Tras un año de arduas negociaciones, el Gobierno de coalición de izquierda en España dio luz verde a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Este anuncio, calificado como “un día histórico” por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, representa un avance significativo en materia de derechos laborales, aunque su aprobación parlamentaria no está garantizada.
“Es un día histórico” porque “han transcurrido más de 41 años” desde la última reducción de “la jornada laboral en nuestro país”, declaró Díaz, líder del partido de extrema izquierda Sumar, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra destacó que esta medida no solo beneficiará a los trabajadores al mejorar su calidad de vida, sino que también impulsará la productividad en el país. “La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país (…) No se trata de echar [acumular] horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo”, añadió.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros es fruto de un acuerdo firmado en diciembre con los dos principales sindicatos, UGT y CCOO. Sin embargo, el patronal se retiró de la mesa de negociaciones en noviembre, argumentando que la reforma podría afectar la competitividad de las empresas, especialmente aquellas en sectores con menos recursos.
Díaz rebatió estas preocupaciones, subrayando la solidez de la economía española, con un crecimiento del 3,2% el año pasado y una alta tasa de empleo. “Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca”, afirmó.
La reducción de la jornada laboral, una promesa clave del programa de gobierno de Sumar y el Partido Socialista (PSOE), afectará a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, principalmente en sectores como el comercio, la restauración y la agricultura.
El principal desafío ahora para el Gobierno de Pedro Sánchez será obtener el respaldo parlamentario necesario para aprobar la reforma. La falta de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados obliga al ejecutivo a buscar el apoyo de sus socios parlamentarios, quienes han expresado ciertas reticencias ante la medida.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, en particular, los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), dos formaciones aliadas del Gobierno, pero cercanas a círculos empresariales, han mostrado su preocupación por el impacto económico de la reducción de la jornada laboral.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno confía en lograr un acuerdo que permita implementar esta reforma histórica antes del 31 de diciembre de 2025, tal como se comprometió en su programa de gobierno.
