El 29 de junio de 2026 se puso en marcha el proceso de consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo objetivo es recabar opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la propuesta de iniciativa, a fin de integrar la participación directa de los pueblos y comunidades en la construcción del marco legal.
Este ejercicio está dirigido a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16,728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA), lo que refleja un alcance amplio y representativo a nivel nacional.
La consulta es convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con la participación de diversas instancias como el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calidad de observadora, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, organismos de derechos humanos y observadores nacionales e internacionales.
El proceso se desarrolla en cinco etapas. Comienza con la publicación de la convocatoria el 29 de junio de 2026, seguida de una etapa informativa del 1 de julio al 6 de agosto, en la que se difunde el contenido de la iniciativa entre las comunidades para su análisis. Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, se lleva a cabo la etapa deliberativa, donde las comunidades discuten la propuesta conforme a sus sistemas normativos internos, a través de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.
Posteriormente, del 21 de septiembre al 11 de octubre, se realiza el estudio y la adecuación de la iniciativa, integrando las propuestas y conclusiones recopiladas durante el proceso. Finalmente, el 12 de octubre de 2026, en el marco del Día de la Nación Pluricultural, se presenta la iniciativa de ley, marcando el cierre de este proceso de diálogo y consulta.
En conjunto, este proceso busca garantizar una participación amplia, respetuosa de la diversidad cultural y acorde con las formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicano, con el propósito de fortalecer el reconocimiento y la protección de sus derechos en el ámbito legal.
