En el corazón de la historia mexicana late el ritmo constante de los rieles del ferrocarril, una vez símbolo del progreso y la integración nacional. Desde sus primeros días en 1769, el ferrocarril ha sido un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico de las naciones, y México no fue una excepción. La red ferroviaria mexicana, en sus momentos de esplendor, acercó a los mexicanos, estimuló la economía y promovió la exploración y explotación de recursos naturales en diversas regiones del país.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, esa red ferroviaria, que en su momento fue la envidia de muchas naciones, perdió su relevancia y eficacia. La privatización de los ferrocarriles en 1995, bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, marcó un punto de inflexión en la historia ferroviaria de México. Esta medida, que en su momento se presentó como una solución para modernizar y mejorar la eficiencia del sistema, terminó siendo un golpe devastador para el transporte ferroviario de pasajeros y, en última instancia, para el desarrollo socioeconómico del país.
La reforma al artículo 28 constitucional, que estableció la privatización de los ferrocarriles, abrió la puerta a la concentración del control del sistema en manos privadas, relegando el servicio de transporte de pasajeros a un segundo plano y eliminando gradualmente su presencia en la vida cotidiana de los mexicanos. Este cambio de paradigma no solo afectó la movilidad de las personas, sino que también contribuyó a la congestión del tráfico en las carreteras, aumentó la dependencia del transporte privado y exacerbó los problemas ambientales asociados con la emisión de gases de efecto invernadero.
Es en este contexto histórico y social que surge la iniciativa de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros. Esta iniciativa tiene como objetivo principal generar bienestar social en el país a través de la creación de fuentes de empleo, la mejora de la movilidad de las personas y la descongestión de las carreteras y vías internas.
Desde la instalación del primer ferrocarril de pasajeros en México en 1873, impulsado por el presidente Benito Juárez García y concluido por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, el ferrocarril ha sido un elemento crucial en la integración nacional y el desarrollo económico del país. La red ferroviaria mexicana no solo conectó a México con los mercados internacionales, sino que también estimuló el comercio, la inversión extranjera y el crecimiento económico en diversas regiones del país.
La reforma constitucional propuesta busca reafirmar el papel estratégico del Estado en el desarrollo y operación del sistema ferroviario mexicano. Al establecer la preferencia de la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros por parte del Estado, se busca garantizar que este servicio sea accesible y beneficie a toda la población, especialmente a aquellos que se encuentran en zonas de difícil acceso o que no tienen acceso al transporte privado.
Además, la reforma constitucional contempla la participación del sector privado en la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, siempre y cuando se respeten los intereses de la Nación y se garantice la prestación de un servicio seguro, eficiente y sostenible. En este sentido, se prevé la posibilidad de otorgar concesiones a empresas públicas o privadas para la operación de servicios ferroviarios de pasajeros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
Una de las principales ventajas de revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros es su impacto positivo en el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Al ofrecer una alternativa sostenible al transporte privado y reducir la congestión del tráfico en las carreteras, el transporte ferroviario no solo contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejora la calidad del aire y reduce la contaminación acústica en las ciudades.
La adición del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reformar el sistema ferroviario mexicano representa un paso crucial en el camino hacia la recuperación de la grandeza ferroviaria de México. Al reconocer la importancia estratégica del transporte ferroviario de pasajeros y establecer las bases para su revitalización, esta iniciativa tiene el potencial de generar un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico del país y mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Es hora de mirar hacia adelante y construir un futuro en el que el ferrocarril vuelva a ser una fuerza motriz de progreso y prosperidad para México y su gente. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
PD. Las rutas de pasajeros que se proponen son:
