 38 años de prisión, además de una multa de dos millones de dólares. Pocas circunstancias pueden resultar más graves para evaluar históricamente una política de seguridad.
La condena de García Luna no demuestra por sí misma que toda la estrategia de seguridad de Calderón haya sido diseñada para favorecer a una organización criminal, ni permite atribuir automáticamente responsabilidad penal al expresidente. Eso tendría que demostrarse con pruebas. Pero políticamente constituye un cuestionamiento monumental. El hombre encargado de una parte sustancial del aparato federal de seguridad colaboraba, según la justicia estadounidense, con uno de los grupos que supuestamente combatía. Ése será inevitablemente uno de los epitafios históricos del calderonismo: mientras miles de soldados, marinos, policías y civiles morían en una guerra declarada contra los cárteles, uno de los máximos responsables de combatirlos recibía sobornos del narcotráfico.
Otro capítulo polémico fue el llamado Michoacanazo. En mayo de 2009 fueron detenidos funcionarios y presidentes municipales de Michoacán acusados de tener vínculos con el crimen organizado. La espectacularidad del operativo generó inmediatamente repercusiones políticas porque Michoacán era gobernado por el PRD y era, además, el estado natal del presidente Calderón. Con el tiempo buena parte de los acusados recuperó su libertad debido a las debilidades de las acusaciones. Aquello confirmó en la izquierda que las instituciones de procuración de justicia estaban siendo utilizadas políticamente. Más que hablar de “judicialización de la justicia”, conviene definir el problema como una posible judicialización de la política y politización de la procuración de justicia.
Mientras Calderón gobernaba, López Obrador hizo exactamente lo contrario a desaparecer. Después del conflicto poselectoral pudo haberse retirado, aceptar algún cargo partidista, esperar cómodamente seis años o convertirse simplemente en comentarista de la política nacional. Eligió otra ruta: recorrer nuevamente México. Visitó municipios, comunidades, plazas públicas y pueblos donde los grandes medios nacionales pocas veces llegaban. Esa estrategia fue fundamental. López Obrador comprendió que después de una derrota electoral el problema central no era solamente conservar presencia mediática, sino impedir la desmovilización de quienes habían votado por él. La resistencia civil pacífica dejó entonces de ser únicamente protesta para transformarse paulatinamente en organización territorial.
Ésta es una de las claves para entender el obradorismo. López Obrador convirtió las derrotas en instrumentos organizativos. Lo había hecho después de Tabasco, lo hizo después del desafuero y volvió a hacerlo después de 2006. Cada conflicto era presentado como una batalla dentro de una lucha histórica más amplia. Sus adversarios interpretaban esa conducta como incapacidad para aceptar una derrota; sus seguidores la entendían como perseverancia frente a un sistema político que consideraban injusto. Independientemente de cuál interpretación se adopte, el resultado político es indiscutible: López Obrador mantuvo cohesionada durante seis años una fuerza social suficientemente grande para volver a disputar la Presidencia en 2012.
El momento decisivo de aquella resistencia fue la reforma petrolera de 2008. El gobierno de Calderón planteó modificaciones al marco jurídico de Petróleos Mexicanos que desde el obradorismo fueron interpretadas como el inicio de una privatización progresiva del sector energético. López Obrador encontró entonces una bandera política capaz de vincular la historia nacionalista mexicana con su movimiento. La defensa del petróleo permitió reconstruir movilizaciones, organizar brigadas ciudadanas y recuperar una narrativa que colocaba nuevamente al movimiento en las calles. Mujeres organizadas en las llamadas Adelitas tuvieron una participación particularmente importante. El petróleo dejó de ser exclusivamente un debate técnico para convertirse nuevamente en asunto de soberanía nacional.
La movilización consiguió además algo políticamente fundamental: obligar a ampliar la discusión pública. El debate energético salió de los despachos gubernamentales y llegó al Congreso, universidades, medios de comunicación y plazas públicas. Finalmente se aprobó una reforma mucho más limitada que la transformación energética que algunos sectores gubernamentales inicialmente pretendían. Para López Obrador aquello representó una victoria política parcial. No había conquistado la Presidencia, pero demostraba que podía influir en las decisiones nacionales desde la oposición. También mostraba una característica que después sería permanente: combinar movilización social, presión parlamentaria, discurso nacionalista y organización territorial.
Al mismo tiempo comenzaban a hacerse visibles las diferencias entre López Obrador y una parte de la dirigencia del PRD. Después de 2006 convivían dentro del partido distintas estrategias. Algunos dirigentes consideraban indispensable reconstruir relaciones institucionales con el gobierno federal y negociar reformas; López Obrador sostenía que hacerlo implicaba normalizar a un gobierno surgido, desde su perspectiva, de un fraude electoral. No era solamente una diferencia personal. Se enfrentaban dos concepciones sobre la izquierda: una esencialmente parlamentaria, negociadora e institucional; otra que combinaba elecciones, movilización social y construcción de un movimiento nacional. Esa contradicción terminaría años después con la salida definitiva de López Obrador del PRD.
El sexenio de Calderón también coincidió con una coyuntura económica excepcionalmente compleja. México recibió importantes ingresos petroleros durante varios años de precios internacionales elevados, pero también sufrió el impacto brutal de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. Sería simplista afirmar que todos los problemas económicos fueron responsabilidad exclusiva del gobierno mexicano; la recesión tuvo dimensiones mundiales y golpeó especialmente a una economía estrechamente vinculada con Estados Unidos. Sin embargo, desde la oposición se cuestionó que los recursos extraordinarios derivados del petróleo no hubieran dejado una transformación equivalente en infraestructura, desarrollo regional, industrialización y fortalecimiento de las capacidades productivas del Estado.
Para el obradorismo, el sexenio calderonista confirmó las críticas formuladas desde años atrás contra el modelo económico neoliberal. La tesis era sencilla: México producía riqueza, recibía ingresos petroleros importantes y poseía enormes recursos naturales, pero mantenía desigualdades estructurales, bajos salarios y regiones enteras marginadas del desarrollo. López Obrador contrapuso a ese modelo su llamado Proyecto Alternativo de Nación: austeridad gubernamental, eliminación de privilegios, fortalecimiento del mercado interno, recuperación de la rectoría económica del Estado, defensa de los energéticos y programas sociales universales. Muchas de aquellas propuestas serían retomadas, modificadas o ampliadas cuando finalmente llegó a la Presidencia en 2018.
Pero entre 2008 y 2010 la pregunta seguía siendo otra: ¿podría López Obrador volver a ser candidato presidencial? Dentro del PRD apareció una alternativa real: Marcelo Ebrard Casaubón. Como jefe de Gobierno del Distrito Federal, Ebrard había construido una administración con proyección nacional. Representaba para algunos sectores una izquierda más moderna, urbana y conciliadora; tenía relaciones distintas con empresarios, medios de comunicación y grupos sociales que mantenían fuertes resistencias hacia López Obrador. Por primera vez desde 2006, el liderazgo del tabasqueño enfrentaba una competencia interna seria. Ya no bastaba con reivindicar el resultado electoral anterior. Había que demostrar quién tenía mejores posibilidades para disputar nuevamente la Presidencia.
La competencia se resolvió mediante una batería de encuestas acordada entre ambos. Los estudios mostraron resultados diferentes según las preguntas: Ebrard tenía mejores niveles en algunos indicadores de opinión, mientras López Obrador aparecía mejor colocado en variables relacionadas con intención electoral. Finalmente, en noviembre de 2011 se anunció que López Obrador había ganado el mecanismo acordado y Ebrard reconoció el resultado. Aquella decisión evitó una ruptura que pudo haber sido desastrosa para la izquierda. Marcelo permaneció como jefe de Gobierno hasta concluir su mandato y López Obrador obtuvo nuevamente la candidatura presidencial del PRD y sus aliados.
Para entonces había ocurrido algo todavía más importante: el obradorismo comenzaba a adquirir una estructura propia. El 2 de octubre de 2011 se constituyó formalmente Movimiento Regeneración Nacional como asociación civil. Documentos del propio Instituto Federal Electoral registraron aquella constitución y su propósito de impulsar una transformación por la vía pacífica y democrática mediante la organización ciudadana de base. Éste fue un cambio cualitativo. Lo que durante años había sido identificado principalmente como lopezobradorismo empezaba a adquirir nombre, estructura territorial, comités, dirigentes y militantes. Morena todavía no era partido político, pero comenzaba a prepararse la organización que cambiaría el sistema de partidos mexicano.
La creación de Morena fue también una respuesta a las limitaciones del PRD. López Obrador comprendió que depender exclusivamente de las estructuras partidistas significaba someter su proyecto a corrientes internas, negociaciones de dirigencias y conflictos que muchas veces tenían poca relación con las necesidades de su movimiento. Morena comenzó como una organización paralela, vinculada electoralmente al PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pero con identidad propia. Esa doble estructura permitió que López Obrador llegara a 2012 respaldado por partidos con registro y recursos públicos, pero también por miles de ciudadanos organizados alrededor de un movimiento cuyo centro político indiscutible era él.
La campaña de 2012 fue distinta a la de 2006. López Obrador comprendió que necesitaba reducir los negativos acumulados después del conflicto poselectoral y presentó un discurso más conciliador, sintetizado en la idea de una “república amorosa”. Sus críticos se burlaron del concepto y señalaron la contradicción entre años de confrontación y un mensaje repentinamente moderado. Sin embargo, había una lógica electoral evidente: conservar al núcleo duro del obradorismo y recuperar sectores de clase media que habían votado por él en 2006 pero se habían alejado después del plantón de Reforma. La resistencia necesitaba transformarse nuevamente en una coalición electoral suficientemente amplia para competir por la Presidencia.
López Obrador participó bajo la coalición Movimiento Progresista, integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Ricardo Monreal fue el coordinación de la campaña y alrededor del candidato se incorporaron dirigentes políticos, intelectuales, empresarios y representantes de organizaciones sociales. La propuesta continuó girando alrededor del Proyecto Alternativo de Nación: combate a la corrupción, austeridad republicana, reducción de privilegios gubernamentales, crecimiento económico, creación de empleos y defensa de los recursos estratégicos. Era, en buena medida, la actualización del programa construido durante los años de resistencia. López Obrador llegaba a su segunda elección presidencial no sólo con una candidatura, sino con seis años de organización acumulada.
Entonces apareció un fenómeno inesperado: #YoSoy132. El movimiento surgió después de la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo de 2012. Tras cuestionamientos a los estudiantes que habían protestado contra el candidato priista, 131 jóvenes difundieron un video identificándose como alumnos de esa universidad. La solidaridad expresada bajo la idea “Yo soy el 132” convirtió rápidamente aquella protesta en un movimiento nacional que cuestionó, entre otras cosas, la relación entre medios de comunicación y poder político. Para el obradorismo significó la incorporación al debate público de una generación que no había protagonizado la resistencia de 2006.
Sería incorrecto afirmar que #YoSoy132 perteneció a López Obrador. Fue un movimiento heterogéneo, predominantemente estudiantil, que reivindicó su autonomía respecto de los partidos. Sin embargo, también es cierto que muchas de sus críticas coincidían con cuestionamientos formulados durante años por la izquierda: concentración mediática, inequidad en la competencia política, autoritarismo y temor al regreso del PRI. López Obrador fue quien electoralmente obtuvo mayores beneficios de aquella movilización porque representaba la principal alternativa frente a Peña Nieto. Las universidades y las redes sociales se convirtieron entonces en espacios fundamentales de una campaña donde por primera vez Internet comenzó a disputar seriamente la capacidad de los medios tradicionales para construir la agenda política nacional.
El cierre de campaña volvió a demostrar la capacidad de movilización acumulada. El 27 de junio de 2012 una multitud acompañó a López Obrador desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Seis años después del conflicto poselectoral, ahí seguían decenas de miles de ciudadanos que habían participado en las marchas, el plantón, las brigadas petroleras y las giras nacionales. Otros se incorporaban por primera vez. Ése fue quizá el principal triunfo de aquella etapa: haber mantenido viva una fuerza política durante todo un sexenio adverso. No había aparato gubernamental federal detrás del movimiento. Su principal capital era una combinación de liderazgo personal, organización territorial, militancia partidista y movilización social.
Pero nuevamente no alcanzó para ganar. Enrique Peña Nieto obtuvo la Presidencia y López Obrador quedó en segundo lugar con algo más del 31 por ciento de los votos. Después de la jornada electoral, el candidato de la izquierda denunció compra y coacción del voto, financiamiento irregular y gasto excesivo de la campaña priista. Presentó impugnaciones ante las autoridades electorales y exigió invalidar la elección. Finalmente, los órganos competentes confirmaron el resultado y Peña Nieto fue declarado presidente electo. El PRI regresaba a Los Pinos después de doce años de gobiernos panistas. Para López Obrador era su segunda derrota presidencial consecutiva. Para cualquier político convencional probablemente habría significado el final de su carrera.
Pero López Obrador no era ya solamente un candidato. Detrás de él existía una organización que durante el sexenio de Calderón había pasado de la resistencia poselectoral a convertirse en un movimiento nacional. Ésa es, a mi juicio, la verdadera importancia histórica del periodo 2006-2012. El obradorismo pudo desaparecer después de Reforma. Pudo fragmentarse en las disputas internas del PRD. Pudo desgastarse en la defensa del petróleo. Pudo dividirse entre López Obrador y Marcelo Ebrard. Pudo quedar reducido a una expresión testimonial después de perder nuevamente la Presidencia. Nada de eso ocurrió. Al contrario: al terminar el sexenio calderonista tenía mayor estructura propia que al comenzarlo.
Felipe Calderón, por su parte, concluyó el sexenio sin conseguir que el PAN conservara la Presidencia. Josefina Vázquez Mota fue la candidata panista en 2012 y terminó en tercer lugar. Aquí también conviene precisar que su candidatura no puede reducirse simplemente a una imposición personal de Calderón: Vázquez Mota ganó la contienda interna del PAN frente a Ernesto Cordero y Santiago Creel. Sin embargo, el resultado electoral representó una derrota contundente para el partido gobernante. Después de doce años, el PAN regresaba a la oposición y el PRI recuperaba la Presidencia. Paradójicamente, mientras el calderonismo perdía el poder, el movimiento que había intentado derrotar políticamente desde 2006 permanecía vivo.
La animadversión entre López Obrador y Calderón sobrevivió a ambos gobiernos porque nació de una disputa que nunca quedó resuelta políticamente. Las instituciones determinaron que Calderón ganó la elección de 2006 y esa resolución produjo efectos jurídicos definitivos. López Obrador jamás aceptó esa conclusión como verdad histórica. Para él, Calderón fue el beneficiario de un fraude; para Calderón, López Obrador fue un candidato incapaz de reconocer una derrota democrática. Esas dos narrativas continúan siendo irreconciliables. Cuando López Obrador llegó finalmente a la Presidencia en 2018, la discusión sobre Calderón, García Luna, la guerra contra el narcotráfico y el fraude de 2006 regresó constantemente al centro del discurso presidencial.
Vista a la distancia, la resistencia civil pacífica fue mucho más que marchas, mítines y bloqueos. Fue una escuela de formación política. Durante aquellos años surgieron cuadros, redes territoriales, medios alternativos, comités ciudadanos y una narrativa histórica compartida. También se construyeron resentimientos, dogmas y una visión profundamente polarizada de la política mexicana. El obradorismo aprendió a desconfiar de autoridades electorales, grandes medios de comunicación, grupos empresariales y élites políticas. Algunas de esas desconfianzas tenían antecedentes y argumentos concretos; otras terminaron convertidas en generalizaciones. Comprender al obradorismo exige reconocer ambas dimensiones: su extraordinaria capacidad organizativa y los costos políticos de una identidad construida permanentemente alrededor del conflicto.
Entre 2006 y 2012 se definieron, además, muchos rasgos que después caracterizarían al gobierno de López Obrador: comunicación directa con la población, recorridos territoriales permanentes, austeridad como bandera política, prioridad de los programas sociales, nacionalismo energético, crítica a los organismos autónomos, confrontación tradicionales. Incluso la idea de separar el poder económico del poder político estaba presente desde entonces. El gobierno iniciado en 2018 no surgió espontáneamente después de la elección. Buena parte de sus conceptos fundamentales se había construido durante las décadas anteriores y, especialmente, durante los seis años de resistencia frente al calderonismo.
Hay derrotas que destruyen movimientos y derrotas que los transforman. La de 2006 perteneció a la segunda categoría. López Obrador perdió oficialmente la Presidencia, pero construyó alrededor de esa derrota una identidad política que sobrevivió doce años hasta conquistar el gobierno federal. Durante el sexenio de Felipe Calderón esa identidad dejó de depender exclusivamente del PRD y comenzó a llamarse Morena. La defensa del petróleo le dio una causa; los recorridos nacionales, territorio; las brigadas, organización; la confrontación con Calderón, adversario; el Proyecto Alternativo de Nación, programa; y la elección de 2012, una segunda oportunidad para medir su fuerza.
Considero que el gobierno de Felipe Calderón fue, paradójicamente, uno de los periodos fundacionales del obradorismo contemporáneo. Calderón ocupaba la Presidencia; López Obrador recorría las plazas. Uno tenía las instituciones del Estado; el otro construía una organización social. Uno enfrentaba las consecuencias de una estrategia de seguridad cada vez más cuestionada; el otro transformaba el descontento en capital político. Al terminar 2012 ninguno de los dos podía proclamarse vencedor definitivo: Calderón entregaba el poder al PRI y López Obrador perdía nuevamente la elección presidencial. Pero debajo de aquellos resultados estaba ocurriendo una transformación mucho más profunda del sistema político mexicano.
Vendría después la separación del PRD, la conversión de Morena en partido político, las elecciones intermedias de 2015, la reorganización de las izquierdas y finalmente la elección de 2018. Pero ésa es otra parte de la historia. Lo que ocurrió entre 2006 y 2012 merece entenderse como el invierno del obradorismo: seis años de resistencia, movilización, organización y aprendizaje después de una derrota traumática. Quienes solamente observan el triunfo de 2018 pierden de vista que aquella victoria comenzó a construirse mucho antes. Comenzó también aquella madrugada del 1 de diciembre de 2006, dentro de una Cámara de Diputados sitiada, mientras Felipe Calderón entraba apresuradamente a rendir protesta y, afuera, una parte del país se preparaba para seis años de resistencia política.
