El proceso de dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del paquete de reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un importante debate. Entre los cambios que propone, destaca la inclusión de delitos como la extorsión, el narcomenudeo y la defraudación fiscal dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aunque este tipo de medidas puede parecer una respuesta lógica y rápida a la creciente inseguridad en el país, es necesario reflexionar sobre las implicaciones legales y éticas que conlleva.
López Obrador ha impulsado una serie de reformas constitucionales, incluyendo la mencionada sobre prisión preventiva oficiosa. Estas reformas forman parte de un paquete más amplio presentado el 5 de febrero, que incluye 20 iniciativas iniciales, 18 de ellas de carácter constitucional y 2 de naturaleza legal. Es esencial entender que estas reformas, aunque importantes para el Presidente y su administración, están en su primera etapa de discusión y dictamen. Lo aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales es solo un primer paso; será la próxima legislatura la que verdaderamente determine el futuro de estas reformas.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y su mayoría legislativa morenista tendrán la tarea de revisar este paquete de reformas en septiembre. Una vez discutidas y dictaminadas por la actual Comisión de Puntos Constitucionales se enviarán a la Mesa Directiva y ésta a su vez a la Mesa Directiva entrante, donde serán sometidas nuevamente a revisión.
En este momento estamos en una especie de “round de sombra”, en el que las discusiones actuales solo preparan el terreno para las decisiones cruciales que deberán tomar los nuevos legisladores.
Si bien la ampliación de la prisión preventiva oficiosa puede parecer una solución pragmática para combatir el crimen, es vital analizar las implicaciones más profundas de esta medida. Como menciona el texto de la reforma, se busca abordar delitos graves como la extorsión y el narcomenudeo, que han asolado a gran parte del país. Sin embargo, implementar la prisión preventiva de manera automática sin un juicio previo plantea serios desafíos para los derechos humanos.
Diversas organizaciones internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado su preocupación por la prisión preventiva oficiosa. Esta medida, aunque efectiva en ciertos casos, es una violación a los derechos humanos fundamentales al no respetar la presunción de inocencia. Además, el propio contexto mexicano plantea preguntas urgentes: ¿La prisión preventiva ha mejorado la justicia en el país? ¿Ha logrado reducir efectivamente los delitos graves?
La reforma de 2019, que también amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no ha demostrado ser un éxito contundente. A pesar de las buenas intenciones, la delincuencia sigue siendo un problema grave en muchas regiones del país. Por lo tanto, antes de seguir ampliando este catálogo, es fundamental realizar un diagnóstico detallado de cómo ha funcionado la medida hasta ahora.
La prisión preventiva oficiosa es, por la vía de los hechos, una condena adelantada. Este es uno de los mayores peligros de la medida. En muchos casos, las personas acusadas de delitos que ameritan prisión preventiva pasan años en prisión sin una sentencia. Esto no solo va en contra de los principios básicos del debido proceso, sino que también sobrecarga el sistema penitenciario y perpetúa la desigualdad en la aplicación de la justicia.
Como ha señalado el exministro Arturo Zaldívar, uno de los principales impulsores de la reforma judicial en México, es necesario revisar a fondo la prisión preventiva oficiosa. Zaldívar ha expresado su preocupación por los efectos a largo plazo de esta medida y ha abogado por una reglamentación más cuidadosa que evite que la prisión preventiva se utilice de manera arbitraria o con fines políticos.
El caso de Zaldívar subraya la necesidad de equilibrar la aplicación de la ley con los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa, aunque defendida por muchos gobiernos estatales como una herramienta esencial para combatir la delincuencia, puede tener efectos negativos en los sectores más vulnerables de la población, especialmente entre los más pobres y marginados.
El próximo gobierno federal enfrentará el reto de implementar una reforma judicial que equilibre la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa será una de las áreas más críticas a revisar. Sheinbaum, quien asumirá la presidencia con un fuerte mandato popular, tendrá que demostrar sensibilidad política y una clara visión de justicia al abordar este tema.
La seguridad es una prioridad en México, pero no se puede alcanzar a costa de sacrificar los principios fundamentales de los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa puede ser útil en algunos casos, pero no debe convertirse en una herramienta de abuso o represión. Para que la reforma sea verdaderamente efectiva, el gobierno de Sheinbaum debe trabajar en conjunto con la Suprema Corte, otros órganos judiciales y organismos de derechos humanos, para garantizar que la medida se aplique de manera justa y equitativa.
La aprobación de la reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa es solo el comienzo de un debate más amplio sobre el papel de esta medida en el sistema de justicia mexicano. Si bien es comprensible que los legisladores y gobernadores quieran adoptar medidas firmes contra la delincuencia, es crucial que no se olviden los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El reto para Claudia Sheinbaum será encontrar un equilibrio entre la seguridad y la justicia. La prisión preventiva oficiosa puede ser una herramienta útil, pero solo si se aplica con cautela y con pleno respeto a los derechos humanos. En última instancia, el éxito de esta reforma dependerá de cómo se implemente y de si logra realmente mejorar la seguridad y la justicia en México sin sacrificar las libertades fundamentales. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
