La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento en el que las decisiones de Washington tienen efectos que van más allá de los asuntos comerciales, migratorios y de seguridad. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno norteamericano contra actores políticos mexicanos han vuelto a colocar sobre la mesa la discusión sobre los límites de la influencia de una potencia extranjera en los asuntos internos de otro país.
La agenda bilateral es muy amplia y toca distintos ángulos como los de carácter político que alerta al gobierno mexicano sobre todo si se considera la intención del aparato gubernamental norteamericano de tener gobiernos afines en todo el continente latinoamericano.
Esto incluye a México que tendrá elecciones federales en el 2027 y se renovarán 17 gobiernos estatales. Y también se considera a Brasil que en este año elegirá a un nuevo presidente. Aquí llama la atención la conducta del presidente de Argentina que muestra con nitidez la función que realizarán todos esos gobernantes latinoamericanos que sean impuestos por el gobierno norteamericano: debilitar candidaturas que no sean coincidentes con el interés de Estados Unidos.
El escenario regional comienza a mostrar con mayor claridad esta nueva relación de fuerzas. La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos se ha intensificado, mientras Washington impulsa nuevas formas de coordinación regional contra el narcotráfico. La reciente conferencia internacional de la DEA celebrada en Buenos Aires, con participación de México, es una muestra de cómo esta agenda de seguridad adquiere una dimensión continental.
Al mismo tiempo, la política comercial estadounidense continúa ejerciendo presión sobre América Latina. Los aranceles impuestos por Washington afectan a distintos países de la región y obligan a sus gobiernos a negociar permanentemente sus condiciones de relación con Estados Unidos. México no es ajeno a este escenario y mantiene una relación en la que la cooperación resulta indispensable, pero también lo es preservar la capacidad de tomar decisiones propias.
El escenario es complejo y el debate por la soberanía no es asunto sólo de la presidenta Sheinbaum, sino de todos los actores políticos mexicanos. Esta es una versión que invita a la reflexión pública en México.
La discusión adquiere especial importancia cuando México se aproxima al proceso electoral de 2027, que implicará la renovación de la Cámara de Diputados y de 17 gubernaturas, además de numerosos cargos locales. El propio Instituto Nacional Electoral ha señalado que se trata de uno de los procesos electorales de mayor magnitud en la historia del país. En este contexto, la soberanía también significa preservar la autonomía de las decisiones políticas. No se trata de cerrar las puertas a la cooperación internacional ni de desconocer la importancia de la relación con Estados Unidos, sino de garantizar que el futuro político de México y de los países latinoamericanos sea decidido por sus ciudadanos. La discusión apenas comienza y tendrá una presencia cada vez mayor conforme se acerquen los procesos electorales de la región.
