La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace unos días, durante la Mañanera, que diputados y senadores no deberían tener fuero, y propuso la desaparición de este privilegio en la reforma electoral que está próxima a presentar. Con ello se fortalece la rendición de cuentas y se combate la impunidad en el Poder Legislativo.
Su planteamiento retoma un tema que nunca fue prioridad en los gobiernos neoliberales: la necesidad de garantizar igualdad ante la ley y evitar que los cargos de representación popular se utilicen como un escudo contra la justicia.
El fuero en México tiene su origen en la época colonial, cuando se otorgaban privilegios especiales a miembros del clero y del ejército para ser juzgados únicamente por tribunales eclesiásticos o militares, lo que los colocaba por encima de la justicia ordinaria.
Tras la Independencia, el fuero sobrevivió, aunque fue objeto de intensas críticas, sobre todo en los debates de la Reforma y del Porfiriato. La Constitución de 1857 intentó limitarlo, pero fue hasta la Carta Magna de 1917 cuando se redujo a un mecanismo de protección estrictamente político, concebido para garantizar que legisladores, jueces y altos funcionarios pudieran ejercer sus funciones sin presiones indebidas ni persecuciones políticas.
En lo personal, cuando fui senador en 2015 renuncié a mi fuero. Sin embargo, la Mesa Directiva no aceptó mi solicitud y posteriormente litigué el asunto mediante un amparo, argumentando que el fuero no era necesario para el ejercicio de mis funciones y que mantener un régimen jurídico de privilegio desprestigiaba al cargo de senador de la República. Finalmente, el recurso fue desechado.
Hoy podemos afirmar que el fuero es una figura anacrónica. En la Ciudad de México, desde 2019, ya no existe a nivel local, y en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma constitucional que eliminó el fuero presidencial, estableciendo que el titular del Ejecutivo puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano.
Esta modificación representó un cambio histórico, pues durante más de un siglo el presidente solo podía ser acusado por traición a la patria o delitos graves. Además, el Lic. López Obrador reiteró en múltiples ocasiones que esta medida debería extenderse a diputados y senadores, quienes hasta la fecha conservan dicha protección legal. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte de una estrategia de transparencia y combate a la impunidad. La desaparición del fuero no debilita la independencia del Congreso, sino que fortalece al Poder Legislativo en un momento en que la clase política se encuentra bajo escrutinio. De aprobarse esta reforma, México avanzará hacia un modelo de responsabilidad plena y sin privilegios indebidos para los servidores públicos.
