El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el despliegue de tropas en la frontera con México, en cumplimiento de su promesa de “cerrar” el paso de migrantes y reforzar la seguridad fronteriza. La medida fue reportada este miércoles por medios estadounidenses, aunque el Pentágono aún no ha divulgado información oficial sobre el despliegue ni la fecha exacta en que se llevará a cabo.
Según CNN, se movilizarán miles de efectivos, mientras que Fox News, citando a un funcionario del Pentágono, afirma que serán 1,500 soldados. Estos refuerzos se sumarán a los 2,200 militares en activo y los 4,500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas que ya están desplegados en la frontera.
Las nuevas tropas asumirán funciones similares a las de los efectivos ya presentes, centradas en apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) con labores logísticas y administrativas, como el mantenimiento de vehículos y la entrada de datos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a las autoridades locales y estatales que serán llevadas a juicio si no cooperan con las políticas migratorias del presidente Trump, que incluyen la deportación de millones de migrantes en situación irregular.
El fiscal general interino, Emil Bove indicó en un memorando que “la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración”. El documento, publicado el martes por la noche, señala que el Departamento de Justicia investigará cualquier conducta indebida para una posible acusación.
Trump anunció restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos poco después de asumir el cargo, proclamando la emergencia nacional en la frontera con México y poniendo fin a la ciudadanía por nacimiento.
Bove reveló que se creó un grupo de trabajo para identificar “leyes, políticas y actividades estatales y locales que sean inconsistentes con las iniciativas migratorias del poder ejecutivo”, con el objetivo de tomar medidas legales cuando sea necesario.
Las llamadas “ciudades santuario”, muchas de ellas bajo control de gobiernos demócratas, limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Según Bove, estas políticas amenazan la seguridad pública y nacional, por lo que el FBI y otras agencias federales deberán revisar sus archivos para identificar a no ciudadanos en situación irregular y proporcionar sus datos al Departamento de Seguridad Interior para facilitar su deportación.
