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19 de septiembre de 2024

VIH y justicia social

Por: Manuel León @LeonRiosManuel

De acuerdo al Reporte Histórico de VIH y SIDA en México elaborado por el CENSIDA, en 1983 se reportaron los primeros casos de VIH en México, desde ahí comenzó una ardiente batalla por parte del Gobierno, pero sobre todo de la sociedad civil organizada, así como de diferentes organizaciones de lucha por los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género así como artistas y empresarios que gustaron de sumarse, para hacer frente y frenar la epidemia del VIH-SIDA que existía en aquellos años.

Los resultados para la debida atención del VIH en México, así como la creación e implementación de mecanismos para eliminar los diferentes tipos de expresión de violencia a su alrededor siguen siendo una lucha constante promovida por los diferentes activismos, así como de personajes aliados en las diversas esferas de la política y niveles del servicio público mexicano, y que han generado grandes avances en la erradicación de malas prácticas, sensibilización y concientización entre tantos cambios suscitados como la reciente derogación del artículo 159 del Código Penal Local del Distrito Federal por el “peligro de contagio”, mismo que fuera promovido a inicios de los años 2000 para sancionar “al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia”.

Según ONUSIDA, hoy en día existen 134 países que penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH; 20 que penalizan o persiguen a las personas transgénero; 153 que penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual; y 67 que actualmente penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH y 53 informan de que exigen la realización de pruebas del VIH para, por ejemplo, obtener certificados de matrimonio o para ejercer determinadas profesiones.

Por su parte, 106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el consentimiento paterno.

Es por eso, que el año pasado en el marco del Día de la Cero Discriminación ONUSIDA lanzó la campaña “Despenalizar salva vidas”, la cual hace un llamado a los gobiernos a avanzar en la eliminación de las políticas punitivas que ponen en peligro la integridad de las personas que, de alguna forma, integran algún grupo previamente citado y que a través de estas legislaciones más que beneficiar y formar parte de la respuesta efectiva al VIH/SIDA solo propagan el miedo y ponen en riesgo la integridad de las personas afectadas.

Bajo este sentido, y después de una primera iniciativa de ley que presentara el Diputado Temístocles Villanueva en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, sobre la derogación del “Peligro de Contagio”, misma que fuera desechada, fue en la II Legislatura cuando a nueva cuenta el mismo diputado, acompañado de la Diputada Ana Francis López Bayghen, presentaran una nueva versión sobre la misma iniciativa.

Y es que la lucha contra la despenalización de diversos actos, específicamente el VIH, en México ha tomado cada vez más fuerza y relevancia, lucha que inició en el estado de Aguascalientes, lugar donde, desde hace varios años, el “Peligro de Contagio” ha sido derogado.

Posteriormente, la lucha se replicó en San Luis Potosí así como en Veracruz, donde promovieron una acción de inconstitucionalidad; y finalmente el año pasado en Nayarit se presentó la misma iniciativa, donde sin mayor problema fue aprobada en comisiones así como en el pleno y publicada en la Gaceta de dicha entidad al poco tiempo.

La batalla ganada en la Ciudad de México con la derogación del Peligro de Contagio devuelve la esperanza y pone de nuevo sobre la mesa una discusión que muchas veces nadie quiere tocar, y se trata no solo de la dignidad y vida de las personas con VIH de México o la necesidad de reforzar y mejorar las campañas de sensibilización que existen sobre el tema, sino también nos muestran el fracaso que han tenido las políticas las políticas punitivas en la sociedad y que es momento de apostar por una justicia restaurativa, con la cual la sociedad pueda reeducarse y mejorar así el tejido social.

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