En el último día de audiencias ante el Tribunal Constitucional de Seúl, el presidente suspendido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol defendió su decisión de declarar la ley marcial en diciembre del año pasado. Argumentó que el país enfrentaba una “crisis existencial” y que la medida fue tomada en defensa de la soberanía nacional ante supuestas amenazas internas y externas.
La controvertida declaración de ley marcial de Yoon, que suspendió el mando civil por seis horas antes de ser revocada por el Parlamento, desató una crisis política sin precedentes en la nación asiática. Desde entonces, el mandatario fue suspendido de su cargo y enfrenta cargos de insurrección, por los cuales podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.
Durante su intervención en la corte, Yoon, de 64 años, se mostró desafiante y se negó a pedir disculpas. “Nunca fue una decisión tomada para mi beneficio personal”, aseguró, al tiempo que mencionó a Corea del Norte y a “elementos antiestatales” dentro del país como justificación para su drástica acción.
Su equipo legal citó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el expresidente Donald Trump, argumentando que un mandatario no puede ser castigado por ejercer sus poderes constitucionales. No obstante, la oposición rechazó este argumento y acusó a Yoon de intentar aferrarse al poder mediante el uso de la fuerza.
Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando el abogado opositor, Lee Gum-gyu expresó su indignación al revelar que su hijo, un soldado activo, fue obligado a participar en la implementación de la ley marcial. “Como ciudadano y como padre, siento rabia y traición”, declaró.
Mientras tanto, manifestantes a favor de Yoon se congregaron frente al tribunal exigiendo que se frene su destitución. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional aprueba su separación definitiva del cargo, Corea del Sur deberá celebrar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Se espera que el veredicto de los jueces sea anunciado a mediados de marzo.
