El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue arrestado en un operativo masivo que involucró a cientos de agentes policiales y de la Oficina de Investigación de la Corrupción, marcando un momento sin precedentes en la historia política del país.
Yoon, quien enfrentaba acusaciones de insurrección y corrupción, permanecía atrincherado en su residencia en Seúl desde diciembre, cuando impuso una controvertida ley marcial que sumió al país en su mayor crisis política en décadas.
La residencia presidencial, protegida por miles de partidarios y su guardia personal, fue allanada en la madrugada del miércoles. Agentes utilizaron escaleras para escalar las vallas y senderos alternos para acceder al edificio principal, en un operativo que duró horas y estuvo marcado por momentos de alta tensión.
Finalmente, un abogado de Yoon anunció que este había decidido entregarse voluntariamente “para evitar cualquier desafortunado baño de sangre”. Minutos después, las autoridades confirmaron la ejecución de la orden de arresto a las 10:33 (hora local).
El presidente fue trasladado en un convoy policial a las oficinas de la agencia anticorrupción, donde se negó a responder las preguntas de los investigadores, ejerciendo su derecho a guardar silencio.
La crisis comenzó el 3 de diciembre, cuando Yoon suspendió el orden civil y desplegó soldados en la Asamblea Nacional en un intento por frenar una moción de destitución en su contra. Aunque derogó la ley marcial horas después, las acciones desencadenaron protestas masivas y un proceso judicial que lo convirtió en el primer presidente surcoreano arrestado durante su mandato.
Además de la acusación de insurrección, Yoon enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción vinculados a su administración.
En un mensaje grabado antes de su arresto, Yoon, líder del Partido Conservador, defendió sus acciones como necesarias para proteger al país y denunció una “campaña de persecución política” en su contra.
El arresto de Yoon Suk Yeol deja a Corea del Sur en un escenario de incertidumbre política. La oposición y analistas locales califican la situación como un golpe histórico a la democracia del país, mientras que el gobierno interino busca restablecer la estabilidad en medio de un clima de polarización.
