El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol compareció este martes por primera vez ante el Tribunal Constitucional que estudia su destitución, negando haber ordenado al ejército expulsar a los diputados de la Asamblea Nacional durante la aplicación de la ley marcial.
El alto tribunal debe decidir si ratifica la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional, que fue presentada tras la suspensión del orden civil por parte de Yoon durante unas horas en la noche del 3 al 4 de diciembre. Mientras se espera el veredicto, Yoon permanece suspendido de sus funciones y enfrenta un arresto tras ser acusado de insurrección luego de atrincherarse en su residencia de Seúl por varias semanas.
A diferencia de su detención, donde se acogió a su derecho a no declarar, Yoon aseguró en la audiencia que está dispuesto a responder “a cualquier pregunta”. Negó categóricamente haber dado órdenes a los comandos militares para impedir el voto parlamentario en contra de la ley marcial.
El portavoz del tribunal, Cheon Jae-hyun informó que la defensa del mandatario solicitó la comparecencia de al menos 24 testigos para respaldar su versión de los hechos. Según sus abogados, Yoon pretende justificar la declaración de la ley marcial como una medida necesaria ante la amenaza de Corea del Norte y la preocupación por un presunto fraude electoral.
Este juicio sin precedentes en la historia democrática de Corea del Sur, que data de casi 40 años, se desarrolla en medio de una fuerte disputa política entre Yoon y la oposición, la cual obtuvo una amplia mayoría parlamentaria en las elecciones del año pasado.
El Tribunal Constitucional cuenta con un plazo de 180 días para emitir su fallo. Si se ratifica la destitución, Yoon será oficialmente removido del cargo y se convocarán nuevas elecciones en un máximo de 60 días.
