A través de una iniciativa que reforma artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Cuidad de México, la Diputada local del PAN por Cuauhtémoc, Frida Guillén Ortíz busca que las y los jóvenes estudiantes sean excluidos del pago del servicio de transporte público en la capital, como una medida de apoyo a su economía.
“Sabemos que muchos jóvenes hacen grandes esfuerzos por estudiar y trabajar al mismo tiempo, nosotros desde el Congreso local tenemos el compromiso de escuchar y proponer acciones que sí sean realidades en el día a día y no demagogia como Morena”.
De acuerdo con un análisis de la legisladora, los jóvenes manifiestan una necesidad básica de desplazarse libremente de un lugar a otro, principalmente de su casa a la escuela o de la escuela al trabajo, así como a bibliotecas o a diferentes lugares que impulsen su desarrollo.
Muchos jóvenes universitarios, explicó Guillén, vienen a la Ciudad de México a estudiar, lo que implica el pago de un lugar para vivir, servicios básicos, alimentos, libros y útiles escolares, entre otros gastos.
“Además de pagar el transporte público; contemplando que un salario promedio oscila entre los 5 mil y los 10 mil pesos al mes, para un estudiante le es casi imposible costear todo eso. En varios estados se contemplan tarifas preferenciales en el transporte público para jóvenes estudiantes, incluso, en esta capital hasta antes de 2018, el gobierno de la Ciudad de México otorgaba tarjetas especiales para que los estudiantes usaran el Metro a menor costo”.
La panista dijo que esa disposición se eliminó con la presentación de la Tarjeta de Movilidad Integrada durante la administración de Claudia Sheinbaum. “No obstante, en España, Malta, Bélgica, Brasil, Canadá, Uruguay, Portugal, Luxemburgo o Estonia, entre otros, han optado por la gratuidad en el transporte público para estudiantes”.
Es por eso que esta iniciativa se divide en dos vertientes, la primera para impulsar el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
La segunda vertiente, propone atención a través de una política de promoción de transporte público colectivo que considere la situación de las personas jóvenes, especialmente de las personas discapacitadas.
