La Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda interpuesta por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, a quienes exige una indemnización de 10,000 millones de dólares por los daños causados por el narcotráfico y la violencia vinculada a sus productos.
Desde 2021, México ha emprendido una batalla legal contra ocho fabricantes de armas, incluidos Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como contra el distribuidor Interstate Arms. La demanda alega que estas empresas llevan a cabo un comercio “negligente e ilícito”, facilitando el acceso de grupos criminales a armamento.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el máximo tribunal debe decidir si desestima o permite que la demanda continúe su curso. En 2022, un juez desestimó el caso basándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada en 2005, que exime a los fabricantes de responsabilidad civil por el uso delictivo de sus productos. Sin embargo, una Corte de Apelaciones revivió el caso al considerar que existen excepciones dentro de la legislación.
“La Corte Suprema no está revisando el fondo del asunto, sino la decisión de la Corte de Apelaciones”, explicó Alejandro Celorio Alcántara, exasesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de México.
