¿Quién cometió el Error de Diciembre? ¿Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo Ponce de León? ¿La crisis económica de 1994 fue consecuencia de seis años de desequilibrios acumulados, de las decisiones equivocadas de un gobierno que apenas tenía tres semanas en el poder o de la incapacidad del Estado mexicano para anticipar una catástrofe anunciada? Más de tres décadas después, la discusión continúa abierta. Sin embargo, existe una certeza: México enfrentó una de las mayores crisis económicas, políticas, sociales y de seguridad nacional de su historia contemporánea, cuyas consecuencias fueron pagadas durante décadas por millones de mexicanos.
Cuenta una de las muchas versiones sobre aquellos días que, cuando Ernesto Zedillo reclamó a su antecesor la situación económica en que había recibido al país, le dijo: “Me dejaste a México sujeto con alfileres”. Carlos Salinas respondió: “¿Y por qué se los quitaste?”. La anécdota, cierta o no, resume perfectamente lo ocurrido. Salinas dejó una economía profundamente vulnerable, dependiente de los capitales extranjeros y amenazada por enormes vencimientos financieros. Zedillo terminó por derrumbarla mediante una combinación de errores políticos, económicos y de comunicación. Uno colocó los alfileres. El otro decidió quitarlos sin medir las consecuencias.
Sin embargo, reducir el Error de Diciembre a una disputa personal entre dos expresidentes sería una enorme simplificación histórica. Lo ocurrido debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia. Fue una crisis económica y financiera, pero también una de las mayores crisis de seguridad nacional e inteligencia financiera del México contemporáneo. Falló el gobierno. Falló la inteligencia económica. Falló la capacidad del Estado para detectar y contener la salida masiva de capitales. Falló la comunicación política. Falló el manejo de información privilegiada. Falló la coordinación institucional. Sobre todo, falló la comprensión de que la estabilidad económica también constituye un asunto fundamental de seguridad nacional.
Las crisis económicas no comienzan cuando sube el dólar, caen las bolsas de valores, aumentan las tasas de interés o se agotan las reservas internacionales. Comienzan mucho antes. Empiezan cuando los gobiernos ocultan los problemas, manipulan las expectativas, ignoran las señales de alarma y subordinan las decisiones económicas a los calendarios políticos y electorales. Comienzan cuando las instituciones encargadas de identificar riesgos conocen las amenazas, pero no tienen la capacidad, la autonomía o la voluntad política para enfrentarlas. La principal lección del Error de Diciembre es precisamente ésta: México tuvo información suficiente para anticipar la crisis, pero fue incapaz de utilizarla correctamente.
En 1994, Carlos Salinas de Gortari se preparaba para terminar su gobierno. Aparentemente, México vivía uno de los mejores momentos de su historia reciente. El país había ingresado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era presentado como una de las economías emergentes más atractivas del mundo, se habían privatizado cientos de empresas públicas, renegociado la deuda externa y recibido miles de millones de dólares de inversiones extranjeras. Salinas parecía cerrar exitosamente su sexenio. Incluso, su nombre circulaba internacionalmente como posible candidato para dirigir la recién creada Organización Mundial del Comercio. El México de las crisis parecía haber quedado atrás.
Carlos Salinas había logrado algo que parecía imposible apenas seis años antes: modificar la percepción internacional sobre México. El país de las devaluaciones recurrentes, el endeudamiento externo, la inflación descontrolada y las crisis sexenales parecía transformarse en una nación moderna, abierta a los mercados internacionales y preparada para ingresar al primer mundo. El discurso oficial hablaba de modernización, globalización y estabilidad. El problema era que debajo de aquella aparente prosperidad existían enormes desequilibrios estructurales. El crecimiento económico era insuficiente, el peso estaba sobrevaluado, las importaciones crecían aceleradamente, las reservas internacionales disminuían y México dependía cada vez más de los capitales financieros extranjeros.
El gobierno de Carlos Salinas sabía que la economía enfrentaba una situación de creciente vulnerabilidad. La Secretaría de Hacienda, encabezada durante buena parte del sexenio por Pedro Aspe Armella, había construido un modelo basado en la estabilidad cambiaria, la disciplina fiscal, las privatizaciones y la apertura económica. Sin embargo, aquel modelo tenía un punto débil: necesitaba cantidades crecientes de capital extranjero para funcionar. Buena parte de esos recursos no correspondían a inversiones productivas de largo plazo, sino a capitales financieros que podían abandonar México en cualquier momento. Era dinero rápido, dinero nervioso y dinero especulativo. Recursos que llegaban atraídos por altos rendimientos, pero podían marcharse ante la primera señal de peligro.
El peso mexicano estaba sobrevaluado. Mantener artificialmente su estabilidad permitía controlar la inflación, facilitaba las importaciones y proyectaba una imagen de fortaleza económica. Sin embargo, también perjudicaba las exportaciones y aumentaba el déficit de cuenta corriente. México compraba cada vez más productos en el extranjero y necesitaba cantidades crecientes de recursos para financiar ese desequilibrio. Mientras continuaran llegando capitales, el modelo podía mantenerse. El problema comenzaría cuando los inversionistas perdieran la confianza y decidieran retirar su dinero. Eso ocurrió durante 1994. El Estado mexicano conocía el riesgo, pero decidió mantener la estrategia porque se acercaban las elecciones presidenciales.
Entonces llegó 1994. El año comenzó con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. El mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, miles de indígenas armados ocuparon diferentes poblaciones chiapanecas y declararon la guerra al gobierno mexicano. La imagen del México moderno quedó brutalmente confrontada con la realidad del México profundo. La rebelión zapatista provocó incertidumbre política y económica, afectó la confianza internacional y demostró que debajo del discurso de modernización existían profundas desigualdades sociales. Sin embargo, aquello apenas era el principio de uno de los años más difíciles de nuestra historia contemporánea.
El 23 de marzo fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. El magnicidio estremeció al país y provocó una enorme crisis política. También golpeó a los mercados financieros. La incertidumbre aumentó, los inversionistas comenzaron a retirar recursos y las reservas internacionales disminuyeron. El Banco de México tuvo que utilizar miles de millones de dólares para defender el valor del peso. Meses después, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, aumentó la percepción de que existía una profunda crisis dentro del grupo gobernante. México enfrentaba simultáneamente una rebelión armada, dos magnicidios, divisiones políticas y una creciente vulnerabilidad financiera.
Durante 1994, las reservas internacionales disminuyeron aceleradamente. Las señales estaban ahí. El problema fue que nadie quiso reconocer públicamente su gravedad. O, peor aún, quienes conocían la situación decidieron administrar la crisis hasta después de las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, éste fue uno de los mayores errores. La estabilidad económica de un país no puede depender de las necesidades electorales del gobierno en turno. Cuando las autoridades postergan decisiones financieras indispensables para evitar costos políticos inmediatos, pueden terminar provocando daños mucho mayores. Eso ocurrió durante el último año del gobierno de Carlos Salinas.
Aquí comienzan las preguntas. ¿Quién conocía la verdadera situación de las reservas internacionales? ¿Quién sabía el monto de los vencimientos de los Tesobonos? ¿Quién tenía información sobre la vulnerabilidad del peso? ¿Quiénes retiraron sus capitales antes de la devaluación? ¿Cuánto dinero abandonó México durante los días previos al anuncio del nuevo gobierno? ¿Existieron filtraciones de información privilegiada? ¿Quiénes se beneficiaron? Estas preguntas son fundamentales porque una crisis financiera no debe analizarse únicamente desde las cifras macroeconómicas. También debe estudiarse desde los flujos de información, las redes de poder y las decisiones tomadas por quienes tuvieron acceso anticipado a datos estratégicos.
Ernesto Zedillo asumió la Presidencia de la República el primero de diciembre de 1994. Llegó al poder después de una de las elecciones más complejas de la historia moderna de México. No había sido el candidato original del PRI. La muerte de Luis Donaldo Colosio modificó completamente el escenario sucesorio. Zedillo, quien había sido coordinador de campaña del candidato asesinado, terminó convertido en presidente. Recibió un país políticamente dividido, socialmente lastimado y financieramente vulnerable. También recibió una economía cuyos problemas habían sido postergados. Sin embargo, la forma en que enfrentó aquella situación terminó por convertir una crisis potencial en una catástrofe nacional.
Uno de los primeros cambios importantes ocurrió en la conducción económica. Pedro Aspe, poderoso secretario de Hacienda durante el gobierno de Salinas, dejó su lugar a Jaime Serra Puche. El cambio no era menor. Aspe había sido uno de los principales arquitectos de la política económica salinista y conocía detalladamente los mecanismos que sostenían la estabilidad financiera. Serra Puche era un economista reconocido, había encabezado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y contaba con experiencia gubernamental. Sin embargo, asumir la Secretaría de Hacienda en aquellas circunstancias significaba tomar el control de un automóvil que avanzaba rápidamente hacia un precipicio mientras el tablero ocultaba parte de las señales de alarma.
El nuevo gobierno decidió modificar la banda de flotación del peso. La medida podía tener justificación económica. La moneda necesitaba un ajuste y mantener indefinidamente la política cambiaria anterior resultaba imposible. El problema no fue solamente la decisión, sino la manera en que se tomó, comunicó y ejecutó. El 20 de diciembre se anunció la ampliación de la banda cambiaria en aproximadamente 15 por ciento. La reacción de los mercados fue inmediata. Los inversionistas comenzaron a vender pesos y comprar dólares. Las reservas internacionales continuaron disminuyendo. Dos días después, el gobierno tuvo que abandonar la estrategia y permitir la libre flotación del peso.
Uno de los episodios más controvertidos de aquellos días fue la reunión sostenida por funcionarios del nuevo gobierno con integrantes del sector empresarial. La intención, aparentemente, era comunicar las decisiones económicas y generar confianza. El resultado fue exactamente el contrario. La información comenzó a circular y quienes tuvieron capacidad financiera para protegerse compraron dólares o retiraron recursos. La salida de capitales se aceleró. El gobierno perdió el control. Desde la perspectiva de la seguridad nacional y la inteligencia financiera, aquel episodio representa una extraordinaria lección sobre el valor estratégico de la información gubernamental.
En cualquier Estado moderno, las decisiones relacionadas con modificaciones cambiarias, tasas de interés, reservas internacionales o política monetaria deben manejarse con estrictos protocolos de confidencialidad. Una devaluación puede generar enormes pérdidas, pero también extraordinarias ganancias. Conocer anticipadamente una decisión de esa naturaleza representa una ventaja financiera valuada en millones o miles de millones de dólares. Por ello resulta indispensable establecer mecanismos para determinar quién tuvo acceso a la información, cuándo la recibió, con quién la compartió y qué operaciones financieras realizó posteriormente. La crisis de 1994 demostró que México no tenía suficientes capacidades institucionales para vigilar, investigar y, eventualmente, sancionar el posible uso de información privilegiada.
Jaime Serra Puche terminó convertido en uno de los principales responsables políticos de la crisis. Permaneció apenas unas semanas al frente de la Secretaría de Hacienda. Guillermo Ortiz Martínez ocupó posteriormente su lugar y tuvo la responsabilidad de enfrentar las consecuencias del desastre. Sin embargo, responsabilizar exclusivamente a Serra Puche sería repetir el mismo error de quienes pretenden culpar únicamente a Zedillo o a Salinas. Las crisis sistémicas son consecuencia de múltiples decisiones, omisiones y responsabilidades. El problema fundamental fue que el Estado mexicano careció de una estrategia para administrar una situación financiera extraordinariamente delicada durante el cambio de gobierno.
¿Dónde estaba la inteligencia del Estado? Ésta es una de las preguntas menos formuladas sobre la crisis de 1994. ¿Dónde estaba la inteligencia financiera mexicana? ¿Dónde estaban los mecanismos de seguridad nacional? ¿Dónde estaba la capacidad del Estado para anticipar escenarios? El gobierno conocía la disminución de las reservas internacionales, la salida de capitales, el crecimiento de los Tesobonos, la sobrevaluación del peso, la incertidumbre política y los vencimientos de deuda. Entonces, ¿por qué no actuó oportunamente? La respuesta probablemente se encuentra en uno de los problemas históricos del sistema político mexicano: la subordinación de las instituciones del Estado a las necesidades políticas del presidente.
Durante décadas, la seguridad nacional mexicana fue entendida fundamentalmente como seguridad política. Vigilar opositores. Controlar movimientos sociales. Infiltrar organizaciones. Anticipar protestas. Espiar dirigentes. Proteger al régimen. Las instituciones mexicanas dedicaron enormes recursos y capacidades a conocer las actividades de los adversarios del gobierno, pero desarrollaron mucho menos la inteligencia económica, financiera, tecnológica y estratégica. El Error de Diciembre demostró las consecuencias de aquella visión limitada. Mientras el Estado podía vigilar a dirigentes sociales y organizaciones políticas, fue incapaz de impedir que miles de millones de dólares abandonaran el país en cuestión de días. México tenía aparatos de inteligencia, pero carecía de suficiente inteligencia estratégica.
La inteligencia financiera no debe limitarse al combate contra el lavado de dinero, el narcotráfico, la corrupción o el financiamiento de organizaciones criminales. También debe identificar movimientos especulativos, concentraciones de riesgo, salidas anormales de capitales, vulnerabilidades bancarias, operaciones financieras sospechosas y amenazas contra la estabilidad económica nacional. Un país puede ser atacado sin disparar una sola bala. Puede ser desestabilizado mediante movimientos financieros, ataques especulativos, campañas de desinformación económica o ataques cibernéticos contra su infraestructura bancaria. En 1994, México descubrió demasiado tarde que la economía constituye uno de los principales campos de batalla de la seguridad nacional.
Las crisis económicas suelen explicarse mediante cifras. El peso perdió valor. Las tasas de interés aumentaron. El Producto Interno Bruto cayó. La inflación creció. Sin embargo, detrás de cada cifra existen personas. Millones de personas. El Error de Diciembre destruyó patrimonios construidos durante años. Familias que habían comprado una vivienda mediante créditos bancarios perdieron sus casas. Pequeños y medianos empresarios quebraron. Personas que habían adquirido automóviles, maquinaria o bienes mediante financiamiento descubrieron que sus deudas habían aumentado brutalmente. La clase media fue golpeada. Millones de mexicanos pagaron las consecuencias de decisiones que jamás habían tomado.
Éste es otro aspecto directamente relacionado con la seguridad nacional. La pobreza es un problema de seguridad nacional. El desempleo es un problema de seguridad nacional. La destrucción del patrimonio de millones de familias es un problema de seguridad nacional. La pérdida de confianza en las instituciones es un problema de seguridad nacional. Un país no solamente puede desestabilizarse por una invasión extranjera, una rebelión armada, una organización terrorista o un grupo criminal. También puede hacerlo por una crisis económica. Durante 1995, México estuvo peligrosamente cerca de un colapso sistémico cuyas consecuencias políticas y sociales pudieron haber sido todavía mayores.
Después llegó el rescate bancario. El aumento de las tasas de interés, la cartera vencida y el incumplimiento generalizado de los créditos colocaron al sistema financiero mexicano al borde del colapso. El gobierno intervino mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. El Fobaproa se convirtió en el instrumento utilizado para evitar la quiebra generalizada de los bancos. El argumento gubernamental era sencillo: permitir el colapso del sistema financiero habría provocado una crisis todavía mayor. El cuestionamiento también era sencillo: las pérdidas privadas terminaron convertidas en deuda pública que sería pagada durante décadas por los contribuyentes mexicanos.
El Fobaproa continúa siendo uno de los episodios más polémicos de nuestra historia económica contemporánea. Demostró uno de los problemas fundamentales de las crisis financieras: durante los periodos de crecimiento las ganancias suelen ser privadas, pero durante las crisis las pérdidas pueden terminar socializándose. Los bancos fueron rescatados. Millones de familias no. Miles de empresarios perdieron sus negocios. Miles de personas perdieron sus viviendas. El sistema financiero sobrevivió, pero el costo fue transferido a generaciones de mexicanos. El debate no debería limitarse a determinar si era necesario rescatar a los bancos, sino a cuestionar cómo se realizó, quiénes se beneficiaron y quiénes terminaron pagando.
La crisis provocó una ruptura definitiva entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. El expresidente responsabilizó públicamente a su sucesor y acuñó el término Error de Diciembre para señalar que las decisiones equivocadas del nuevo gobierno habían provocado el colapso. Zedillo, por su parte, responsabilizó a las condiciones económicas heredadas. La confrontación entre ambos personajes representó mucho más que una diferencia personal. Significó la ruptura de una de las reglas fundamentales del antiguo sistema político mexicano: los presidentes no cuestionaban públicamente a sus antecesores y los expresidentes guardaban silencio sobre las decisiones de sus sucesores.
¿Quién tenía razón? Ambos y ninguno. Carlos Salinas dejó una economía profundamente vulnerable, mantuvo un peso sobrevaluado, permitió el crecimiento del déficit de cuenta corriente, utilizó reservas internacionales para sostener el tipo de cambio, incrementó la emisión de Tesobonos y subordinó decisiones económicas al calendario electoral. Ernesto Zedillo recibió aquella bomba financiera, pero su gobierno manejó deficientemente la información, comunicó mal sus decisiones, generó incertidumbre, no logró impedir la salida masiva de capitales y perdió rápidamente la confianza de los mercados. Salinas construyó las condiciones de vulnerabilidad. Zedillo cometió los errores que terminaron detonando la crisis.
Han pasado más de treinta años y México es un país diferente. El Banco de México es autónomo. El tipo de cambio es flexible. Las reservas internacionales son mayores. La composición de la deuda pública ha cambiado. Existen mejores mecanismos de supervisión financiera y el sistema bancario cuenta con mayores niveles de capitalización. Sin embargo, sería un grave error pensar que una crisis semejante resulta imposible. Las crisis nunca se repiten exactamente de la misma manera. Cambian los instrumentos, los actores y las circunstancias. En 1994 fueron los Tesobonos. Mañana puede ser una crisis bancaria, energética, comercial, tecnológica, política o geopolítica.
La primera lección del Error de Diciembre es que la economía forma parte de la seguridad nacional. México necesita instituciones capaces de identificar riesgos económicos antes de que se conviertan en amenazas sistémicas. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, las instituciones financieras y los organismos de inteligencia deben construir permanentemente escenarios de riesgo. No basta con reaccionar cuando la crisis comienza. La función fundamental de la inteligencia es anticipar. Identificar señales. Analizar tendencias. Construir escenarios. Advertir amenazas. Proponer alternativas. Un Estado que solamente reacciona ante los acontecimientos siempre llegará tarde. Eso ocurrió en diciembre de 1994.
La segunda lección es que México necesita fortalecer su inteligencia financiera. No solamente para combatir el dinero del narcotráfico o la corrupción, sino para identificar movimientos anormales de capitales, operaciones especulativas, ataques financieros, vulnerabilidades bancarias y riesgos sistémicos. En un mundo globalizado y digital, miles de millones de dólares pueden abandonar un país mediante unas cuantas operaciones electrónicas. Los gobiernos necesitan sistemas de alerta temprana, capacidad tecnológica, especialistas altamente capacitados y mecanismos de coordinación nacional e internacional. La soberanía de un país también se defiende protegiendo la estabilidad de su sistema financiero.
La tercera lección es la importancia estratégica de la información. Las decisiones económicas fundamentales deben manejarse mediante protocolos estrictos de confidencialidad. Nadie debe utilizar información gubernamental privilegiada para obtener beneficios particulares. Las autoridades deben contar con mecanismos para identificar quién tuvo acceso a información estratégica, qué operaciones financieras realizó y si existieron movimientos sospechosos. El Error de Diciembre demostró que una filtración puede acelerar una crisis y provocar pérdidas multimillonarias. En la era digital, cuando la información circula instantáneamente por todo el mundo, estos riesgos son todavía mayores que hace tres décadas.
La cuarta lección es la necesidad de coordinación institucional. Una crisis financiera no puede ser enfrentada por una sola dependencia. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de inteligencia y los responsables de la seguridad nacional deben compartir información, construir escenarios y establecer mecanismos de respuesta. Las rivalidades burocráticas, los intereses políticos y las diferencias personales pueden convertirse en amenazas nacionales cuando impiden la coordinación gubernamental. En 1994, la transición entre dos gobiernos y dos equipos económicos contribuyó a aumentar la vulnerabilidad del país.
La quinta lección es la necesidad de contar con planes de contingencia. Los gobiernos no deben preguntarse si ocurrirá una crisis. Deben preguntarse qué harán cuando ocurra. ¿Qué pasaría si se produce una salida masiva de capitales? ¿Qué ocurriría ante un ataque cibernético contra el sistema bancario? ¿Cómo respondería México a una interrupción de las cadenas de suministro? ¿Qué sucedería ante una crisis energética internacional? ¿Cómo enfrentaría el país una ruptura comercial con Estados Unidos? La seguridad nacional consiste precisamente en imaginar escenarios negativos antes de que ocurran y construir capacidades para enfrentarlos.
La sexta lección es la importancia de la comunicación. Una mala decisión económica puede provocar problemas. Una mala comunicación puede convertir esos problemas en una crisis. La confianza es uno de los principales activos de cualquier economía. Construirla requiere años. Perderla puede tomar unas cuantas horas. Los gobiernos deben comunicar con claridad, oportunidad y credibilidad. Ocultar información, minimizar problemas o enviar mensajes contradictorios puede provocar pánico. En los mercados financieros, las percepciones pueden convertirse rápidamente en realidades. Cuando todos creen que una moneda perderá valor y comienzan a venderla, la devaluación termina ocurriendo.
La séptima lección es que nunca deben ocultarse los problemas económicos por razones electorales. Los desequilibrios no desaparecen porque el gobierno deje de hablar de ellos. Solamente crecen. Postergar decisiones difíciles para evitar costos políticos inmediatos puede provocar consecuencias mucho más graves. La estabilidad económica no pertenece al presidente, al partido gobernante ni a una administración. Es patrimonio de la nación. Los gobiernos tienen la obligación de protegerla incluso cuando las medidas necesarias resulten impopulares. En 1994, el calendario electoral condicionó decisiones fundamentales. Millones de mexicanos terminaron pagando las consecuencias.
La octava lección es quizá la más importante. Las crisis económicas terminan siendo pagadas por quienes menos responsabilidad tuvieron en provocarlas. Los funcionarios abandonan sus cargos. Los presidentes terminan sus sexenios. Los empresarios poderosos diversifican sus inversiones. Los grandes capitales encuentran refugio en otras monedas y países. Las familias comunes no tienen esas posibilidades. Pierden sus empleos, sus negocios, sus viviendas y sus ahorros. Por eso, proteger la estabilidad económica es también una obligación social y ética del Estado. Detrás de cada punto del Producto Interno Bruto existen millones de historias personales.
México sobrevivió al Error de Diciembre. Pero pagó un precio enorme. Millones de nuevos pobres, miles de empresas quebradas, patrimonios destruidos, bancos rescatados, deuda pública, desempleo, migración y una profunda pérdida de confianza en las instituciones. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo pasaron años culpándose mutuamente. La crisis de 1994 no fue solamente consecuencia de un error económico. Fue consecuencia de errores políticos, institucionales, estratégicos y de inteligencia.
