El gobierno peruano anunció este sábado la extensión por 30 días del estado de emergencia en Lima y el Callao, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas continúen apoyando a la policía en la lucha contra el crimen organizado, cuyos casos de extorsión han aumentado drásticamente en el último año.
La medida, vigente desde hoy, afecta a casi un tercio de la población del país, concentrada en la capital y su puerto vecino. La presidenta Dina Boluarte, cuya aprobación ronda apenas el 2% según encuestas, firmó el decreto que prórroga la disposición, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Bajo este régimen, las autoridades podrán restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, mientras que las Fuerzas Armadas seguirán colaborando con la policía para mantener el orden interno.
El Ministerio destacó que, desde la implementación del estado de emergencia, se han logrado “importantes golpes a la criminalidad organizada”, incluyendo la desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, así como la captura de sus líderes.
La decisión se da en un contexto de creciente indignación social. Miles de peruanos han salido a protestar este año contra la ola de extorsiones, que ha dañado aún más la ya debilitada imagen del gobierno de Boluarte.
Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, solo en Lima, 16 conductores han sido asesinados en 2025 por negarse a pagar las “cupos” que exigen las bandas criminales, las cuales llegan a solicitar hasta 50,000 soles (13,500 dólares) mensuales a las empresas de transporte. Cuando estas se resisten, los delincuentes atacan a tiros los vehículos, incluso con pasajeros a bordo.
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