Las declaraciones del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, el pasado lunes 16 de junio en la conferencia matutina, pasaron de ser una exposición institucional a convertirse en una auténtica bomba de humo. Lo que parecía una simple actualización sobre las labores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pronto desató una oleada de incertidumbre, confusión y enojo en la opinión pública.
Y no era para menos. Al hablar de “recuperación de viviendas abandonadas” sin precisión jurídica, sin distinguir entre abandono y morosidad, y sin dar claridad sobre el trato a ocupantes legales, Romero pareció dar luz verde —aunque no lo dijera abiertamente— a los despojos masivos de viviendas de interés social. Un problema tan real como doloroso que afecta a cientos de familias en la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del país.
La confusión fue tal que al día siguiente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tuvo que salir a aclarar que no, el gobierno no está promoviendo los desalojos ni criminalizando a los deudores del Infonavit. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras mal calibradas del funcionario abrieron una herida que nunca ha cerrado: la precariedad jurídica, social y urbanística que rodea a las viviendas de interés social.
Esta confusión mediática y gubernamental trajo a la memoria uno de los casos más emblemáticos y trágicos de esta problemática: el de doña Carlota, una adulta mayor que hace unos meses asesinó a dos hombres que intentaban despojarla de su vivienda. En una sociedad profundamente desigual y con instituciones incapaces de ofrecer certeza jurídica, la legítima defensa se convierte, muchas veces, en el último recurso ante la impunidad.
No fue un caso aislado. Cada semana surgen denuncias de personas que pierden su hogar por tecnicismos administrativos, omisiones legales o, peor aún, por acciones de grupos criminales que ven en los complejos habitacionales un botín fácil. La vivienda, derecho humano básico, se convierte en moneda de cambio, en propiedad disputada, en trofeo de guerra de los poderes fácticos.
Para comprender la magnitud del problema es necesario realizar un diagnóstico serio, profundo y multidimensional sobre la situación de las viviendas de interés social en México. Y, sobre todo, identificar con claridad a los distintos actores involucrados. Podemos hablar de al menos siete casos típicos:
1. Familias cumplidas: aquellas que viven en la vivienda adquirida con crédito Infonavit y están al corriente en sus pagos. Este debería ser el caso ideal, pero es ya una minoría.
2. Familias con rezago: personas que viven en su vivienda pero han caído en distintos grados de atraso en el pago de su hipoteca. El riesgo de desalojo y de acumulación de intereses les acecha cada mes.
3. Arrendadores responsables o morosos: quienes prestan o rentan sus departamentos, ya sea estando al corriente o no en sus pagos. Aquí se multiplican los conflictos entre derechohabientes y ocupantes.
4. Traspasos informales: créditos vendidos o transferidos sin regularización jurídica. Un limbo legal que suele derivar en juicios, fraudes y despojos.
5. Viviendas abandonadas: unidades que fueron deshabitadas por diversas razones (inseguridad, lejanía, falta de servicios), generando focos de inseguridad y deterioro urbano.
6. Ocupantes de buena fe: arrendatarios o moradores que desean comprar la vivienda que habitan, pero que no tienen acceso a un mecanismo legal y asequible para hacerlo.
7. Víctimas de despojo: titulares legítimos de crédito que han sido desplazados por grupos criminales o inquilinos violentos, sin que las autoridades intervengan eficazmente para proteger su propiedad.
Este mosaico social no puede ni debe ser resuelto con generalizaciones ni con discursos fáciles desde el púlpito burocrático. Cada uno de estos casos requiere un tratamiento jurídico y social diferenciado, con enfoque en derechos humanos, justicia social y perspectiva territorial.
Más allá de los problemas legales, la realidad física de muchas viviendas de interés social es alarmante. Unidades mal construidas, sin mantenimiento, con servicios públicos ineficientes, ubicadas en zonas periféricas sin conectividad ni oportunidades económicas. La marginación habitacional en México no es solo una cuestión de propiedad, es un problema integral de exclusión urbana.
El Infonavit, durante décadas, promovió la construcción de desarrollos masivos sin planificación urbana. Miles de casas fueron colocadas en terrenos baratos pero lejanos, sin transporte, sin escuelas, sin seguridad. Hoy, esos espacios son tierra fértil para la delincuencia, para el abandono y para los despojos.
Por eso resulta urgente un nuevo enfoque para las políticas de vivienda: no basta con construir casas, hay que edificar comunidad. No basta con entregar escrituras, hay que garantizar servicios. No basta con ofrecer créditos, hay que asegurarse que la deuda no devore a las familias.
En este contexto, la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir 2 millones de viviendas durante su sexenio es una oportunidad y, al mismo tiempo, una advertencia. ¿Qué tipo de vivienda se construirá? ¿Dónde? ¿Con qué reglas jurídicas y financieras? ¿Qué papel jugará el Infonavit en este proceso?
Si no se acompaña esta meta con un nuevo marco normativo que garantice la protección de los habitantes y el uso social de la vivienda, el riesgo es construir nuevos infiernos urbanos. México no necesita más “huevitos” de concreto en medio de la nada. Necesita hogares dignos, seguros, conectados y protegidos jurídicamente.
El Infonavit, que nació con el objetivo de ofrecer vivienda digna a los trabajadores, ha mutado en una maquinaria burocrática que muchas veces opera sin empatía ni claridad jurídica. Su falta de sensibilidad ante las historias de despojo, sus políticas uniformes y sus procesos administrativos opacos han erosionado la confianza ciudadana.
No es casual que haya proliferado un mercado negro de traspasos, fraudes y despojos. En parte, este fenómeno ocurre por la ausencia del Estado, por la dificultad de regular los contratos y por la falta de mecanismos ágiles de mediación entre ocupantes y propietarios.
Romero Oropeza, en vez de generar confianza y certidumbre, detonó una bomba de ambigüedad que dejó en evidencia la necesidad urgente de una reforma integral al Infonavit y al modelo de vivienda social en el país. No se puede hablar de transformación sin limpiar la casa desde adentro.
El gobierno federal enfrenta una tarea monumental: rehacer la política de vivienda desde sus cimientos. Para hacerlo bien, se necesita voluntad política, transparencia, participación ciudadana y un diagnóstico exhaustivo, que incluya:
- El número exacto de viviendas de interés social construidas.
- Su situación legal, financiera y ocupacional.
- La red de servicios básicos (agua, luz, transporte, salud, educación).
- Los niveles de seguridad, violencia y marginación urbana.
- Un censo de ocupantes y un sistema de mediación eficiente.
Sin esta información, cualquier programa será como construir sobre lodo. Las autoridades deben caminar con pies de plomo, porque cada error afecta la vida de miles de familias. No se trata de cifras ni de inmuebles, sino de personas, de derechos y de dignidad.
En el México de las desigualdades estructurales, defender la vivienda social es defender el corazón de la justicia social. Cada casa despojada es una historia rota. Cada familia desplazada es una tragedia colectiva. Cada silencio institucional es una complicidad.
La Cuarta Transformación no puede mirar hacia otro lado. Tiene que mirar de frente el problema, escuchar a las víctimas, regular los abusos y construir no sólo casas, sino una nueva política habitacional basada en la dignidad, el arraigo y la justicia.
La promesa de un país más justo empieza, literalmente, por el lugar donde dormimos. La casa es más que un techo: es la patria en miniatura. No dejemos que se la roben. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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