Hay decisiones que se toman en público y otras que se gestan en silencio. Las primeras suelen llenar las páginas de los periódicos; las segundas, cuando triunfan, terminan por escribir capítulos enteros de la historia. La expropiación petrolera de 1938 pertenece a esa segunda categoría. No fue una ocurrencia improvisada ni una reacción visceral ante un conflicto laboral. Fue, más bien, una operación política cuidadosamente planeada en la que convergieron la inteligencia estratégica, la lectura de la coyuntura internacional y la convicción de que México debía recuperar el control de uno de los recursos que definirían el poder en el siglo XX: el petróleo.
Al frente de aquella decisión estaba el presidente Lázaro Cárdenas del Río, un hombre de pocas palabras, de hábitos austeros y de una extraordinaria capacidad para escuchar antes de actuar. Para entonces el país llevaba décadas viviendo una paradoja: era una nación rica en petróleo, pero pobre en soberanía energética.
La historia había comenzado varias décadas antes, durante el largo régimen de Porfirio Díaz. En aquellos años, la lógica del progreso porfiriano se tradujo en concesiones generosas a capitales extranjeros. Empresas británicas, estadounidenses y holandesas recibieron permisos para explorar y explotar los yacimientos petroleros del país.
Entre ellas destacaban la Mexican Eagle Oil Company, del empresario británico Weetman Pearson, y las compañías vinculadas al imperio energético de John D. Rockefeller. Aquellas empresas no sólo controlaban la producción, sino que también dominaban los puertos, los sistemas de transporte y buena parte de las decisiones sobre el destino del petróleo mexicano.
México producía petróleo, pero no decidía sobre él.
La Revolución Mexicana intentó corregir esa anomalía histórica. La Constitución de 1917, impulsada por el gobierno de Venustiano Carranza, estableció en su artículo 27 que los recursos del subsuelo pertenecían a la nación. En teoría, el petróleo era de México. En la práctica, las empresas extranjeras siguieron operando como si aquel principio constitucional fuera una mera declaración retórica.
Durante años el Estado mexicano careció de la fuerza política necesaria para hacer valer la Constitución frente a los intereses internacionales. La década de los treinta trajo consigo un nuevo actor: los trabajadores petroleros. Organizados en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), comenzaron a exigir mejores salarios, condiciones laborales dignas y reconocimiento de sus derechos sindicales.
Las empresas se resistieron. Los conflictos laborales se multiplicaron y terminaron por escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tribunal falló a favor de los trabajadores y ordenó a las compañías cumplir con las demandas.
Las petroleras simplemente se negaron. A primera vista, aquel desacato parecía un asunto laboral. Pero para el gobierno cardenista era algo mucho más serio. Si empresas extranjeras podían desobedecer una sentencia de la Suprema Corte sin consecuencias, entonces la autoridad del Estado mexicano quedaba reducida a una ficción.
La disputa ya no era sindical. Era política. Era, en el fondo, un problema de soberanía.
Fue entonces cuando comenzó a gestarse una de las decisiones más audaces del siglo XX mexicano.
Las crónicas de la época cuentan que Cárdenas llamó a su secretario particular y lo aisló prácticamente durante varios días. En una casa discreta, lejos de miradas indiscretas, el presidente comenzó a dictar el documento que habría de cambiar la historia económica del país: el decreto de expropiación petrolera.
El secretario tenía una instrucción clara: nadie debía saber lo que estaban escribiendo. Ni ministros, ni gobernadores, ni líderes sindicales. Nadie. La discreción absoluta era una condición indispensable. Si las empresas petroleras sospechaban lo que estaba ocurriendo, podrían movilizar a sus gobiernos antes de que el decreto se hiciera público. La operación debía ejecutarse con precisión quirúrgica.
Entre las historias que rodean aquellos días hay una escena que ha adquirido tintes casi legendarios. Poco antes del anuncio oficial, Cárdenas decidió salir de la capital acompañado únicamente por su escolta y su secretario. El destino fue el Nevado de Toluca. Allí, en el cráter del volcán, el presidente dictó los últimos ajustes al decreto. La escena resulta difícil de imaginar: el mandatario de un país escribiendo una de las decisiones más trascendentes de su historia en medio de un paisaje volcánico, lejos del ruido de la política y de los pasillos del poder.
Terminada la redacción, cuentan algunas versiones, el presidente se quitó la ropa y nadó en las aguas congeladas del cráter.
Quizá fue un gesto de liberación, quizá un ritual íntimo antes de asumir las consecuencias de lo que estaba por ocurrir. Nadie lo sabe con certeza. Pero el episodio revela algo esencial del carácter de Cárdenas: su forma de procesar las decisiones trascendentales en silencio y lejos del espectáculo. De regreso a la capital, el presidente ordenó a su secretario volver a casa y guardar silencio. La decisión estaba tomada.
El 18 de marzo de 1938, a través de la radio, Cárdenas anunció al país que el gobierno mexicano había decidido expropiar los bienes de 17 compañías petroleras extranjeras.
El mensaje fue sobrio, pero contundente. El Estado mexicano asumía el control de la industria petrolera en defensa de la soberanía nacional, en cumplimiento del artículo 27 constitucional y en respeto a los derechos laborales de los trabajadores. El anuncio tomó por sorpresa al mundo.
Durante décadas, las compañías petroleras habían operado en México con la seguridad de que ningún gobierno se atrevería a confrontarlas. Aquella noche descubrieron que estaban equivocadas.
Si la decisión presidencial fue audaz, la reacción popular fue aún más extraordinaria. En los días siguientes, miles de ciudadanos comenzaron a manifestar su apoyo al gobierno. Se organizaron colectas para reunir fondos que permitieran pagar la indemnización a las empresas expropiadas. La escena se repitió en todo el país: mujeres entregando sus joyas, campesinos donando gallinas, trabajadores aportando parte de su salario. No era solamente una campaña financiera. Era una demostración de respaldo político. El gobierno no estaba solo.
Las empresas petroleras reaccionaron rápidamente. Sus gobiernos —principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos— protestaron diplomáticamente y promovieron un boicot contra el petróleo mexicano.
México enfrentó meses difíciles. Las compañías intentaron impedir que el país vendiera su petróleo en los mercados internacionales. Pero la historia jugó a favor de México. El mundo se acercaba a la Segunda Guerra Mundial y la demanda energética comenzaba a crecer. El petróleo mexicano encontró compradores.
Para administrar la industria nacionalizada, el gobierno creó Petróleos Mexicanos. Durante décadas Pemex se convirtió en el corazón energético del país y en una de las empresas públicas más importantes del mundo. El petróleo financió carreteras, hospitales, escuelas e infraestructura industrial. Fue, durante buena parte del siglo XX, la columna vertebral del desarrollo económico mexicano. Vista desde la distancia, la expropiación petrolera deja varias lecciones para el México contemporáneo.
La primera es que los recursos estratégicos —como la energía— forman parte del ámbito de la seguridad nacional.
La segunda es que las decisiones de Estado requieren inteligencia política, discreción y conocimiento del contexto internacional. Cárdenas no actuó impulsivamente. Observó el escenario mundial, midió los riesgos y eligió el momento adecuado.
La tercera lección es que la soberanía no puede sostenerse sin respaldo social. El apoyo popular fue el blindaje político que permitió resistir las presiones externas. A casi nueve décadas de distancia, la expropiación petrolera sigue siendo uno de los momentos en los que el Estado mexicano mostró mayor capacidad estratégica. No fue una aventura improvisada. Fue una decisión pensada, calculada y ejecutada con precisión.
En un mundo donde la energía continúa siendo uno de los principales instrumentos de poder, la historia de aquel 18 de marzo recuerda una verdad elemental de la política internacional:
la soberanía no se concede.
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