La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, defendió la propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, al asegurar que no contempla el congelamiento de rentas ni representa una amenaza para la propiedad privada, sino que busca combatir la especulación inmobiliaria, contener la gentrificación y garantizar condiciones más justas para quienes rentan vivienda en la capital.
Durante una conferencia realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria explicó que la iniciativa incluye siete medidas estratégicas orientadas a proteger tanto a inquilinos como a arrendadores, con el objetivo de fortalecer el derecho a la vivienda y evitar prácticas abusivas en el mercado inmobiliario.
Entre los principales puntos destaca la regulación para que las rentas no aumenten por encima de la inflación anual, la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones para simplificar los requisitos de arrendamiento, y el establecimiento de una Defensoría Inquilinaria que brindará asesoría y defensa jurídica gratuita.
La propuesta también contempla contratos de arrendamiento más estables, un registro digital para dar seguimiento a los acuerdos entre las partes y mecanismos de sanción para quienes incumplan las disposiciones establecidas.
Otro de los ejes centrales es la atención a los desalojos. Para ello, se plantea la creación de un Gabinete de Acompañamiento Social, encargado de intervenir en estos procesos para garantizar el respeto a los derechos humanos, ofrecer alternativas habitacionales y evitar que las familias afectadas queden en situación de vulnerabilidad.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno capitalino propone capacitar al personal que participa en mudanzas y resguardos durante los desalojos, con el fin de erradicar el uso de grupos violentos o “golpeadores” y asegurar que los procedimientos se realicen de manera pacífica y conforme a la ley.
Brugada fue enfática al rechazar las críticas que señalan que la reforma atenta contra los propietarios. Afirmó que la iniciativa protege la propiedad privada y no busca perjudicar a los arrendadores, sino establecer reglas claras que permitan equilibrar la relación entre quienes rentan y quienes ofrecen vivienda.
Autoridades capitalinas señalaron que actualmente cerca de dos millones de personas viven en viviendas rentadas en la Ciudad de México, donde el incremento constante de los precios ha obligado a muchas familias a destinar hasta 40 por ciento de sus ingresos al pago de renta.
La jefa de Gobierno llamó al Congreso de la Ciudad de México, especialistas, organizaciones sociales, propietarios e inquilinos a participar en un debate abierto que permita enriquecer la propuesta y construir consensos sobre una problemática que afecta cada vez a más habitantes de la capital.
De aprobarse, la iniciativa formaría parte de la estrategia integral de vivienda impulsada por la actual administración para ampliar el acceso a vivienda asequible y enfrentar fenómenos como la gentrificación y el encarecimiento de las rentas en la capital del país.
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