Recuerdo aquellos días de diciembre de 2013 en el Senado de la República. Me desempeñaba como secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez y asesor de Miguel Barbosa Huerta, entonces coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Fueron jornadas interminables, cargadas de tensión, movilizaciones, reuniones, negociaciones y debates. Afuera del Senado había un cerco de ciudadanos que rechazaban la reforma energética. Adentro, legisladores de izquierda intentaban frenar una mayoría que parecía tener decidido el resultado de antemano. Visto a la distancia, aquel diciembre no solamente fue la batalla por el petróleo. Fue también uno de los momentos fundacionales del nuevo sistema político mexicano.
Ese diciembre de 2013 fue terrible para la izquierda. Enrique Peña Nieto vivía el mejor momento de su presidencia. Había ganado las elecciones un año antes, recuperado Los Pinos para el PRI y construido, mediante el Pacto por México, una mayoría política que iba mucho más allá de los votos obtenidos en las urnas. PRI, PAN y PRD habían firmado un acuerdo que permitió procesar varias de las llamadas reformas estructurales. En los círculos financieros y políticos internacionales se hablaba del “Mexican Moment”. Unos meses después, en febrero de 2014, la revista Time llevaría a Peña Nieto a su portada bajo el provocador título Saving Mexico.
Era el México de las reformas estructurales. Reforma educativa, telecomunicaciones, competencia económica, financiera, fiscal y, finalmente, energética. El discurso oficial sostenía que México estaba cambiando aceleradamente y que las reformas permitirían liberar el potencial económico contenido durante décadas. La narrativa era poderosa y estaba acompañada por buena parte de los grandes medios de comunicación, organismos empresariales y centros financieros nacionales e internacionales. Peña Nieto parecía haber conseguido lo que Felipe Calderón y Vicente Fox no pudieron: construir acuerdos políticos suficientes para modificar algunas de las estructuras jurídicas y económicas más importantes surgidas del régimen posrevolucionario.
Pero había una frontera que para la izquierda mexicana resultaba prácticamente infranqueable: el petróleo. Desde la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, Petróleos Mexicanos había adquirido una dimensión que iba mucho más allá de una empresa pública. Pemex era parte de la identidad nacional, símbolo de soberanía y expresión de la capacidad del Estado mexicano para ejercer el dominio sobre sus recursos estratégicos. Por eso, modificar los artículos 27 y 28 constitucionales no podía ser visto exclusivamente como un asunto económico. Para amplios sectores de la izquierda significaba cambiar uno de los pilares históricos del pacto social mexicano.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto planteó una transformación profunda del modelo energético. La reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y estableció nuevas posibilidades para la participación privada mediante diferentes esquemas contractuales en hidrocarburos y electricidad. El gobierno aseguraba que el petróleo seguiría siendo propiedad de la nación y que Pemex no sería privatizado. La oposición respondía que, aunque formalmente la propiedad de los hidrocarburos permaneciera en manos del Estado, la apertura de actividades fundamentales al capital privado significaba modificar sustancialmente el modelo construido durante décadas. Ahí estaba el centro político e ideológico de la discusión.
Peña Nieto tenía las condiciones parlamentarias para sacar adelante la reforma. El PRI contaba con el respaldo del Partido Verde y, fundamentalmente, con el PAN, que históricamente había defendido una mayor participación privada en el sector energético. Del otro lado estaban el PRD, que para entonces había decidido abandonar el Pacto por México, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. En las calles estaba Morena, todavía no como partido político, sino como movimiento social en proceso de construcción partidista. La batalla se libraba simultáneamente en tres espacios: las cámaras del Congreso, los medios de comunicación y las calles de la Ciudad de México.
La izquierda estaba dividida, eso era evidente. La ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y el PRD ocurrida después de las elecciones presidenciales de 2012 había dejado heridas profundas. López Obrador había tomado la decisión de construir su propia organización política. Mientras tanto, el PRD había optado por participar inicialmente en el Pacto por México. Las diferencias estratégicas eran enormes. Sin embargo, frente a la reforma energética se produjo una coincidencia fundamental. Desde organizaciones distintas y mediante métodos diferentes, la izquierda parlamentaria y el movimiento encabezado por López Obrador actuaron en defensa de lo que consideraban un sector estratégico de la nación.
Yo fui testigo de aquella circunstancia. En las inmediaciones de la nueva sede del Senado, en Paseo de la Reforma 135, se desarrollaron durante días dos batallas paralelas. Adentro estaban senadoras y senadores del PRD como Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Mario Delgado, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna y Alejandra Barrales, entre otros. Las diferencias internas del grupo eran conocidas, pero en aquella coyuntura prevaleció la oposición a la reforma. Hubo discursos, reservas, argumentos históricos, económicos y constitucionales. La izquierda parlamentaria sabía que probablemente perdería la votación, pero decidió dar la batalla hasta el último momento.
Afuera ocurría algo igualmente importante. Sobre Paseo de la Reforma y las calles cercanas al Senado se instalaron miles de simpatizantes y militantes de Morena. Ahí estaban Yeidckol Polevnsky, Claudia Sheinbaum, Horacio Duarte, Martí Batres, Andrés Manuel López Beltrán y muchos dirigentes que años después ocuparían posiciones centrales en el gobierno y en el sistema político mexicano. No eran todavía el partido gobernante ni tenían la enorme estructura electoral que construirían posteriormente. Eran una oposición callejera, organizada alrededor del liderazgo de López Obrador y de una causa histórica de la izquierda mexicana: la defensa del petróleo.
Andrés Manuel había encabezado días antes, el 1 de diciembre, una movilización en el Zócalo capitalino. Su estrategia era recurrir nuevamente a la resistencia civil pacífica, método utilizado durante años en sus luchas políticas. Convocó a sus seguidores a participar en la defensa del petróleo y anunció la movilización alrededor del Senado. Morena buscaba impedir políticamente que la reforma avanzara sin resistencia social. Era una organización todavía en formación que apenas en enero de aquel año había iniciado formalmente ante la autoridad electoral el procedimiento para convertirse en partido político. La reforma energética se convirtió así en una prueba política y organizativa decisiva para el naciente movimiento.
Entonces ocurrió lo inesperado. La madrugada del 3 de diciembre de 2013, Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto agudo al miocardio. Tenía 60 años y llevaba semanas sometido a jornadas intensas de movilización, reuniones y recorridos. Fue trasladado al hospital Médica Sur, donde fue atendido de emergencia. Los médicos realizaron los procedimientos necesarios para restablecer el flujo sanguíneo de una arteria coronaria obstruida. El dirigente que debía encabezar personalmente una de las movilizaciones políticas más importantes de su trayectoria quedó repentinamente fuera de combate. La noticia recorrió el país y provocó una enorme incertidumbre entre sus seguidores.
La dimensión humana de aquel episodio no debe perderse entre las interpretaciones políticas. López Obrador estuvo frente a una situación médica grave. Años después él mismo hablaría sobre aquellos momentos y sobre la presión a la que estaba sometido durante la batalla contra la reforma energética. El hombre que llevaba años recorriendo plazas, encabezando mítines, realizando giras nacionales y construyendo una nueva organización política fue obligado a detenerse. El 7 de diciembre salió del hospital con indicaciones de guardar varias semanas de reposo. La política, sin embargo, no se detuvo. El calendario legislativo siguió avanzando mientras el principal dirigente opositor permanecía convaleciente.
Casi simultáneamente, Miguel Barbosa Huerta atravesó una severa crisis de salud que lo obligó a una prolongada hospitalización. Para el PRD en el Senado significó la ausencia de su coordinador en una de las batallas parlamentarias más importantes de la legislatura. Resulta difícil transmitir ahora el ambiente de aquellos días. Dos de los actores más relevantes de la oposición enfrentaban graves problemas médicos mientras se procesaba una reforma que modificaba el régimen constitucional de los energéticos. La política tiene estas ironías. Mientras las instituciones avanzan con la frialdad de los procedimientos parlamentarios, detrás de ellas existen personas sometidas a presiones, enfermedades, incertidumbres y circunstancias que pueden cambiarlo todo.
Sin López Obrador físicamente presente, Morena decidió continuar. Andrés Manuel López Beltrán adquirió visibilidad en la movilización, acompañado por dirigentes y militantes que mantuvieron las protestas alrededor del Senado. Aquello demostró algo que quizá entonces no valoramos suficientemente: Morena empezaba a convertirse en una organización capaz de actuar incluso ante la ausencia temporal de su principal dirigente. El movimiento había nacido alrededor del liderazgo indiscutible de López Obrador, pero la lucha contra la reforma energética obligó a sus cuadros a organizarse, tomar decisiones, mantener movilizaciones y sostener políticamente una causa sin la presencia permanente del líder.
En el Senado ocurrió algo parecido. La oposición parlamentaria sabía perfectamente que los números no estaban de su lado. PRI, PAN y Verde tenían los votos suficientes. Sin embargo, una minoría parlamentaria no solamente existe para ganar votaciones. También está para dejar constancia, presentar alternativas, denunciar, debatir y construir una posición política frente a la sociedad. Durante aquellas jornadas se discutieron cientos de reservas y se pronunciaron discursos que recuperaban desde la expropiación cardenista hasta los riesgos económicos de la apertura. Para algunos aquello fue obstruccionismo parlamentario. Para quienes participamos en esas jornadas era simplemente utilizar todos los recursos legales disponibles para defender una posición.
La reforma avanzó. Las comisiones senatoriales aprobaron el dictamen y posteriormente el Pleno del Senado avaló las modificaciones constitucionales. La Cámara de Diputados hizo lo propio. Después vino la rápida aprobación de las legislaturas estatales necesaria para completar el procedimiento del Constituyente Permanente. Finalmente, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia energética. Se modificaron los artículos 25, 27 y 28. La batalla parlamentaria estaba perdida para la izquierda. Pero las consecuencias políticas de aquella derrota apenas comenzaban.
Hay victorias legislativas que terminan convirtiéndose en derrotas políticas y derrotas parlamentarias que sirven para construir movimientos. Algo parecido ocurrió en diciembre de 2013. Peña Nieto ganó la reforma energética, pero la izquierda encontró en aquella lucha una bandera que utilizaría durante los siguientes años. Morena perdió la batalla legislativa porque ni siquiera tenía representación parlamentaria propia, pero ganó identidad política. Se presentó ante millones de mexicanos como una organización claramente diferenciada del PRI, del PAN y también del PRD que había participado inicialmente en el Pacto por México. La defensa del petróleo ayudó a darle contenido político a una organización que todavía estaba construyendo su estructura nacional.
Ese punto es fundamental para comprender el nacimiento de Morena. Los partidos políticos no se construyen solamente mediante documentos básicos, padrones de afiliados, asambleas estatales y requisitos administrativos. Se construyen mediante causas. Morena encontró durante aquellos años varias: la oposición a las reformas estructurales, la crítica al Pacto por México, la denuncia de la corrupción, la defensa del petróleo y el rechazo al modelo económico que López Obrador definía como neoliberal. El movimiento comenzó a ofrecer una explicación sencilla pero políticamente poderosa: PRI y PAN representaban esencialmente el mismo proyecto económico, mientras el PRD había terminado acercándose a ellos mediante el Pacto.
La reforma energética ayudó a convertir esa narrativa en experiencia política concreta. Morena podía señalar que PRI y PAN habían votado juntos una modificación constitucional histórica. También podía recordar que el PRD había firmado inicialmente el Pacto por México, aunque después lo abandonara precisamente ante las diferencias por la reforma energética. En política, los símbolos pesan tanto como los documentos. La fotografía de las fuerzas políticas tradicionales negociando reformas contrastaba con las imágenes de los simpatizantes de Morena cercando pacíficamente el Senado. Esa diferencia alimentó una identidad que cinco años después tendría consecuencias electorales extraordinarias.
Por eso considero que diciembre de 2013 fue una coyuntura decisiva en la formación del Movimiento Regeneración Nacional. Morena había iniciado formalmente en enero de aquel año el proceso para convertirse en partido político. Tenía que realizar asambleas, acreditar militantes y construir estructuras en todo el territorio nacional. La defensa del petróleo ofreció una causa capaz de articular esas estructuras. En julio de 2014 el Instituto Nacional Electoral otorgaría formalmente el registro a Morena como partido político nacional. La organización acreditó casi medio millón de afiliados y treinta asambleas estatales válidas. En muy poco tiempo había pasado de movimiento social a fuerza política institucional.
La historia posterior es conocida. Morena participó por primera vez en una elección federal en 2015 y consiguió representación en la Cámara de Diputados. En 2016 ganó importantes posiciones locales; en 2017 estuvo cerca de conquistar el Estado de México y en 2018 arrasó electoralmente. López Obrador ganó la Presidencia de la República en su tercer intento. Morena obtuvo mayorías parlamentarias y desplazó al PRD como principal fuerza de la izquierda mexicana. Muchos de quienes estuvieron en las calles alrededor del Senado en diciembre de 2013 llegaron después a las principales responsabilidades del Estado mexicano. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, se convertiría primero en jefa de Gobierno y después en presidenta de México.
También resulta inevitable observar la trayectoria de quienes estaban dentro del Senado. Mario Delgado terminaría presidiendo Morena; Zoé Robledo ocuparía responsabilidades centrales en el gobierno de López Obrador; Raúl Morón se incorporaría al nuevo movimiento; Alejandro Encinas desempeñaría importantes cargos en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Otros siguieron caminos políticos diferentes. Aquella bancada del PRD contenía ya algunas de las fracturas que después modificarían completamente el mapa de la izquierda mexicana. En diciembre de 2013 todavía compartíamos una trinchera parlamentaria. Pocos años después, muchos de aquellos compañeros estarían militando en organizaciones distintas.
La paradoja histórica es enorme. El Pacto por México fue diseñado para fortalecer la capacidad reformadora del gobierno de Peña Nieto, pero también aceleró la crisis del sistema de partidos que lo había hecho posible. Fortaleció temporalmente al presidente, pero debilitó al PRD, profundizó las diferencias dentro de la izquierda y abrió un espacio político enorme para Morena. El PRI y el PAN consiguieron aprobar buena parte de su agenda reformadora, pero al hacerlo facilitaron la construcción del argumento que López Obrador repetiría durante la campaña de 2018: que ambos partidos representaban las dos caras de un mismo régimen.
La reforma energética fue quizá el ejemplo más poderoso de esa tesis. Para López Obrador no se trataba únicamente de una mala política pública, sino de la culminación de un proceso iniciado décadas atrás mediante el cual los gobiernos neoliberales habían reducido la capacidad económica del Estado y abierto sectores estratégicos a intereses privados. Se podía estar de acuerdo o no con esa interpretación, pero políticamente era eficaz porque conectaba una reforma concreta con una explicación general del país. Privatización, corrupción, desigualdad y pérdida de soberanía aparecían integradas dentro de una misma narrativa política.
Cuando López Obrador llegó a la Presidencia en diciembre de 2018, la política energética volvió a cambiar de dirección. Su gobierno colocó el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en el centro de su proyecto. Impulsó la refinería de Dos Bocas, adquirió la totalidad de la refinería Deer Park, buscó aumentar la capacidad de refinación nacional y modificó el marco jurídico y regulatorio para recuperar una mayor presencia estatal en el sector. Más allá de la discusión indispensable sobre costos, resultados, eficiencia y sustentabilidad, existe una línea política evidente entre las protestas de 2013 y las decisiones gubernamentales tomadas después de 2018.
Por eso es un error analizar diciembre de 2013 únicamente preguntando quién ganó aquella votación. Si ése fuera el criterio, no habría discusión: Peña Nieto ganó y López Obrador perdió. La reforma fue aprobada y promulgada. Pero la política nunca termina cuando el tablero electrónico registra una votación. Las decisiones producen consecuencias, generan identidades y modifican correlaciones de fuerzas. La reforma energética ayudó a consolidar la alianza legislativa entre PRI y PAN, pero simultáneamente fortaleció la narrativa de Morena contra el antiguo régimen. Cinco años después, quienes habían perdido aquella batalla conquistarían la Presidencia y las mayorías del Congreso.
La experiencia también demuestra que la izquierda mexicana de aquellos años estaba dividida, pero no necesariamente enfrentada en todos los temas. PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena compartieron la oposición a la reforma energética aunque sus estrategias fueran diferentes. Unos daban la batalla desde el Congreso y otros desde las calles. Había desconfianzas, agravios y diferencias profundas después de la elección de 2012 y de la salida de López Obrador del PRD, pero todavía existían causas comunes. La defensa de los sectores estratégicos fue una de ellas. Diciembre de 2013 fue probablemente una de las últimas ocasiones en que esa vieja y nueva izquierda actuaron paralelamente alrededor de una misma causa nacional.
Han pasado casi trece años y todavía recuerdo las largas horas dentro del Senado, los pasillos llenos, las reuniones, los discursos y el ruido de las protestas que llegaba desde Paseo de la Reforma. Recuerdo también la incertidumbre provocada por las noticias sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador y Miguel Barbosa. En ese momento nadie podía conocer el desenlace de la historia. Nadie sabía que Morena gobernaría México cinco años después, que el PRI sufriría la peor derrota de su historia o que muchos de aquellos manifestantes y legisladores terminarían ocupando las posiciones políticas más importantes del país.
La política suele entenderse mejor mirando hacia atrás. En diciembre de 2013 parecía que Enrique Peña Nieto y las reformas estructurales habían ganado definitivamente la batalla. El gobierno tenía los votos, el respaldo empresarial, el reconocimiento internacional y una narrativa modernizadora aparentemente imparable. Morena tenía las calles, una organización en formación y a su principal dirigente hospitalizado después de sufrir un infarto. La diferencia de fuerzas parecía abismal. Sin embargo, debajo de aquella aparente derrota estaba naciendo una nueva mayoría política. El movimiento estaba aprendiendo a organizarse, movilizarse y diferenciarse del resto de los partidos.
Ésa es quizá la principal lección de aquellos días. Las coyunturas políticas no siempre producen sus consecuencias inmediatamente. La batalla contra la reforma energética no impidió su aprobación, pero contribuyó a formar políticamente a Morena, fortaleció su identidad, consolidó liderazgos y le dio una causa alrededor de la cual organizar a miles de ciudadanos. El infarto de López Obrador mostró, además, la fragilidad humana detrás de los grandes procesos políticos y obligó al movimiento a demostrar que podía continuar sin la presencia física permanente de su fundador. Fue una derrota legislativa que terminó formando parte de una victoria política posterior.
Diciembre de 2013 fue, por tanto, mucho más que la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Fue el choque entre dos proyectos de nación que años después volverían a encontrarse en las urnas. De un lado estaba el proyecto de las reformas estructurales, la apertura económica y el Pacto por México. Del otro comenzaba a tomar forma una fuerza que proponía recuperar el papel rector del Estado, combatir el modelo neoliberal y reconstruir la soberanía energética. En aquel momento el primero tenía el poder y los votos. El segundo tenía la protesta y la organización social. Cinco años después, la correlación se había invertido completamente.
Por eso, cuando recuerdo aquellas noches en Reforma 135, no pienso solamente en una reforma constitucional. Pienso en el final de una época y en el principio de otra. La lucha contra lo que nosotros considerábamos la privatización de Pemex fue una de las grandes escuelas políticas de Morena. Allí se templaron dirigentes, se construyeron estructuras y se consolidó una identidad. Peña Nieto ganó aquella votación, pero López Obrador terminó ganando la disputa política de largo plazo. La historia tiene esas ironías. A veces quien gana en el Congreso pierde en las urnas. Y quien parece derrotado en una noche puede estar construyendo, sin saberlo todavía, la fuerza que gobernará México unos años después.
