El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un paquete de 18 reformas constitucionales, entre las cuales se encuentra la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de industrias estratégicas del Estado mexicano. Estas reformas tienen como objetivo garantizar la soberanía energética y el acceso universal al servicio público de electricidad en México.
A finales del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica y litio. Después de una intensa discusión y en el contexto de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a cambios en la ley de la industria eléctrica, la reforma presidencial no alcanzó la mayoría calificada para lograr su aprobación.
Ahora, a meses de terminar su administración y con la mira puesta en lograr dos tercios de las cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente presentó nuevamente la reforma comstitucional en esta materia.
La energía es el motor que impulsa nuestras vidas, industria y economía, por lo que se convierte en un elemento estratégico para el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad de las naciones. La soberanía energética no solo implica garantizar el acceso a recursos energéticos, sino también contar con la capacidad de decidir cómo se utilizan de manera racional y eficiente en beneficio de la población. La experiencia reciente de países como Estados Unidos y Canadá demuestra que la dependencia excesiva de fuentes energéticas externas o privadas expone a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales. Por lo tanto, es fundamental fortalecer las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas a su cargo para asegurar nuestra estabilidad, suficiencia y autonomía energética.
La visión de que la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, debe estar incluida como principio básico en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La electricidad es un servicio público y una responsabilidad ineludible del Estado mexicano. Como señaló el presidente Adolfo López Mateos en su mensaje al pueblo de México en 1960, no se puede dejar este elemento fundamental a las fuerzas del mercado, ya que implica poner en juego la vida de la población, el desarrollo y la seguridad nacional.
Es evidente que dejar el suministro de electricidad y su distribución exclusivamente a intereses económicos implica el abandono de una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Siendo la electricidad un derecho humano, su acceso no puede depender de la capacidad económica, estratos sociales, empresas preponderantes o regiones privilegiadas. El Estado debe garantizar el acceso universal a todo el pueblo de México para evitar una distribución contraria a la justicia social.
En las circunstancias actuales de México, la Reforma Energética aprobada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto estableció un sistema que no garantiza los elementos fundamentales del suministro de electricidad. Este sistema obedece a un modelo de competencia que busca apropiarse de los recursos e infraestructura de un servicio público esencial del Estado para convertirlo en fuente de beneficios privados, ajenos a las necesidades del pueblo y del desarrollo nacional. En este sistema no existe una entidad responsable de garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas de la nación, lo que asegura únicamente el beneficio de las empresas participantes.
El sistema actual se construyó a partir de permisos sin considerar las necesidades de las diversas regiones del país, concentrándose en las de mayor capacidad económica y abandonando las de menores recursos. Además, establece ventajas para las empresas privadas en contra de la empresa pública. Esto resulta en la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional.
El Presidente propone reformar el texto constitucional para atender esta problemática. En el artículo 28, se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tengan como objetivo preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado.
En el artículo 27, se propone que las leyes que determinen la participación de particulares en la industria eléctrica tengan como principio garantizar la justicia social y que las empresas particulares no tengan prevalencia sobre la empresa pública del Estado.
En el artículo 25, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado y la obligación de que las empresas públicas se guíen por las “mejores prácticas”. Estas reformas buscan restablecer la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad sin fines de lucro y evitar la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional.
Las reformas constitucionales propuestas tienen como objetivo fundamental garantizar la soberanía energética y el acceso universal al servicio público de electricidad en México, restableciendo la responsabilidad del Estado en la planeación, control y prestación de este servicio esencial para el desarrollo y bienestar de la población. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
