En la conferencia de prensa mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez denunció que hay presuntas irregularidades en el Poder Judicial después de la resolución que ordenó que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga salieran de la lista de personas bloqueadas.
Gómez Álvarez señaló que jueces federales han otorgado amparos de manera sistemática para liberar cuentas de personas investigadas por lavado de dinero, incluso antes de que se resuelvan los juicios de fondo.
“El poder judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo. Gómez Mont fue acusada de una serie de fraudes, y su compañero Álvarez Puga, en el sistema de prisiones; se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que la justicia las empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos, han podido eludir la extradición de Estados Unidos”, indicó en la conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pablo Gómez explicó que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó la sentencia de un juzgado de distrito que otorgó el amparo a los mencionados, lo cual reactivó las cuentas bancarias desde marzo pasado. A pesar de que ambos enfrentan órdenes de aprehensión, ahora pueden operar libremente dentro del sistema financiero nacional.
La presidenta Sheinbaum también señaló que las decisiones judiciales han permitido la liberación de más de 35,000 presos relacionados con casos de corrupción y delincuencia organizada. “No puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la corte”.
Asimismo, Sheinbaum dijo que “ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1 de junio (elecciones del PJF), modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir, porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera”.
